Así cosen en impuestos a los autónomos

Los trabajadores autónomos constituyen una pieza clave en el entramado económico de España. Según los últimos datos recabados por organismos públicos y asociaciones profesionales, el número de trabajadores por cuenta propia ya supera los 3 millones, lo que supone más del 15% de la población ocupada del país.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la cifra a finales de 2024 era de más de 3.394.000 autónomos, con un incremento de más de 42.000 trabajadores respecto al año anterior. Un 63,1% son hombres y un 36,9% son mujeres, lo que supone un crecimiento de tres décimas en el caso de las mujeres autónomas en los dos últimos años.

Sin embargo, solo dos millones de autónomos son personas físicas individuales (59,9%). El resto, más de 1.400.000 trabajadores, son sobre todo autónomos societarios al frente de distintos tipos de sociedades (31%). Además de los autónomos colaboradores, el 5,2%.

Y este crecimiento no es solo una elección, sino en muchos casos una necesidad ante la falta de estabilidad en el empleo asalariado. La digitalización y el auge del trabajo remoto han facilitado el autoempleo, pero la carga impositiva y burocrática que enfrentan, además de las constantes reformas legislativas, sigue siendo un obstáculo importante para su desarrollo y estabilidad.

La cuota de autónomos: el primer escollo

Uno de los primeros gastos fijos que afronta cualquier autónomo es la cuota de la Seguridad Social. Este pago, que se realiza mensualmente, da acceso a la cobertura sanitaria y a las prestaciones por jubilación o baja laboral. Sin embargo, su coste es uno de los más elevados de Europa.

En enero de 2025 entró en vigor un nuevo sistema de cotización basado en los ingresos reales, sustituyendo al anterior modelo en el que los profesionales podían elegir su base de cotización. Este cambio establece quince tramos de ingresos, con cuotas mensuales que oscilan entre 200 y 590 euros. Si bien la reforma busca una mayor equidad, ajustando las cotizaciones a la capacidad económica de cada autónomo, también ha generado incertidumbre y preocupación entre quienes verán incrementadas sus aportaciones mensuales, un aumento especialmente marcado en los tramos medios.

Para los autónomos recién iniciados, existe la llamada tarifa plana, que permite pagar una cuota reducida durante los primeros meses. No obstante, esta medida, aunque bienintencionada, tiene un efecto limitado, ya que, una vez finalizado el período de bonificación, el autónomo debe enfrentarse inmediatamente a la cuota completa. Para muchos, este salto supone un golpe financiero difícil de asumir, especialmente si el proyecto o negocio no ha despegado como se esperaba.

El IRPF

Además, los trabajadores autónomos deben hacer frente al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Este tributo grava los beneficios netos obtenidos por el profesional, es decir, la diferencia entre los ingresos brutos y los gastos deducibles asociados a la actividad económica. Se paga de forma trimestral a través de pagos fraccionados, adelantando a Hacienda un porcentaje de los beneficios, lo que puede generar tensiones de tesorería, especialmente en periodos de bajos ingresos.

Un autónomo con ingresos brutos de 3.100 euros al mes debe destinar entre un 45% y un 60% de media a impuestos y cotizaciones sociales

Además, al finalizar el año fiscal, hay que presentar la declaración anual de la renta, donde se regulariza la situación fiscal y, en muchos casos, los autónomos se enfrentan a pagos adicionales si los anticipos no han sido suficientes.

El IRPF es un impuesto progresivo, lo que significa que, a mayor beneficio, mayor será la carga fiscal. Esto, en teoría, busca redistribuir la riqueza, pero en la práctica puede desincentivar el crecimiento de las personas autónomas. Así, muchas optan por limitar sus ingresos para no saltar a un tramo superior, lo que frena su capacidad de inversión y expansión.

El IVA

Otro de los grandes protagonistas en la vida fiscal de los autónomos es el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Aunque este impuesto indirecto recae sobre el consumidor final, los autónomos actúan como recaudadores para el Estado. Están obligados a declarar y liquidar trimestralmente la diferencia entre el IVA repercutido a sus clientes y el IVA soportado en sus compras y gastos profesionales.

Este proceso no solo implica una carga económica, sino también una dedicación considerable de tiempo y recursos, ya que los autónomos deben llevar un control exhaustivo de las facturas emitidas y recibidas. Este sistema, aunque lógico en teoría, puede ser complejo y engorroso en la práctica, especialmente para aquellos autónomos que no cuentan con asesoría fiscal –que, por supuesto, supondría una carga económica extra–. Un error en la declaración puede derivar en sanciones, lo que añade aún más presión sobre los autónomos.

Otros impuestos y tributos

A estos impuestos generales se suman otros tributos específicos según la actividad y ubicación del autónomo. El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) es obligatorio para aquellos con ingresos superiores a un millón de euros, aunque todos deben darse de alta en él, lo que añade trámites burocráticos.

También hay que considerar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) si se posee un local, o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) en caso de usar un auto para la actividad profesional. Aunque estos tributos son menores en comparación con el IRPF o el IVA, su acumulación supone una carga adicional para los trabajadores por cuenta propia.

Lastre para el emprendimiento

La suma de todos estos impuestos convierte a España en uno de los países con mayor presión fiscal para los autónomos de Europa. Según el último informe de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo de los Estados), Estadísticas de ingresos 1965-2023, España no solo es uno de los que ejercen una mayor carga impositiva a sus contribuyentes –calculado según el porcentaje de impuestos con respecto a la renta– sino que, además, en los últimos años la ha aumentado considerablemente.

El Consejo General de Economistas (CGE) ha hecho el cálculo de que un autónomo con unos ingresos brutos de 3.100 euros al mes, debe destinar a impuestos y cotizaciones sociales entre un 45% y un 60% de media a Hacienda y la Seguridad Social.

Ante este panorama, diversas organizaciones y expertos han propuesto reformas para aliviar la carga sobre los autónomos y fomentar el emprendimiento. Entre ellas están, por ejemplo, la reducción de las cotizaciones sociales, una simplificación de los trámites administrativos y la aplicación de incentivos fiscales para los nuevos emprendedores.

También se ha planteado la necesidad de una mayor flexibilidad en el pago de impuestos, permitiendo adaptar las contribuciones a la estacionalidad de los ingresos y a situaciones económicas excepcionales. Pues si algo está claro es que solo a través de un sistema más adaptado a la realidad de los profesionales por cuenta propia se podrá fomentar un tejido empresarial dinámico y resiliente que sea capaz de crear riqueza para el país.