España rural, la auténtica protagonista de la reindustrialización verde

Las energías renovables viven uno de los momentos de mayor efervescencia en toda su historia. El impulso por parte de los fondos europeos Next Generation EU para propiciar la transición ecológica y frenar las ya inevitables consecuencias de la emergencia climática, la Agenda 2030 de Naciones Unidas o su virtual victoria frente a los combustibles fósiles en el acuerdo final alcanzado en la cumbre del clima (COP28) de Dubái, lo ponen de manifiesto.

Sin embargo, no se trata de un asunto meramente medioambiental, sino que también afecta a la economía e, incluso, a la política: el corte del gas ruso tras el estallido de la guerra en Ucrania –que hizo temblar a todo el continente– puso sobre la mesa la importancia multidimensional de la transición energética. Un enfoque que persigue la modernización y emancipación energética de Europa a través de la «autonomía estratégica».

Es decir, la producción no puede depender de elementos y situaciones externas que afecten el funcionamiento de un sector tan esencial, y las renovables son la alternativa perfecta. Además, estas tecnologías también abordan el problema de la alta volatilidad de los precios de las fuentes fósiles, que lastra la economía y pone en riesgo la estabilidad de los bolsillos de los ciudadanos. De hecho, los fondos de recuperación y resiliencia que la Unión Europea puso en marcha para hacer frente al impacto de la pandemia, ya contemplaban este aspecto, situando la industrialización verde y digital como grandes banderas de la estrategia continental .

Energía en el entorno rural

En España el entorno rural se ha convertido en una zona predilecta para la instalación de plantas fotovoltaicas y parques eólicos (por ser las dos fuentes del sector con mayor proyección) debido a la disponibilidad de terreno para infraestructuras que requieren de mucha extensión y buenas condiciones de viento y sol.

Francesc Boya: «La generación de empleo es una de las políticas más importantes para fijar a la población en el territorio»

Una realidad que cobra relevancia si nos centramos en el fenómeno del éxodo rural, que comenzó en la década de 1950 con el impulso de los planes de reindustrialización en las áreas metropolitanas y ha ido vaciando progresivamente los pueblos. Desde principios de esa década y hasta 2023, el número de residentes en áreas urbanas ha crecido 30 puntos porcentuales. En 2023, ocho de cada diez españoles ya son urbanitas, según proyectó Naciones Unidas en un informe de 2018.

La llegada de este tipo de infraestructuras energéticas supone una revitalización económica y demográfica en la población rural. Francesc Boya, secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), señala que desde la constitución de esta secretaría trabajan en una «transición [energética] justa, que revierta en el territorio». En este sentido, el borrador de la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) estima que el sector podría crear más de medio millón de puestos de trabajo de aquí a 2030. Es importante recordar que el impacto positivo proviene principalmente del impulso económico que generan las nuevas inversiones en renovables, ahorro y eficiencia y redes. La apuesta por un mundo más verde es también una apuesta por el desarrollo económico, pues según el PNIEC del 2021, por cada millón de euros invertido en transición energética se generan entre 12 y 14 empleos. Además, este impulso y desarrollo de la economía se ve apoyado por los PERTE, proyectos estratégicos que tienen la capacidad de generar un crecimiento económico y fomento del empleo.

En comarcas de tradición minera lo saben especialmente bien, como es el caso de As Pontes (Galicia). Allí, el cierre de su central térmica propició un compromiso público-privado para la creación de más de 400 nuevos empleos relacionados con el nuevo plan energético de energías renovables: el doble de los que generaba el combustible fósil.

Mucho más que energía limpia

La implantación de renovables en estos entornos va más allá de la producción de energía limpia: pese a que han sido sonadas algunas reclamaciones contra instalaciones de generación energética por perjudicar a los ecosistemas, lo cierto es que una gestión adecuada puede incluso proporcionar refugio para la biodiversidad endémica. Esto es algo que ya se practica con la puesta en marcha de la energía agrovoltaica, iniciativa que está permitiendo repoblar de linces ibéricos, abejas o roedores autóctonos diversas zonas de la Península Ibérica. La simbiosis entre el ámbito rural y la agricultura o ganadería se traduce en el aprovechamiento de los grandes espacios naturales para producir electricidad, conseguir un autoabastecimiento de las explotaciones y, a su vez, ofrecer un lugar seguro para que los rebaños de ovejas o las vacadas de vacas pazcan.

La transición energética no solo es beneficiosa para la industria energética, sino para la industria en general

La llegada de renovables impulsa además la creación de empleos directos (equipos de explotación o mantenimiento) e indirectos (construcción, fabricación, o silvicultura) a largo plazo. Solo en 2022 el sector generó 130.000 nuevos empleos en España, con una aportación del 1,65% al producto interior bruto (PIB) nacional, según la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA). Ejemplos de esto hay muchos, como la gigafactoría de baterías de litio de Navalmoral de la Mata, en Cáceres, que creará más de 3.000 puestos de trabajo directo y unos 12.000 indirectos, convirtiendo a Extremadura en uno de los protagonistas de la revolución verde. O la puesta en marcha de la primera fábrica de acero verde en España, que se instalará en Puertollano (Ciudad Real) y prevé la creación de 1.000 puestos de trabajo directos y alrededor de otros 1.000 indirectos, además de aquellos que se generen con la construcción de la factoría.

Otra de las ventajas competitivas en aquellas regiones con alta presencia de municipios rurales es que, al ser generadoras de energía, las haría más atractivas para las inversiones y el despliegue de nueva industria, analiza José María González Moya, director general de APPA Renovables. La transición energética no solo es beneficiosa para la industria energética, sino para la industria en general.

No cabe duda de que el sector vive un boom sin precedentes: en los últimos doce meses se instalaron más de 8.900 megavatios (MW) de nueva potencia, lo que ha llevado a que las renovables hayan superado la producción total de 2022 (116.695 GWh anuales), según datos de Red Eléctrica Española (REE).

La energía eólica (30 gigavatios, GW), la fotovoltaica (20 GW) y la hidráulica (17 GW) son las principales fuentes de producción. Estas se distribuyen, en especial, en Castilla y León (12,6 GW instalados); Castilla-La Mancha (9,9 GW); Andalucía (9,8 GW); Extremadura (8,6 GW); Aragón (8,2 GW) y Galicia (7,7 GW). Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que, según Eurostat, cuatro de estas autonomías (Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura) son las menos densamente pobladas del país.

Sin embargo, González advierte: «Debemos abordar el problema como un todo», lo que implica hacer mucho trabajo comunitario para informar y comunicar las ventajas que presenta la instalación de parques renovables. Solo así, «yendo todos de la mano», se podrá llevar a buen puerto el objetivo de incorporar más de 80 GW nuevos de energía renovable al sistema eléctrico español para 2030.

David Ribó: «Es importante dejar de hacer recaer la responsabilidad del desarrollo rural o la despoblación rural sobre las energías renovables»

Eso es precisamente en lo que está trabajando la Red-SDSN en España mediante la organización de una serie de diálogos donde participan los actores implicados en la transición energética y de los que saldrá una hoja de ruta a disposición de Gobierno, ayuntamientos, diputaciones, empresas y sociedad civil.

Ribó avanza que los principales puntos a debatir son el empleo, la biodiversidad y el paisaje (mejorando las evaluaciones de impacto ambiental), la gobernanza (optimizando los procesos de información necesaria a los municipios o los períodos válidos de alegaciones) y el desarrollo local (creando oficinas comarcales específicas para proyectos renovables).

¿Un cambio de tendencia?

Los efectos de la pandemia, con el auge del teletrabajo, han hecho replantearse el lugar donde vivir. Esta quizá sea una de las razones detrás del ligero aumento de habitantes en los 6.813 municipios españoles con menos de 5.000 personas censadas: unas 300.000 más que las que había en 2022, hasta alcanzar los 5,7 millones, según la recién publicada serie de datos del padrón de este año del Instituto Nacional de Estadística (INE). El aumento, positivo en términos globales, podría estar relacionado con causas puntuales o coyunturales.

Sea o no parte del mérito para la transición ecológica, lo que David Ribó Pérez, profesor ayudante, doctor de la Universitat Politècnica de València (UPV) e investigador colaborador de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (Sustainable Development Solutions Network) tiene claro es que «es importante dejar de hacer recaer la responsabilidad del desarrollo rural o la despoblación rural sobre las energías renovables».

Para que prosperen, argumenta, se necesita de mecanismos complementarios (más inversiones en infraestructuras o servicios para la ciudadanía) que permitan generar «marcos y capacidades» para aprovechar los recursos locales, ya que «gran parte del desarrollo nacerá de la voluntad endógena de los propios pueblos».