Sin electrolineras no hay transición

Las electrolineras son las estaciones de carga para vehículos eléctricos que son esenciales para garantizar la expansión de la movilidad eléctrica. Sin embargo, en España, según los datos del último Barómetro de Electromovilidad, se han instalado solamente un 10% de los espacios previstos para finales de 2022.

El objetivo estatal era conseguir más de 45.000 estaciones para finales del pasado año, marcado por la meta del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), se incumplió: según su último recuento solo hay, por el momento, 13.411, con poco más de 3.000 nuevos puestos instalados en los últimos doce meses. Además, aún existen puntos de carga instalados pero que no reciben energía y no pueden ser utilizados por los consumidores. En España hay más de 40.000 solicitudes que se encuentran en el limbo burocrático, con un total de inversión que supera los 6.000 millones de euros. Y es que algunos de los retos principales que existen actualmente en el sector de la movilidad eléctrica son, justamente, las barreras burocráticas.

Además, estas barreras también afectan gravemente al conductor del vehículo eléctrico que, en ausencia de puestos de carga, debe planificar mucho sus rutas o incluso renunciar a viajes largos por la imposibilidad de recargar su vehículo. España se encuentra muy detrás de la media europea, lo que hace que, pese a sus posibilidades, la presencia de un transporte descarbonizado se encuentre lejos de ser una realidad en su territorio.

De las previsiones de cuántas electrolineras habría en España para el cierre de 2022, solo se han llegado a instalar el 10%

Para resolver esta situación y desatascar esta situación el Gobierno puso en marcha un nuevo sistema para aligerar la burocracia necesaria para la instalación de electrolineras en las gasolineras. Pero, de momento, los avances aún son escasos y las dificultades para la proliferación del transporte eléctrico lo alejan de ser una realidad. Algunos de los principales obstáculos que destaca el sector es la obtención de licencias, la gestión de la compañía distribuidora y la legalización de este tipo de equipamientos por parte del Ministerio de Industria.

El sector de la movilidad eléctrica, al ser un espacio en expansión, está atrayendo no solamente la atención de empresas de nueva creación, sino también la de aquellas compañías que, conscientes de su necesidad de reinventarse, están ampliando su visión hacia el mercado eléctrico. Con apenas 17.000 puntos de recarga en todo el territorio español y la previsión de que en 12 años el Ejecutivo prohíba la venta de coches de combustión, existe un vacío para aquellas empresas que quieran conquistar este mercado y dominar el parque de turismos eléctricos.

Compañías de infraestructuras de todo el país presentaron el pasado verano, bajo el amparo de la patronal Seopan, una propuesta que, con una inversión de 1.643 millones de euros, impulsará la creación de 5.272 puntos de recarga públicos en la Red de Carreteras del Estado. Si bien insuficiente para cubrir la necesidad española, representa un paso que puede influenciar la participación del sector privado en esta renovación imprescindible para que España salga de la cola del mercado europeo y pueda liderar este sector de manera puntera en los próximos años.

De hecho, algunas empresas han empezado a tomar medidas para rellenar este vacío para la que tiene potencial de ser «la tercera red viaria de gran capacidad más extensa del mundo», como explica en El País Julián Núñez, presidente de la patronal Seopan. Empresas tradicionales como Acciona Energía, Abertis, Repsol, Cepsa, BP, Ionity, FCC, Siemens o Ferrovial ya están empezando a emprender acciones corporativas para conquistar este mercado. Si bien las grandes firmas deben tener un rol en la transición sostenible, no hay que olvidar que también debe darse un espacio a aquellas nuevas iniciativas que permitan abrir este mercado a nuevas posibilidades económicas.

Así pues, si bien el futuro de la movilidad eléctrica en nuestro país es inevitable, este sector nos da un aprendizaje importante para las transformaciones que vienen: una burocracia flexible y la inversión necesaria en infraestructura son imprescindibles para la transición sostenible.