Santiago Muñoz Machado

Los líderes de las insurgencias conocieron bien las ideas políticas que habían triunfado en Europa y Estados Unidos y se dispusieron a aplicarlas con sinceridad y exactitud; acaso incurriendo en el error de no adaptarlas a las peculiaridades de sus repúblicas, sino aceptándolas en crudo, tal y como se habían perfilado en origen. Pero, durante todo el siglo, la implantación de ese modelo de gobierno resultó imposible en casi todas las emergentes naciones. El poder, cuando se inició el proceso, estaba en manos de las oligarquías criollas, amparadas en su dominio de la tierra o en su prestigio militar durante las guerras de independencia, que no aceptaron someterse a la disciplina de la democracia. El XIX fue el siglo de los caudillos: los hubo en todos los Estados, sostuvieron políticas conservadoras y fueron, cada uno de ellos, personalidades, admiradas u odiadas, que gobernaron de forma autocrática. Los regímenes políticos del siglo estuvieron determinados por su exclusiva voluntad.

No obstante, para comprender el retraso en la puesta en funcionamiento de las instituciones democráticas, también hay que considerar un hecho que no suele resaltarse en las historias de la época: se estaba organizando el gobierno de territorios sin Estado. Para que pueda considerarse que existe un Estado, la doctrina política clásica más aceptada indica que tiene que estar definido a quién corresponde la soberanía, el territorio ha de estar demarcado y la población concretada. Ninguno de los tres elementos esenciales llegó a consolidarse, en toda Hispanoamérica, hasta bien avanzado el siglo, ya que estuvieron inicialmente sometidos a una extraordinaria inestabilidad.

El siglo XX político comenzó en Hispanoamérica dos años antes de cuando determinaba el calendario, en 1898. Este fue el año del «Desastre», en el que España dejó de ser potencia colonial y Estados Unidos tomó el control del Caribe, e inmediatamente de Centroamérica. Empezó entonces, de manera amplia, una política de control de los gobiernos latinos, amparada en diversos tipos de acciones calificadas, críticamente, de imperialistas. Reaccionaron, contra este aumento de la influencia norteamericana, algunos intelectuales significados que fueron los pioneros de un pensamiento latinoamericanista que reivindicó las peculiaridades históricas y culturales de la América hispanohablante y el derecho a gobernarse sin interferencias. Emergió también con fuerza el pensamiento indigenista, que tendría largo recorrido en el siglo hasta conseguir reconocimientos de las reivindicaciones esenciales.

Fue el siglo de las guerras y los populismos. Y el siglo de las revoluciones: las hubo de todas clases y de todas las ideologías, se extendió la costumbre de autodenominar revolucionario a cualquier gobierno con ideas; pero las dos que marcaron el siglo fueron, a partir de 1910, la Revolución mexicana, y a mediados, la Revolución cubana, que no solo implantó un régimen totalitario marxista sino que hizo lo posible para que el modelo se difundiera por todo el continente. También surgen en Hispanoamérica populismos tan vigorosos como el peronismo, que influyó durante años en los países del entorno de Argentina. Prescindieron unos y otros, marxistas y profascistas, de la democracia, como ocurrió también en Europa.

A partir de los años ochenta dio la impresión de que las tendencias políticas extremas se habían calmado en Hispanoamérica

A partir de los años ochenta dio la impresión de que las tendencias políticas extremas se habían calmado en Hispanoamérica. Las dictaduras militares habían cedido finalmente y parecía que la democracia estaba ocupando el terreno de la política en todo el Centro y Sudamérica. Se hicieron visibles algunos problemas sempiternos como la partitocracia y la corrupción y, para frenar todos los abusos, mejorar la credibilidad de la política y animar la fe ciudadana en las instituciones, empezaron a ocupar lugar en el discurso público algunas reivindicaciones perseverantemente mantenidas al menos desde principios del siglo XX. Destacan dos: la recuperación del poder por el pueblo para poder ejercerlo directamente, sin intermediarios, cuando se debaten cuestiones de gran relevancia general, de manera que pueda disminuirse la dependencia de los partidos políticos; y, de otro lado, el reconocimiento de la heterogeneidad de las naciones de Latinoamérica, tanto por razón de su historia y cultura como por la diversidad de comunidades humanas que forman los Estados.

Se propugnó la creación de un nuevo orden en el que se diera respuesta, entre otras exigencias, a las dos reclamaciones indicadas. Desde esta posición revisionista, no resultó difícil a los ideólogos descalificar la democracia liberal que, según algunos, nunca había tenido una vigencia efectiva en toda la historia en aquellos territorios. Y no la había tenido porque América Latina no era Europa y esta circunstancia, según aquellos, no había sido considerada cuando se importaron las constituciones hijas del pensamiento ilustrado y las revoluciones burguesas.

El nuevo orden necesitaba textos constitucionales nuevos y enseguida aparecieron líderes que impulsaron su elaboración. Es notable que no se usaran los procedimientos de reforma de las constituciones vigentes, que no se habían activado durante años, sino que se eligieron asambleas constituyentes que se encargaron de elaborar otras nuevas. Las reclamaciones populares de que así se hiciera fueron muy fuertes y expresivas en alguna de las naciones pioneras, como Colombia, donde el hartazgo se manifestó en la iniciativa popular de la «séptima papeleta», de la que arrancó el movimiento que concluyó en la Constitución de 1991. La esencia del «nuevo constitucionalismo» y, con él, de la «nueva democracia participativa», se derramó, no obstante, pocos años después en las tres constituciones que, según todos los analistas, mejor representan las nuevas ideas: la venezolana de 1999, la ecuatoriana de 2008 y la boliviana de 2009.

Este texto es un extracto de ‘De la democracia en Hispanoamérica’ (Taurus), de Santiago Muñoz Machado.