Opinión

¿Por qué criticas al juez?

Si se dejan circular alegremente las especulaciones sobre los árbitros y jueces, se crea un ambiente de sospecha contra todo el sistema. La única utilidad es política o, más bien, tribal: insinuar que el magistrado o magistrada forma parte del bando enemigo.

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06
febrero
2024

Los países en decadencia tienen dos cosas en común: en las retransmisiones de fútbol hay especialistas que evalúan a los árbitros; y, en los debates de política, especialistas que evalúan a los jueces. Como sucede en España. La gente no se fía de los encargados de impartir justicia, ya sea con el silbato en el campo de césped o con el mazo en un tribunal. No creen que colegiados y colegiadas, jueces y juezas, intentan simplemente hacer su trabajo de la mejor forma posible. No, no puede ser. No seáis ingenuos. El Mal no descansa jamás. Tras todo pitido en el área, o todo auto de la sala de lo penal, tiene que haber un interés espurio, una oscura maniobra del equipo rival, ya sea el Barça o el Madrid, el PP o el PSOE.

Y, obviamente, alguna vez hay violaciones deliberadas de la imparcialidad. Por ejemplo, como las que sospechamos en el caso Negreira. Pero, en primer lugar, la manera de investigar y, en su caso, sancionar, la acción irregular de un árbitro o la prevaricación de juez, no es a través de un juicio popular en la prensa, sino mediante un detallado procedimiento judicial, con las garantías propias de un asunto tan severo. Porque es muy grave acusar y, llegado el caso, probar la existencia, de una manifiesta voluntad de ir contra la ley por parte de quien debe aplicarla. Todas las precauciones son pocas, porque las consecuencias de que alguien sea juez y parte son terribles, tanto para la persona como para todo el sistema judicial.

Las consecuencias de que alguien sea juez y parte son terribles, tanto para la persona como para todo el sistema judicial

En segundo lugar, porque, por cada conspiración real sobre un árbitro o un juez, hay mil fabuladas. Y esa ráfaga de elucubraciones son disparos contra la imagen de imparcialidad que debe rodear al estamento arbitral y judicial. Si se dejan circular alegremente las especulaciones sobre los árbitros y jueces, se crea un ambiente de sospecha contra todo el sistema.

Es lo peor que puede pasar a una competición, ya sea la deportiva entre clubes de fútbol o la democrática entre partidos políticos. Que se dude de quien debe velar por la justicia.

Estas semanas se están criticando durísimamente los autos del juez García Castellón. Y creo que, por el contrario, lo correcto es hacer como recomendaba Pedro Sánchez en una entrevista reciente: no comentar investigaciones sub iudice. Por cierto, un consejo que no parecen seguir otros en el gobierno y en el PSOE. El silencio es loable porque, para empezar, en el hipotético caso de que el juez estuviera fraguando un caso inexistente o con poca base empírica, quien pagaría las consecuencias sería el propio magistrado. Además, porque, independientemente de sus autos, García Castellón solo instruye el caso, luego (o en paralelo) intervienen la fiscalía, el tribunal correspondiente y las instancias superiores hasta Europa. Las vallas que tendría que saltar un caso endeble son demasiado altas.

Una investigación fraudulenta llevaría a cualquier juez, en el mejor de los casos, a un revés público y notorio. Y, en el peor, a una condena por prevaricación. ¿Quién se arriesga a eso? Si, por el contrario, García Castellón, o el juez que sea, cuenta con conjeturas sólidas y pruebas contundentes de que se ha cometido un delito serio (por ejemplo, porque se confirmaran las conexiones entre líderes independentistas y los servicios de Putin interesados en desestabilizar Europa), querremos que se sepa la verdad, ¿o no?

No le veo sentido jurídico a atacar a García Castellón o al juez de turno que adopta una decisión que no nos gusta. La única utilidad es política o, más bien, tribal: insinuar que el magistrado o magistrada forma parte del bando enemigo. Que en la judicatura se divide, como el legislativo, buenos y malos, o sea, izquierdas y derechas. Es una acusación injusta con la justicia, pero también con la democracia. Así es cómo nos cargamos las sociedades democráticas, dejando caer insidias sobre el comportamiento partidista de las instituciones apartidistas.

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