«Proponemos trabajar por la electrificación de la demanda, porque llegar al 40% del nuevo PNIEC ya no es un objetivo, es un resultado»

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Luis Meyer

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Noemí del Val

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Borja Rebull

El Gobierno acaba de presentar su borrador para un nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), que eleva aún más los ya de por sí ambiciosos objetivos que contemplaba el anterior de penetración de las renovables en el mercado eléctrico. A finales de la década se deberá alcanzar el 81%, casi un 10% por encima de lo que ya se había comprometido. Esta hoja de ruta pretende ahora una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 gigavatios, de los cuales el 32% correspondería a energía eólica, el 23% a fotovoltaica y un 17% para las centrales de ciclo combinado de gas. Los nuevos proyectos renovables de aquí a 2030 se cifran ahora en 105 gigavatios, lo que supone un 77% más de lo previsto en el plan anterior. El mayor aumento corresponde a la fotovoltaica, que pasa de los 39 gigavatios de potencia instalada a los 76 que se contemplan ahora.

«Proponemos trabajar por la electrificación de la demanda, porque llegar al 40% del nuevo PNIEC ya no es un objetivo, es un resultado; otra cosa es cómo llegaremos a ese resultado», anuncia Fernando Ferrando, coordinador de Energía en el equipo recién formado por Sumar, en uno de los desayunos organizados por Ethic y en los que se sientan a la mesa representantes políticos y expertos en energía. Ferrando resume así la posición de su partido. Una electrificación de la que más del 80% deberá estar generada por renovables, a lo que se destinará el 40% de los 294.000 millones de euros que prevé movilizar el nuevo borrador (un 29% estará destinado a ahorro y eficiencia, y un 18% a redes). Ferrando añade: «Nuestra propuesta es democratizar el sector de la energía, que vemos como un bien de primera necesidad, no exclusivamente un negocio».

En estos momentos, Sumar sigue trabajando en el documento que fije la política energética del partido, pero ya avanza algunas líneas maestras. «En la reforma en profundidad de la ley del sector eléctrico tenemos algo claro: hay que eliminar la integración vertical, pero de forma efectiva», explica Ferrando. «Y el operador del sistema debe ser público: un operador que incluya inversiones que faciliten la gestión del sistema, independientemente de la red de transporte», apunta.

Miguel Duvison: «Con las previsiones de generación de renovables y la falta de demanda, los vertidos pueden aumentar un 40%»

«Si se respeta lo que dice la ley, hoy en nuestro operador tenemos lo mejor de los dos mundos: la búsqueda del bien común de lo público y la agilidad de lo privado», rebate Miguel Duvison, exdirector general de Operación de Red Eléctrica de España. El experto señala, además, el almacenamiento como un aspecto clave para asumir los nuevos objetivos en renovables y el incremento de demanda eléctrica que suponen. «Es fundamental, porque los vertidos serán un problema: ahora son marginales, pero a medida que tengamos más fotovoltaica y eólica, y no tengamos almacenamiento, con las previsiones de generación del nuevo PNIEC que acaban de proponer, pueden aumentar un 40% respecto al PNIEC en vigor, y la demanda no está subiendo como se pensaba, al menos, de momento», indica.

En este sentido, Duvison recuerda que, aunque se dispusiera de la energía primaria y la potencia instalada de esos 160.000 megavatios de renovables que contempla el nuevo borrador, el sistema no podría funcionar sin generadores síncronos convencionales, como los acoplados al bombeo hidráulico. «Hay proyectos prometedores de baterías que simulan que tiene inercia, todo basado en la electrónica», concede, pero a día de hoy la única opción disponible son los bombeos». Los análisis de cobertura del nuevo PNIEC prevén el funcionamiento en todo momento de varios ciclos combinados y tres reactores nucleares. «No obstante, falta por conocer los resultados de los estudios de detalle que garanticen la viabilidad técnica de todo lo que ahí se dice», opina Duvison. Y recuerda: «Si nos ceñimos a la seguridad de suministro, una sola central nuclear almacena una energía similar a la de todos los embalses con regulación de España, si estuvieran llenos (que ya sabemos que nunca lo están). Eso supone una seguridad enorme, y dejar de depender de combustibles que no tenemos».

Fernando Ferrando: «En la reforma del mercado eléctrico vemos necesario eliminar la integración vertical de manera efectiva»

La fiscalidad del mercado eléctrico es otro de los temas centrales del debate. «En Sumar estamos de acuerdo con la necesidad de una reforma, porque hoy es un elemento recaudatorio que no activa cambios de usos y costumbres, ni sirve de instrumento para la implantación de políticas», expresa Ferrando. En esta línea, Jorge Sanz, expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética, opina que los impuestos especiales deben internalizar los daños ambientales. «Pero el impuesto especial a la electricidad de hoy es el mismo si la energía es limpia o no», recuerda, y lo explica: «La base debe ser el producto de energía consumida por el factor de emisión. En la medida en que ese factor no aparezca, el impuesto no es ambiental». Sanz apunta que la financiación de las renovables a través de la fiscalidad no debe recaer solo en el consumidor eléctrico, sino también en el inductor: «Es el consumidor que echa gasolina, por ejemplo, y con eso está contribuyendo a aumentar el uso de energías limpias, que tienen un porcentaje estipulado en el PNIEC».

Jorge Sanz: «La tarifa progresiva no siempre ayudaría a los sectores más vulnerables»

La contención de precios es otro de los puntos críticos del mercado eléctrico. «La energía renovable es la más barata, pero ese precio no se ha trasladado al consumidor final», denuncia Ferrando, y expone la propuesta de Sumar: «Una tarifa progresiva, esto es, sustituimos el bono social por una tarifa social». «Es absurdo que, en un mercado libre, con un bien de primera necesidad, las horas de coste cero de las renovables no sean de coste cero», añade. Estas tarifas por tramos, que se encarecen cuanto mayor es el consumo, pueden tener consecuencias indeseadas, en opinión de Sanz: «La encuesta de presupuestos familiares dejó claro que no es correlativo el nivel de renta y el consumo energético; por tanto, sería una política social aleatoria, que no va directamente a quien tiene el problema. Además, son contrarias a la descarbonización puesto que penaliza la electrificación de consumos fósiles, por ejemplo, la sustitución de calderas de gas o fuel oil por bombas de calor eléctricas. Hay que buscar políticas sociales que estén mucho más orientadas a los sectores vulnerables».

Javier Santacruz: «El PNIEC contempla que la financiación sea en un 85% privada, hay que buscar un marco de atracción de inversiones»

Todos los ponentes coinciden en que la red de transporte y distribución requiere una inversión que la refuerce y adapte a nuevos modelos (como el autoconsumo), frente al espectacular aumento de la demanda eléctrica que prevé el PNIEC. «Hay que potenciar el Estado: las inversiones deberían estar dentro de una organización pública porque deben tener rentabilidad social», opina Ferrando.

«Si España tuviera medio billón de euros para acometer todas las inversiones sin depender del capital internacional, no tendríamos problema; pero ni los tiene ni los va a tener», advierte Javier Santacruz, economista y miembro de la Asociación para la Transición Energética, «de modo que estamos en mercados internacionales, y hay unas reglas a las que nos debemos amoldar». El experto recuerda que el PNIEC contempla que el 85% de la financiación provenga del sector privado, y concluye: «Con un peso tan importante, hay que buscar un marco regulatorio y de atracción de inversiones para alcanzar los objetivos con eficiencia y con sentido».