Pagar impuestos: un pacto social irrenunciable

Con la constitución de 1978 nuestro país echa a andar su estado del bienestar. Esto significa que el Estado asume la responsabilidad activa de proteger a las personas frente a los principales riesgos de la vida: enfermedad, pobreza, desempleo, vejez o exclusión social.

Es el compromiso colectivo —a través de impuestos— de garantizar una vida digna, segura y justa a todas las personas, independientemente de su renta.

En la zona euro, en el 2024, los Estados gestionaron aproximadamente el 49,6% del PIB como gasto público, obteniendo unos ingresos públicos (recaudación + cotizaciones) del 46,5% del PIB.

Hoy vemos normal este pacto social, pero es una consecución valiosísima del siglo XX, conseguida tras la Segunda Guerra Mundial. Hasta el siglo XIX, los impuestos premodernos eran pagos ocasionales (diezmos, tributos feudales) orientados a sostener gastos militares o de la corte, no a redistribuir riqueza. La fiscalidad era regresiva y opaca, y las élites y la iglesia estaban exentas.

El estado del bienestar solo lleva existiendo 23 segundos, si comprimimos toda la historia de la humanidad en un solo día de 24 horas. El tiempo en que el ser humano ha tenido sanidad, educación y pensiones públicas universales es apenas un instante antes de la medianoche.

En nuestro país, la educación sobre el deber ético de pagar impuestos aún es débil, fragmentaria y adolece de falta de continuidad. Se han hecho esfuerzos puntuales, sin embargo, aún no se ha construido una cultura tributaria sólida.

En la escuela, universidades y formación profesional ha estado poco presente en los currículos escolares, salvo de forma marginal en asignaturas como Educación para la Ciudadanía (2006–2013) o Economía en Bachillerato.

En carreras como Derecho, Economía o ADE se estudia el sistema tributario, pero desde un enfoque técnico, con pocas asignaturas que aborden la justicia fiscal, la equidad o el deber ciudadano de contribuir. Enseñar qué son los impuestos, pero no enseñar por qué deben pagarse ni cómo se distribuyen, hace que no se conecte su pago con los derechos sociales concretos.

El resultado actual es devastador: muchos jóvenes crecen sin entender que los servicios públicos los paga la ciudadanía, ni cómo funciona el sistema fiscal.

Muchos jóvenes crecen sin entender que los servicios públicos los paga la ciudadanía, ni cómo funciona el sistema fiscal

Las campañas institucionales de la Agencia Tributaria con lemas como: «Hacienda somos todos» (muy popular entre 1995 y 2010), o «Lo que tú pagas, lo disfrutamos todos», intentado asociar el cumplimiento fiscal a la sanidad, pensiones y educación, se han hecho de forma desigual en el tiempo. Actualmente, se centran más en la lucha contra el fraude que en fomentar el deber cívico.

Lo mismo sucede con el discurso sobre impuestos en los medios que suele ser negativo («subidas de impuestos», «sangría fiscal») y enfocado en el fraude («grandes fortunas», «inspecciones»).

Si a esta percepción pública le sumamos la falta de ejemplaridad política, la credibilidad del sistema resulta minada y el ciudadano pierde la motivación ética de contribuir, reforzando la idea de que «pagar impuestos es una carga», más que un deber moral compartido.

Por último, la ideologización sobre el grosor del estado y la eficiencia de gestión pública han hecho que la política fiscal se convierta en un arma electoral, no en un pacto de Estado.

Sin embargo, todo parece mucho más polarizado y extremo de lo que es. Los datos estadísticos de los PGE, publicados por la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, arrojan otra realidad muy distinta: las proporciones en que se gasta el dinero público no han cambiado significativamente entre 2017 y 2023.

A pesar del ruido parlamentario y de medios, desde el gobierno de Mariano Rajoy al de Pedro Sánchez los servicios públicos básicos (pensiones, sanidad, educación, defensa, orden público) siguen representando alrededor del 71% del gasto total.

Esto significa que existe una estabilidad presupuestaria notable y un pacto social estable que obedece más o menos a esta foto:

• Pensiones y otras prestaciones sociales:  2017; 40%; 2023; 38,92%.
• Sanidad:  2017; 14%; 2023; 15,04%.
• Educación:  2017; 10%; 2023; 10,10%.
• Intereses de deuda pública:  2017; 7%; 2023; 6,56%.
• Orden público y seguridad:  2017; 5%; 2023; 4,59%.
• Defensa:  2017; 2%; 2023; 2,22%.

Debemos seguir cultivando un marco cívico común y asumir que la pedagogía es una prioridad nacional, el futuro de una cultura tributaria sólida. Si no, derechas e izquierdas seguirán usando la fiscalidad como herramienta ideológica, sin sentar una base común de responsabilidad compartida.

Afortunadamente, en esos 23 segundos gobiernos de ambos lados han ido dando pasos de gigante, pero necesitamos seguir trabajando en más transparencia, proporcionalidad, atención humana y una estrategia sólida de educación y comunicación.

Como decía el profesor de ética Alasdair MacIntyre: «La criatura humana, por definición, es dependiente y se encarna en costumbres y tramas comunes que le dan sentido».

Cultivar el sentido de porqué pagamos impuestos, saber cómo y en qué se gastan, y promover la medición de su impacto social y medioambiental, son los grandes retos de supervivencia y evolución de los estados del bienestar.

María Suárez es socia directora de Suandco Abogados