Medio Ambiente

La Comisión Europea refuerza el principio de «quien contamina paga» para 2026

La segunda parte del paquete de medidas ‘Fit for 55’ propone una reformulación del mercado de derechos de emisión de CO2, la creación de nuevos impuestos para las energías contaminantes y un impulso al hidrógeno verde.

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14
Dic
2021
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«Quien contamina paga» es uno de los principios que guía las políticas ambientales de la Unión Europea desde 2005, año en el que se puso en marcha el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDE UE) que establece un mercado europeo de gases de efecto invernadero. El mecanismo económico, que hasta el momento afectaba mayoritariamente a los sectores industriales y de generación eléctrica, ha permitido reducir en este tiempo un 45% las emisiones de estos ámbitos, lo que ha llevado a la Comisión Europea a calificarlo como un «instrumento eficaz para el recorte de emisiones y la transición energética».

Sin embargo, parece que su estructura actual resulta insuficiente para lograr el ambicioso objetivo de la Unión Europea de convertir al continente en el primero en alcanzar la neutralidad climática para 2050. Por eso, el gabinete de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, planea revisar, reforzar y, sobre todo, ampliar el régimen a otros sectores de cara a 2026. Concretamente, al sector de los edificios (para que afecte al gas y el combustible de las calefacciones) y al del transporte por carretera, según han explicado fuentes del Ejecutivo europeo a Ethic.

Previsiblemente, las medidas que afectan al mercado del carbono se anunciarán el miércoles 15 de diciembre, cuando la Comisión presente la segunda parte del paquete legislativo Fit for 55 (Objetivo 55), encaminado a reducir las emisiones un 55% de aquí a 2030 (respecto a los niveles de 1990) y cumplir con los tiempos marcados por el Green Deal. 

La normativa obligará a ofrecer una mayor cantidad de combustible sostenible de aviación en los aeropuertos europeos

La transformación del mercado de carbono que propone la Comisión se antoja, cuando menos, profunda. Una de las principales actuaciones consiste en reducir el volumen anual de derechos de emisión que salen a subasta y un recorte (cerca del 10% anual hasta 2026) de las asignaciones gratuitas que actualmente se reservan a ciertos sectores en los que podría haber una fuga de carbono, es decir, que son susceptibles de transferir su producción a otros países con unas políticas climáticas más laxas. Esto se traducirá en un encarecimiento de los permisos que las compañías pagan por emitir CO2. 

Uno de los sectores más afectados por esta medida es el de la aviación. De hecho, de cara a 2026 se plantea, no solo fijar un límite más estricto del número de derechos de emisión para vuelos dentro de la Unión Europea (incluidos Reino Unido y Suiza), sino que el objetivo es ir eliminando hasta 2026 las asignaciones gratuitas de las que hoy se beneficia.

Pero los esfuerzos por incluir el transporte aéreo en el camino hacia la descarbonización no acaban ahí. La nueva regulación también sopesa obligar a los distribuidores de combustibles de los aeropuertos europeos a ofrecer de manera gradual –un 2% en 2025, un 5% en 2030 y un 32% en 2040– una mayor cantidad de combustible sostenible de aviación (SAF, por sus siglas en inglés), entre los que se incluyen los biocombustibles avanzados o los electrocombustibles. En la actualidad, prácticamente el 100% del combustible que se utiliza es queroseno (muy contaminante), por lo que se estima alcanzar una reducción de las emisiones en el sector de un 5% para 2030 y un 60% en 2050 con la nueva regulación.

La transformación irá acompañada del Fondo Social para el Clima, dotado con 72.000 millones de euros

El sector del transporte marítimo tampoco se escapa de la reformulación del mercado de emisiones. Más bien al contrario: se pretende extender el régimen de emisiones de CO2 al transporte marítimo, que representa entre el 3% y el 4% de las emisiones de la Unión Europea. Una cifra que, además, se prevé que aumente en un 34% de cara a 2050, en comparación con 2015. Así que, las compañías de transporte marítimo tendrán que monitorizar todas sus emisiones, y pagar por los derechos de cada tonelada de CO2 emitida de cara a 2026. El objetivo es que los operadores aumenten la proporción de combustibles renovables y bajos en carbono a lo largo de los próximos años. Y es que, hoy en día, los fósiles representan cerca del 99% del mix energético de este sector. 

Paralelamente a estas modificaciones, se creará un mercado de derechos de emisión de CO2 para los edificios (concretamente para que afecte al gas y los combustibles fósiles de las calderas) y el transporte por carretera. Se trata de dos de los sectores que más han aumentado sus emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos años y, por tanto, dos de los más difíciles de descarbonizar. Por eso, la Comisión plantea que ambos paguen por sus emisiones a partir de 2026. 

Sin embargo, el abono del pago no lo realizarán ni los fabricantes ni los consumidores, sino que recaerá en manos de los productores de los carburantes. «De esta manera se pone un precio a los combustibles para impulsar un cambio tecnológico, pero sin afectar a la fabricación», sostienen las citadas fuentes europeas. Ahora bien, este nuevo pago por el CO2 se traducirá inevitablemente en un incremento del precio de la calefacción que paga el consumidor final. 

No obstante, para evitar un aumento de la pobreza energética derivada de estos nuevos derechos de emisión, la transformación irá acompañada del Fondo Social para el Clima: un instrumento propuesto por la Comisión Europea durante la presentación del primer paquete Fit for 55 el pasado julio y que estará dotado con 72.000 millones de euros. 

Nuevos impuestos a las energías contaminantes

Además de la revisión del mercado de carbono, la normativa también contempla otras medidas orientadas a a la de establecer unos impuestos mínimos en todos los países para cada una de las energías en función de su contenido energético. De esta manera, los combustibles más contaminantes (como la gasolina y el biocombustible) deberán pagar unas tasas más altas que energías como el gas natural. Y eso no es todo: se van a eliminar los subsidios a los carburantes fósiles, se va a mantener el impuesto mínimo a la electricidad (el actual) y se van a sentar las bases regulatorias para que el mercado del hidrógeno verde refuerce paulatinamente su presencia frente al del gas natural. Se espera poner en marcha el paquete de medidas entre 2024 y 2026, aunque, previamente, debe ser negociado por los países miembros de la Unión Europea y aprobado por el Parlamento. 

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