Por qué hay que tener una compra pública sostenible de alimentos

¡Los sistemas alimentarios del mundo predominantes están en crisis! La agroindustria basada en un modelo productivista, que se enfoca en producir alimentos estandarizados y económicos a gran escala, ha traído consigo un coste elevado para el medio ambiente, la sociedad y la seguridad alimentaria y nutricional. Esto se evidencia en impactos como el agotamiento de los suelos, la pérdida de biodiversidad, la contaminación por plaguicidas, la marginalización de los pequeños productores, la creciente concentración de poder en pocos actores de la cadena de valor y las altas tasas de malnutrición, evidenciadas, por ejemplo, en el sobrepeso y la obesidad.

Estos impactos nos ponen de manifiesto el nexo existente entre los sistemas alimentarios y la viabilidad de los ecosistemas, el desarrollo económico, la justicia ambiental, la nutrición y la salud humana. Si como sociedad queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que fueron aprobados en el año 2015 por los Estados miembros de las Naciones Unidas, entre ellos España, y si se quieren alcanzar los objetivos del reciente Pacto Verde de la Unión Europea, es primordial tomar acción para transitar hacia sistemas alimentarios más territorializados, inclusivos, saludables y sostenibles.

Se ha argumentado ampliamente que la compra pública de alimentos puede jugar un papel catalizador en esta transición si se aborda desde una perspectiva transversal y de sostenibilidad. La compra pública de alimentos se refiere a aquellos procesos que conllevan a la adquisición directa (suministros) o indirecta (como parte de un servicio) de productos alimentarios por parte de entidades públicas como centros educativos, universidades, hospitales y otras entidades gubernamentales para satisfacer sus necesidades de alimentación. El potencial de este instrumento reside en su capacidad para generar cambios e impactos positivos en todas las actividades del sistema alimentario, desde la producción de los alimentos, hasta su distribución, preparación y consumo.

La compra pública de alimentos puede jugar un papel catalizador en la transición verde si se aborda desde una perspectiva transversal y de sostenibilidad

Por ejemplo, las compras pueden dar prioridad a los alimentos ecológicos, locales, frescos y de temporada incentivando un modelo agrícola sostenible y canales cortos de distribución. Esto, a su vez, contribuye al desarrollo económico y local y a la reestructuración de las relaciones entre lo urbano y lo rural desde una perspectiva territorial. La compra pública sostenible de alimentos también tiene el potencial de promover hábitos alimentarios saludables y mejorar la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente para la población vulnerable que muchas veces no tiene acceso a una dieta saludable. En consecuencia, dependiendo de cómo se tomen las decisiones de compra, es posible lograr múltiples objetivos de sostenibilidad a través de los cambios en los sistemas alimentarios impulsados por la compra pública de alimentos.

En España, según los últimos datos disponibles que son del año 2013, el gasto público en compra de alimentos se estimaba entre 2.000 y 3.000 millones de euros (VSF Justicia Alimentaria, 2013). ¿Nos hemos detenido a reflexionar sobre el impacto que podría tener la inversión de este gasto si la Administración General del Estado y el conjunto de organismos y entidades del sector público incorporaran prácticas para una compra pública alimentaria sostenible?

La implementación de una compra pública alimentaria sostenible, basada en productos ecológicos, locales, frescos, de temporada, saludables y nutritivos, suministrados por el sector primario es una tarea compleja pero urgente y necesaria. Los resultados preliminares del proyecto de investigación Compra Pública Alimentaria Sostenible en España. Evidencias hasta la fecha y oportunidades para su escalamiento, liderado desde el ICTA-UAB y apoyado por la Fundación Daniel y Nina Carasso –enmarcado en la Daniel Carasso Fellowship 2021–, ponen de manifiesto que actualmente existen muchas experiencias en España que están apostando por una compra pública alimentaria sostenible. Como el programa de Ecocomedores en Canarias y de Hemengoak en Pamplona, las licitaciones para las escuelas Bressol en Barcelona y las escuelas infantiles de Valencia y La Vallalta, entre otros ejemplos.

Existen muchas experiencias en España que están apostando por una compra pública alimentaria sostenible, como el programa de Ecocomedores en Canarias y de Hemengoak en Pamplona

El proyecto también revela cómo a pesar de este creciente interés por una compra pública alimentaria sostenible, especialmente por parte de las organizaciones sociales y la sociedad civil, existen múltiples barreras que aún limitan una implementación más amplia y exitosa de este instrumento. La principal de ellas es la falta de una clara voluntad política tanto para apoyar y dar continuidad a las experiencias existentes, como para implementar los cambios necesarios en los procesos y requerimientos actuales de contratación. Entre los cambios necesarios se encuentra la necesidad de establecer un precio fijo o reducir el actual predominio del precio como criterio de compra.

También es importante modificar las condiciones para la participación de los pequeños agricultores o las pequeñas y medianas empresas, por ejemplo, a través del loteo de los contratos, reduciendo o eliminando las fianzas y favoreciendo la participación conjunta. Además, es prioritario promover cambios en la estructura de los menús para que estén articulados con la producción ecológica y local e incorporen a su vez obligaciones (no recomendaciones) en materia de nutrición y salud, como por ejemplo un mayor consumo de verduras, frutas y legumbres y la reducción de la proteína animal.

Por último, es necesario potenciar la oferta de productos ecológicos a través de políticas públicas y estrategias complementarias que profesionalicen, estructuren y fortalezcan el sector. Entre estas políticas y estrategias se incluyen, sin ser para nada exhaustivos, un nuevo marco institucional favorable a los sistemas alimentarios locales con base agroecológica, el apoyo a los agricultores que quieran transitar de sistemas convencionales a sistemas más sostenibles y el soporte técnico y financiero para la creación de circuitos cortos de distribución de alimentos que estén en línea con la demanda potencial y pública de los alimentos.

Daniel Gaitán es licenciado en Ecología y PhD en Métricas de Sostenibilidad de los Sistemas Alimentarios e investigador en la Universidad Autónoma de Barcelona con un proyecto sobre compra pública alimentaria sostenible seleccionado en la primera edición de la ‘Daniel Carasso Fellowship’.