Crítica unánime a la ley del «solo sí es sí»

La semana no ha empezado bien para la Ministra de Igualdad y su equipo. Reem Alsalem, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias desde julio de 2021, comunicaba su preocupación por el hecho de que la ley sobre consentimiento sexual −la llamada ley de «solo sí es sí»− hubiera reducido las penas a violadores y maltratadores condenados en España. «Aunque no se puede dar marcha atrás −dijo−, ahora es crucial que el Gobierno español y sus instituciones supervisen el impacto real de la puesta en libertad anticipada de los autores de violencia en la vida de las víctimas, traten de minimizar la revictimización y garanticen su protección». Parece que la tesis de la ministra de que las liberaciones se producían en contra de la ley y porque los jueces son de derechas no le resultó convincente a la relatora de la ONU.

Ese mismo día, el Tribunal Supremo español empezaba a revisar una treintena de recursos por rebajas de pena tras la aplicación de esa ley, para establecer jurisprudencia sobre las reducciones. De fondo, todavía se escuchaban las quejas de Alsalem criticando «la desafortunada consecuencia de la ley que podría haberse evitado si se hubiera prestado más atención a las voces de las distintas partes interesadas que habían advertido contra esta consecuencia obstructiva, como las expresadas por organizaciones de la sociedad civil, políticos y el Consejo General del Poder Judicial».

En ese momento, todas, o muchas de nosotras al menos, recordamos a la perfección unas declaraciones que hizo la Ministra de Igualdad, cuando, al poco de aprobarse la ley del «solo sí es sí», le preguntaban si habría reducción de penas y aseguraba contundente: «Como vivimos en un contexto donde es más importante el titular que se saca para generar terror sexual, y para volver a criminalizar la lucha feminista y para poner en cuestión los avances feministas y para hacer dudar a las mujeres, pues, entonces, ocurre lo que ocurre, que sí salen muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas, y no se va a conocer, es propagando machista».

Por si acaso no había quedado clara la posición del Ministerio de Igualdad, la secretaria de Estado Ángela Rodríguez Pam y la delegada contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, afirmaban que la solución no era el punitivismo. O sea, una vela a Dios y otra al Diablo. Unas decían que los años de cárcel no se bajaban y las otras que la solución no era la cárcel.

«Unos por otros, la casa sin barrer, o sea, siguen sin asumir responsabilidades del fiasco de ley que han puesto en marcha»

Pues sí hubo, ha habido, reducciones de penas, muchas y habrá más. En términos porcentuales, el Supremo ha acordado reducciones de pena en el 40,5% de las sentencias revisadas; la Audiencia Nacional en el 14,3% de los casos, las audiencias provinciales en el 31,6% y los tribunales superiores en el 39,5. En total, se han reducido condenas en el 32% de los procedimientos revisados. Lo que quiere decir que, a 1 de mayo de 2023, ha habido 1079 rebajas de condenas a violadores y maltratadores y 188 han salido de prisión. Nada mal, para tratarse de «titulares pensados para causar terror», si no fuera porque ha sido realidad.

Disculpas, seguimos esperándolas.

Y al fin, el alto tribunal ha rechazado la aplicación de la disposición transitoria de 1995 que defendía la Fiscalía. Un artículo que, para que no se produzcan rebajas con las reformas judiciales, se incluye en todas ellas. El «detalle» es que el Ministerio de igualdad olvidó incluir esa disposición en su ley, facilitando, así que se aplicaran los beneficios con carácter retroactivo. Por eso, la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha avalado las rebajas de penas a los delincuentes sexuales con la aplicación de la ley del «solo sí es sí».

Ahora sabemos que Igualdad hubiera evitado «muchas» rebajas por agresiones sexuales con la inclusión de esa disposición en su ley imposibilitando la revisión de las penas, que se le sugirió, y que decidió no modificarlo.

Ahora sabemos, también, que las víctimas, asumido ya el despropósito personal de esas rebajas, andan organizándose para reclamar al gobierno indemnizaciones.

Lo que no sabemos, y me temo que será difícil de saber, es cuántos de esos violadores y maltratadores que andan de nuevo por las calles van a acabar atentando contra otras mujeres a las que nunca hubieran llegado de seguir en la cárcel.

Lo que queda clara es la «empanada» en que vive sumido el Ministerio de Igualdad y que, al fin, es la que nos llega a las ciudadanas de a pie. Primero dijeron que no rebajarían las penas; luego que las habían rebajado porque los jueces eran «fachas»; luego alguien desde el ministerio dijo que la solución no era la cárcel; mientras otras insistían en mantener las penas de cárcel. Ahora a esperar a ver qué dicen tras el rapapolvo de la ONU. Y, mientras tanto, quizás digan que las conclusiones del Supremo, avalando las rebajas de penas, han sido así porque todos los jueces del Supremo, absolutamente todos, son «fachas», porque la decisión ha sido por unanimidad. Y mientras, unos por otros, la casa sin barrer, o sea, siguen sin asumir responsabilidades del fiasco de ley que han puesto en marcha.