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Hacia una factura de la luz que proteja a los más vulnerables

A pesar de las medidas tomadas de forma extraordinaria para proteger al consumidor más vulnerable frente a las subidas del precio de la electricidad, las ayudas económicas siguen cayendo en saco roto. Mientras tanto, las familias y los pequeños negocios permanecen atrapados en la intemperie viendo cómo la factura de la luz rompe todos los techos imaginables. ¿Cuál es la solución?

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Yvonne Redín
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Bono para consumidores vulnerables

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La línea se esboza, recta y decidida, destrozando la cuadrícula invisible que actúa como techo: es el dibujo que, desde hace meses, representa el ascendente precio de la electricidad. La subida, asociada estrechamente al sistema marginalista europeo, afecta a una dimensión básica y esencial para millones de ciudadanos, impactando en nuestras vidas cotidianas al utilizar los electrodomésticos, internet y cualquier dispositivo asociado a la corriente. La paradoja se torna especialmente problemática en los hogares de aquellas familias más vulnerables quienes, al tener en su mayoría un sistema eléctrico de calefacción (en principio, más barato que la calefacción a gas), ven repentinamente los efectos económicos de su consumo, muy superiores a la media. Ellos acaban siendo los que más pagan a fin de mes. Sin embargo, el asunto ya no es exclusivamente doméstico: la subida energética afecta también a la industria, a los pequeños comercios y a la totalidad de la cadena de producción, afectando al resto de eslabones con un imponente efecto dominó.

¿Cómo podemos salir de esta situación? Para conseguirlo, resulta prioritario entender la raíz del problema. Y una de las principales piezas del rompecabezas es la concepción del propio mercado. Según la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación de los Reguladores Energéticos (ACER), alrededor de un 40% de los consumidores españoles tienen un contrato dentro del mercado regulado. Aquí se paga la tarifa regulada del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) ligada a los precios del mercado de la energía, que cambian cada hora. De esta forma, el consumidor podría modelar su consumo en relación a sus necesidades y los distintos precios en cada momento del día. Es decir, podría decidir poner el lavavajillas por la noche para pagar un precio inferior a la media y evitar usar electrodomésticos en hora punta para no consumir cuando la electricidad está más cara.

En un primer momento, esta fórmula se diseñó para favorecer precisamente a los consumidores y las familias más vulnerables ya que, al menos en teoría, les permitiría sortear los costes asociados a la liberalización del mercado energético. No obstante, el efecto producido con esta tarifa fue el contrario, ya que colocó al consumidor como principal víctima de los vaivenes económicos de la energía. Al estar asociado a los precios mayoristas, uno también se enfrenta a sus principales achaques. Las cifras lo muestran de forma nítida: la factura media de los hogares con PVPC se ha incrementado en torno al 50-60% con respecto a hace un año.

Una tarifa social fijada por la renta permitiría a los más vulnerables sortear los vaivenes en los precios del mercado energético

Es esta especial fragilidad, demostrada en los constantes récords batidos en el mercado de la luz, la que ha llevado al Gobierno a tomar medidas de alto calibre: además de entregar un cheque extra para el bono social térmico o establecer un suministro mínimo vital para diferir los cortes de luz por impago, también ha actuado sobre el bono social de la luz. Esta ayuda en forma de descuento, que se aplica exclusivamente sobre la tarifa eléctrica regulada, se ha incrementado hasta el 70% para los consumidores extremadamente vulnerables. Sin embargo, con aumento en el precio de mercado –y por lo tanto, de la tarifa regulada– de un 130% en marzo de 2022 respecto al mismo mes del año anterior, las medidas no logran amortiguar la situación y parecen ser insuficientes. ¿Cómo deshacemos el nudo?

Según el estudio El bono social como mecanismo de protección al consumidor vulnerable, realizado por la consultora PWC y la Fundación Naturgy, tan solo aplicando los bonos en forma de «tarifa social» se lograría eliminar la incertidumbre del consumidor más vulnerable. Esta debería ser, tal como defienden sus autores, una tarifa fijada por los criterios de renta; es decir, centrada no tanto en cuánto cuesta la energía, sino en lo que puede pagar cada consumidor. Al fin y al cabo, paradójicamente, mayor precio se traduce en menor eficacia.

En la actualidad, estas medidas se encuentran en discordancia con las propuestas hechas por la Comisión Europea, que apuestan por una eliminación progresiva de la tarifa regulada y la implementación de una tarifa social unida a criterios estrictamente socioeconómicos. Tanto es así, que el sistema de financiación del bono social fue anulado –por recaer en ciertas compañías y no en los Presupuestos Generales del Estado (PGE)– a finales de 2021 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que indica la lejanía de las medidas actuales respecto al resto de Estados miembro.

Las manecillas del reloj, mientras tanto, continúan moviéndose: el pasado 8 de marzo se produjo el pico diario del coste de la electricidad más alto jamás registrado en el mercado mayorista de la luz, llegando a alcanzar los 545€ por megavatio hora (o, lo que es lo mismo, un precio un 23% más caro que el día anterior). Todo parece indicar que en el futuro, cualquier mecanismo de ayuda eficaz no se centrará en el consumo que el consumidor vulnerable pueda (o no) necesitar, sino en el factor mismo que define a esta figura vulnerable: la renta socioeconómica.

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