El test de las democracias liberales

Van quedando atrás los convulsos y distópicos días vividos en torno a la investidura. Medio país se encomendaba al comisario Reynders y en todas las capas sociales se instalaba el debate, furioso y controvertido, sobre grandes conceptos: democracia, Constitución, igualdad ante la Ley y Estado de derecho. También sobre moral y ética política.

Hoy en España se ha consolidado en amplios sectores de la población la opinión de que la condición pragmática de la política, su máxima de alcanzar o mantener el poder, como fin absoluto, legitima cualquier medio, y escinde la política de su dimensión ética. Hay quien pareciera capaz de justificar al mismo Nixon del Watergate, o al Frank Underwood de House of cards, con tal de evitar una alternancia política indeseada. 

Esto no es nuevo. Maquiavelo, como Hobbes después, fue impulsor de un pensamiento político realista que derivó en el relativismo ético que sustentó los peores capítulos de nuestra historia. De este relativismo emanan, además del propio maquiavelismo, las teorías de razón de estado, el utilitarismo, las teorías del mal menor, el cinismo político, el oportunismo, el consecuencialismo o el tacticismo (cálculo entre la estrategia y la moral). 

La historia demuestra que prescindir de la ética en política daña gravemente la democracia y el Estado de derecho

La historia demuestra que prescindir de la ética en política daña gravemente la democracia y el Estado de derecho; ello es así porque la ética guarda una relación inescindible y nuclear con ambos. 

La ética se impone en nuestra concepción de Estado de derecho, que nace de la filosofía kantiana. En Kant desembocan el contrato social y las teorías jurídicas de Rousseau, Locke y Hobbes para fraguar la fundamentación del orden jurídico, como un orden de convivencia en el que se entrelazan la ley, la moral y la libertad. El componente moderno esencial del Estado de derecho sería, a partir de él, la política sometida y limitada por el Derecho, como piedra angular, que da como consecuencia la protección de los derechos individuales y la actuación del gobierno limitada por estos derechos ciudadanos a través del contrato social originario, que es la Constitución Política. En España, como en Francia, Alemania y Estados Unidos, el concepto de Estado de derecho es análogo al principio de supremacía de una Constitución, que puede reformarse siempre y cuando se haga con las mayorías cualificadas establecidas, nunca por la puerta de atrás, ni con subterfugios para lograr lo que el espíritu de la ley repudiaría. 

En cuanto a la relación entre ética y democracia, esta se entiende como el sistema de organización política de ciudadanos libres e iguales que otorga el poder a la ciudadanía, a partir del pluralismo y el sufragio universal, en el marco del imperio de la Ley, con garantía de los derechos fundamentales, responsabilidad y control del Gobierno y separación de poderes. La Ley marco, o Constitución, se nutre, por tanto, de valores éticos y cívicos que conforman la base axiológica de las leyes y los derechos. 

España, aun situándose como «democracia plena», ha empeorado su posición en los principales índices democráticos (Democratic Index de The Economist y Freedown House) desde 2018, y ocupa la posición 23 en el índice de Estado de derecho de World Justice Project por debajo de la mayoría de países europeos, Canadá y Japón, penalizada por los indicadores de «Restricciones a los poderes del gobierno» y «Justicia civil y penal». El primero, el popular «Checks and balances», es el pilar clave del Estado de derecho, y se configura como el conjunto de contrapoderes democráticos y sometimiento a la rendición de cuentas y accountability del gobierno. Por desgracia, en España la actuación del gobierno cada vez cuenta con menor número de contrapoderes e instituciones independientes. Es extremamente preocupante la situación de la Fiscalía General, puesta de manifiesto en el último informe de situación del Estado de derecho de la Comisión Europea, de julio de este año, así como la del Tribunal Constitucional, y la politización de organismos, entre los que el CIS es solo un ejemplo.

España, aun situándose como «democracia plena», ha empeorado su posición en los principales índices democráticos

En el siglo XXI las democracias mueren de muerte lenta, desde dentro del sistema, y de forma acompasada hacia un paulatino vaciamiento ético. Así, en el tan citado libro Cómo mueren las democracias, Levitsky y Ziblatt politólogos de la Universidad de Harvard, exponen como idea central que «la democracia funciona siempre que se apoya en dos normas: la tolerancia mutua y la contención institucional». 

Ellos reflexionan sobre cómo el debilitamiento de las democracias comienza tras las urnas con la descalificación de los oponentes. Toca su punto álgido con la politización y ocupación de las instituciones y organismos con personas leales al nuevo régimen, quienes protegerán y salvaguardarán los intereses del gobierno en vez de ser el equilibrio y contrapeso del poder. Las democracias verifican su declive con la definitiva pérdida de fuerza de las instituciones independientes. 

¿Qué sucedería –se preguntan los autores– con un presidente sin autocontrol? ¿Con un presidente que cuestiona la función de los medios de comunicación? ¿Uno que minimiza a la oposición llamándola «rivales o adversarios políticos». 

En nuestros días las democracias liberales occidentales parecen inermes ante amenazas más lentas, pero más efectivas que los golpes de estado. Estas podrían agruparse en cuatro categorías, que podríamos entender también como indicadores de salud democrática: amenazas a los controles, en forma de ataques a la separación de poderes, escasa rendición de cuentas acompasada con una crítica constante a la oposición, apartamiento de órganos consultivos, politización de instituciones, colonización de organismos, control de la Fiscalía general del Estado, polarización intencionada para denostar a la opinión pública disidente, o cesarismo en los partidos políticos y eliminación de las corrientes o miembros críticos.

Las democracias verifican su declive con la definitiva pérdida de fuerza de las instituciones independientes

Otra categoría de las amenazas a la democracia liberal serían las que suceden en el plano de la comunicación: argumentarios populistas y autopropaganda del gobierno, favorecimiento y subvenciones a la prensa afín y descalificación de la no progubernamental, ausencia de verdadera transparencia parlamentaria en las sesiones de control, en las negociaciones con partidos radicales, o en las ruedas de prensa sin preguntas.

Un tercer grupo lo compondrían las amenazas económicas: políticas segmentadas a colectivos favorables, utilización de la deuda pública como cheque en blanco, ausencia de pedagogía económica en la que se premia el gasto público insostenible, o, en última instancia redes clientelares.

Por último, están las amenazas de índole ética y jurídica, como la sobreutilización del aparato tecnocrático del Estado para dar apariencia de legalidad a lo que no lo es, violando así el espíritu de la Ley: Decretos Ley, Proposiciones de Ley o posibles mutaciones constitucionales a partir de contorsionismos legales. Lo que equivale a soslayar las mayorías cualificadas para acometer reformas legales.

Un sencillo test para detectar si nuestro país está en riesgo es valorar en qué medida cumplimos, o no, estas amenazas. La política no debiera ser una religión, por lo que tendríamos la obligación cívica y ética de ser exigentes y críticos siempre con los gobiernos, de todo color político, y evaluar en qué medida utilizan estos medios expuestos para sus fines de poder.  

En palabras de la eminente jurista Teresa Freixes, democracia no es solo un número de votos para alcanzar el poder a toda costa, como si esta fuese cuestión de un penalti en el último minuto. No es una simple aritmética parlamentaria, sino que tiene un componente sustantivo: es deliberación y conexión con la sociedad, es informar de un programa electoral y actuar coherentemente con él, es consensos amplios de mayorías, es gobernar al centro, es acuerdos de integración no solo a un lado del espectro político, es respeto a las minorías, es no estigmatizar a la oposición política y no azuzar el enfrentamiento. Es no polarizar, es no mentir. Es la democracia de Hesse, es el patriotismo constitucional de Habermas, es el Estado de derecho de Kant. 

Democracia es también respeto parlamentario y es pudor. Democracia es ética política. 

Ana Morilla Carabantes es experta en gobernanza e integridad pública.