Inversión de impacto, o cómo transformar el capitalismo

Resulta difícil negar que el capitalismo ha traído a la civilización un progreso inconcebible para los humanos de hace cinco siglos. Elementos como la libertad de mercado o la competencia permitieron una ferviente innovación que se ha traducido en hitos como la revolución industrial o la configuración de la clase media. Sin embargo, también resulta cada vez más complicado obviar sus crecientes grietas: el aumento de la desigualdad, la despreocupación ambiental en favor de la rentabilidad o la falta de resiliencia del propio sistema ante graves disrupciones sistémicas. Crisis como la de 2008 o la pandemia desnudaron sus vergüenzas ante el mundo. Por eso, en el afán por repararlas, en los últimos años se ha experimentado una creciente sensibilidad por parte de empresas, gobiernos y ciudanía cristalizada en la adopción de criterios ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno, por sus siglas en inglés) como faro de la transformación sostenible de la economía.

Sin embargo, en este contexto y gracias a la rápida adopción de esta sensibilidad, cada vez más entidades a nivel global apuestan por dar una zancada no ya para reparar, si no para transformar el sistema hacia uno que no reproduzca los fallos de serie del capitalismo a través de la inversión de impacto. La diferencia respecto a los criterios ESG es que, en lugar de conducir las diferentes actividades hacia una mayor responsabilidad, la inversión de impacto nace para responder a un problema social o medioambiental concreto y exige medir el impacto de tal actividad.

La inversión de impacto nace para responder a un problema social o medioambiental concreto

En España, SpainNAB, el Consejo Asesor para la Inversión de Impacto en el país compuesto por empresas, entidades financieras e instituciones del tercer sector, lleva desde 2019 trabajando por permear esta corriente en los pilares del sistema. Un trabajo que cobra ahora una nueva dimensión con el lanzamiento de una Task Force de Administraciones Públicas (TF AAPP), un grupo de trabajo que persigue impulsar la inversión de impacto a través del rol catalizador del Sector Público y fomentar unas políticas públicas más adecuadas que faciliten una mayor movilización de capital hacia el sector.

El avance de la inversión de impacto en la esfera privada ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar también desde el sector público, ya que puede contribuir de manera decisiva a la canalización de la inversión privada, a la seguridad jurídica para operar y a la transparencia del mercado. Si bien es cierto que el sector público ha empezado a trabajar en estos temas los últimos años, es necesario incrementar el ritmo de trabajo para que crezca el volumen gestionado. Un ejemplo es Axis, la gestora de capital riesgo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que, aunque está impulsando este tipo de inversión, tan solo el 1% del total de capital que gestiona (entre 7.000 y 8.000 millones de euros) se corresponde con proyectos de inversión de impacto.

Por su parte, los fondos de capital privado gestionaron en 2021 un 18% del volumen total de casi 2.400 millones de euros de inversión de impacto en España. En los últimos años, han casi cuadruplicado su volumen, pasando de 90 millones de euros en 2019 a 435,8 millones de euros a final de 2021. Teniendo en cuenta este crecimiento, y a falta de los datos definitivos, se prevé que haya cerrado 2022 con un crecimiento a doble dígito para las gestoras de capital privado.

Los fondos de capital privado gestionaron en 2021 el 18% de los casi 2.400 millones de euros de inversión de impacto en España

La creación del TF de AAPP supone un importante avance en el ámbito de la colaboración público-privada, ya que hasta ahora no se había formado un grupo de trabajo a largo plazo con un elevado número de participantes de instituciones tan heterogéneas. En concreto, está formado por más de 30 representantes de diferentes instituciones públicas, como el Ministerio del Interior, de Hacienda y Función Pública, Gobierno de Madrid y Murcia, el Ayuntamiento de Barcelona, Madrid, Málaga o Sigüenza, la dirección de la intervención pública del Ayuntamiento de Zaragoza, la Diputación de Málaga, la Organización Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública (OIRESCON), Corporación Pública de Empresas de Navarra (Cpen), el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), Enisa, Cofides, Instituto Valenciano de Finanzas, Instituto Vasco de Finanzas, UNED, Universidad Pontificia de Comillas, Afi y otros agentes en el diseño y promoción de los instrumentos de impacto.

Este grupo de trabajo, liderado y coordinado por SpainNAB se enmarca en el área de trabajo que SpainNAB viene desarrollando en el ámbito institucional y que busca sensibilizar a los decisores públicos sobre la importancia de crear un marco normativo que dote de seguridad jurídica a la inversión de impacto, así como impulsar alianzas público-privadas y modelos de financiación innovadores que permitan avanzar hacia una economía de impacto.

El trabajo desarrollado a lo largo de todo el año culminará con la presentación de resultados en la GSG Global Impact Summit 2023, el congreso de referencia en el mundo para el impulso de la economía e inversión de impacto y que se celebrará en la ciudad de Málaga los días 2 y 3 de octubre.

SpainNAB cuenta con tres grupos de trabajo especializados, el de Fondos, el Social y el de Empresas, formados cada uno por aproximadamente 30 personas y/u organizaciones. Estos grupos han trabajado a lo largo de 2022 para avanzar y profundizar conjuntamente sobre los retos y oportunidades de la inversión de impacto en cada uno de los tres ámbitos y lo harán también a lo largo de este año, junto al nuevo Task Force de Administraciones Públicas, que nace con el objetivo de acompañar en la implementación en España de, al menos, un caso de financiación combinada y un caso de Contrato de Impacto Social (CIS).

Tres palancas para impulsar la inversión de impacto en España

Para lograr el crecimiento deseado de la inversión de impacto en España, SpainNAB trabaja para promover tres palancas clave para activar en forma de innovación financiera, incentivos o regulación de la mano del poder ejecutivo y del poder legislativo, que han demostrado ser un gran éxito en el ámbito internacional.

En primer lugar, la financiación combinada (blended finance), entendida como una forma de estructuración que consiste en la combinación de tramos con distinto perfil rentabilidad-riesgo-impacto dentro de un mismo vehículo o transacción con el objeto de generar un alto impacto a gran escala. SpainNAB propone destinar fondos públicos de Next Generation EU o de otra fuente pública española como tramo de primera pérdida o como tramos de deuda junior subvencionada, para poner en marcha esquemas de financiación combinada de alto impacto social que logre movilizar capital privado. Desde 2015, se ha logrado movilizar 41.000 millones de dólares en capital catalítico con un efecto multiplicador medio de 4 veces, es decir, ha logrado atraer alrededor de 120.000 millones de dólares adicionales de capital privado hacia proyectos de inversiones de impacto.

Los Contratos de Impacto Social permiten una transferencia de riesgo de intervenciones sociales innovadoras a los inversores privados

La cohesión social, el desempleo, la despoblación o el cuidado a las personas mayores y con dependencia, entre otros, se plantean como los grandes retos a los que se enfrenta el país y los Contratos de Impacto Social se posicionan como una herramienta para afrontarlos. Los CIS, que en el mundo suman más de 500 millones de euros, permiten una transferencia de riesgo de intervenciones sociales innovadoras a los inversores privados y la facilidad de financiación anticipada requerida por las entidades sociales. Para SpainNAB, España podría impulsar la innovación financiera en el ámbito de la provisión de servicios sociales en esas áreas tan relevantes contando con los recursos y el asesoramiento del Banco Europeo de Inversiones a través del Advisory Platform for Social Outcomes Contracting (SOC).

Por último, atendiendo a las experiencias de éxito en otros países internacionales y con el fin de movilizar capital privado a gran escala hacia la inversión de impacto, SpainNAB busca promover los ‘Fondos de pensiones solidarios 90/10’ y que las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva lleguen a ofrecer estos productos. Este instrumento establece que el 90-95% de la inversión se destine a fondos sostenibles bajo el artículo 8 o 9 de la SFDR y que el 5-10% de la inversión se destine a empresas sociales, entidades de la economía social, fondos de impacto social y fondos de microfinanzas.

2023, un año clave

El 2023 es un año clave en la conversación sobre la economía y la inversión de impacto. Arrancó en enero con una jornada histórica en el Congreso de los Diputados, que reunió a representantes de todos los partidos políticos para difundir la necesidad de avanzar en el diálogo y en la colaboración público-privada. Siguiendo la línea de elevar al ámbito nacional esa conversación, SpainNAB inicia una serie de encuentros institucionales en Barcelona, Valencia, Bilbao y Málaga para involucrar al ecosistema regional y recabar apoyos para el manifiesto #CaminoalImpacto de SpainNAB, que se dirige a todas las personas e instituciones de la comunidad inversora, empresarial, del tercer sector y la Administración Pública que quieran ayudar a impulsar la economía de impacto en España.

Estos encuentros finalizarán en octubre en Málaga con la celebración del GSG Global Impact Summit 2023, el congreso de referencia en el mundo para el impulso de la Economía e Inversión de Impacto que reunirá a más de 1.000 personas con 50 países representados. Esta cumbre, que coincide con la Presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre del año, será un importante altavoz para que el ecosistema eleve sus demandas a las Administraciones Públicas.