¿Debemos prohibir el acceso a redes a los menores de 16 años?

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Carmen Domingo

@carmen_domingo

Estamos habituados a ver cómo se montan cruzadas contra gigantes que al final no conducen a nada. Cruzadas que, eso sí, dan su rédito en redes, consiguen sus clics, obtienen el aplauso fácil y, tal vez, algunos votos. Quién sabe si es solo eso lo que se busca en una sociedad acostumbrada a que el tema que hoy está en boca de todos mañana sea sustituido, con pasmosa rapidez, por el siguiente por motivos que nunca conoceremos. Y al fin… nunca pasa nada.

Esa es la sensación que tiene una, por enésima vez, cuando lee en la web de Moncloa lo que ha dicho el presidente en una conferencia en Dubai: «Pedro Sánchez anuncia que España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de dieciséis años». Ha añadido que se llevarán a cabo cinco medidas legislativas y regulatorias para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro, democrático y respetuoso con los derechos fundamentales. «El presidente ha analizado el desgobierno en el control de contenidos y la impunidad ante su incumpliendo con la legalidad, la expansión de la desinformación y los discursos de odio y la desprotección de datos y material personales como graves peligros que desafían la protección de derechos y libertades y distorsionan, particularmente a los menores que tienen integrada en su cotidianidad el uso de las redes», leemos en la web.

Tras leer lo anterior me ha picado la curiosidad y he ido a ver qué opinaba Sira Rego, la ministra de Juventud e Infancia, y, por motivos que se me escapan, la ministra de todos los españoles tiene los tuits protegidos, o sea, no sabemos lo que piensa al respecto, suponiendo que tenga una opinión al respecto…

A lo que iba.

Ansiedad, depresión, violencia digital, relaciones personales que pasan por una pantalla, consumo de información tergiversada… Las plataformas, en contra de lo que podíamos suponer, no están diseñadas para informar ni socializar mejor, están diseñadas para capturar la atención y en no pocos casos acaban modificando el comportamiento y la actitud de algunos usuarios. A menor edad del usuario, claro está, mayor la posibilidad de influir. Hasta aquí nada nuevo. Modificación e impacto que los expertos en salud mental no confirman, salvo si el uso de las redes o la tecnología se convierte en abuso, claro.

Dicho esto, no descubro nada si digo que todo el mundo es consciente de que uno puede darse de alta en la plataforma que considere y en la web que le apetezca –independientemente de la edad que tenga– solo marcando la casilla correspondiente y asegurando que tiene la edad exigida, o poniéndose un bigote o maquillándose si piden reconocimiento facial. Claro que también podría Sánchez decidir que obliga a las plataformas a confirmar la edad de los usuarios con datos biométricos y eso, amigos, es ilegal. A no ser que cambien la ley.

En Australia, que ya aplica hace meses la medida propuesta por Sánchez, los jóvenes no han tardado en aprender el uso de una VPN

Sin querer meter el dedo en la llaga, y solo como advertencia, no estaría de más recordar que en Australia, que ya aplica hace meses la medida propuesta por Sánchez, los jóvenes no solo no han tardado en aprender el uso de una VPN, sino que además desconfían del gobierno y disfrutan saltándose la ley, por no hablar de que son las mismas redes sociales las que –con intuición de algoritmo– deciden si suprimen o no las cuentas que deducen son de menores. O sea que, al fin, son las mismas empresas las que deciden quién está o no está en ellas. Eso por no hablar de que, aseguran los expertos, las medidas técnicas para evitar que eso suceda no estarán listas, tirando por lo bajo, hasta dentro de cuatro o cinco años. Me ahorro el comentario.

De hecho, ya existen normas que establecen que los menores de 18 años no accedan a la pornografía infantil o a las páginas de venta de alcohol. ¿Hace falta que explique la utilidad de esas normas?

Estaremos de acuerdo entonces en que solo poner –o mejor dicho, anunciar– un límite de edad no basta, no resuelve el problema. En primer lugar porque sabemos que no se cumplirá. El problema, y ahí es donde habría que hacer hincapié a mi juicio, son las empresas que sostienen esas web y esas apps, encargadas de modificar conductas, amplificar, radicalizar y conducir el discurso donde consideren que les resulte más beneficioso para ganar dinero, o dirigir la polarización, condicionar el voto, o lo que sea que en esos momentos les resulte rentable. ¿Igual fijar el cambio de legislación en ellas?

Pero… ¿y entonces? ¿Cómo la cruzada no se dirige a esas empresas? Por ahora el único intervencionismo presidencial han sido los tuits y mensajes dirigidos por el presidente a Elon Musk y al fundador de Telegram. ¿Es acaso más imperioso proteger a los menores que proteger nuestro sistema democrático que a su vez protegería a los menores? ¿A ver si todo esto va a ser un revuelo provocado de forma consciente para no hacer nada a la postre, porque las empresas son intocables pero interesa que parezca que no lo son?

Las encuestas hablan de una mayoría ciudadana a favor de la medida. Cómo resistirse a anunciarla. Ya lo de garantizarla es otro cantar. De nuevo, me temo, estamos ante una maniobra política a coste cero que se espera rentabilizar en votos cuando además, en la UE, ya existe un reglamento que prohíbo acceder a servicios digitales si eres menor de 16 años.