Es hora de dejar huella

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Cristina Sánchez

Durante años hemos insistido sobre la necesidad de virar hacia un modelo económico más sostenible, respetuoso con el planeta y la sociedad. Una acción urgente y esencial para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París que, hasta ahora, quedaba en manos de la voluntad de los actores implicados. Una voluntad, que si bien ha sido manifestada por una gran parte de nuestro sector empresarial –en España, son ya 36 las empresas adheridas a la iniciativa de ambición climática Science Based Targets según nuestro Anuario de acción climática empresarial– resulta insuficiente para hacer frente a un desafío de tal magnitud, el mayor de nuestro siglo según la comunidad científica. Y es que, en esta batalla de la sostenibilidad, al igual de lo que ha pasado con la pandemia de la covid-19, todos los actores debemos unirnos y actuar con certeza y urgencia.

Es por ello que ahora el carácter voluntario ha pasado a ser imperativo. Ser sostenible ya no es una opción, es un criterio exigido por ley: la nueva ley de Cambio Climático y Transición Energética. Una normativa que, si bien llega con retraso, lo hace en un marco favorable a nivel legislativo, en línea con los requerimientos de las nuevas normas comunitarias como la Ley del Clima Europea. Podríamos decir, sin dudarlo, que es un paso firme a favor de un cambio de modelo integral a nivel país que nos ayudará a alcanzar la neutralidad climática. Y como no podía ser de otra forma, esta transición hacia un modelo más sostenible encierra distintos desafíos y oportunidades para el sector empresarial que, como toda gran transformación, recompensará a aquellos que sepan adaptarse. ¿Cómo? Teniendo más posibilidades de acceder a los contratos de la administración pública, pudiéndose beneficiar de medidas de apoyo a la industria o a la internacionalización y, especialmente, contando con los requisitos necesarios de cara a los inversores privados, entre otros beneficios.

Por supuesto, este camino será diferente para cada empresa, según el sector y el tamaño de la misma, pero no por ello dejará a nadie atrás. En este sentido, la ley establece la progresiva adecuación e integración de nuestra realidad socioeconómica a las exigencias de la declaración de emergencia climática en nuestro país. Y es precisamente en la palabra ‘progresiva’ donde las empresas que no estén todavía alineadas con la Agenda 2030 podrán encontrar un alivio, pues no se trata de echar el cierre, sino de ayudarlas a adaptarse al nuevo contexto. Para ello, por parte de la Administración se promoverán medidas de transición justa y por nuestra parte, como Pacto Mundial de Naciones Unidas España, seguiremos acompañando al sector empresarial en su adaptación climática a través de herramientas e iniciativas de ambición como Climate Ambition Accelerator, un programa acelerador que acompaña a las empresas en la reducción de sus emisiones.

«A menudo solo hablamos de la huella ambiental de las empresas, pero es hora de que empecemos hablar de la huella positiva de una gran alianza a favor del clima»

Es cierto que la ley marca como el mayor catalizador al sector público, pero reconoce que el papel del privado es imprescindible, especialmente para algunos sectores, los cuales tendrán que tener en cuenta aspectos muy relevantes. Sin embargo, el llamamiento es para todos, pues en la lógica del texto se deja claro que los objetivos y las acciones han de permear en todos los sectores y se esfuerza en dejar claras las señales en positivo. Tales como que se podrían crear entre 250.000 y 350.000 empleos netos de aquí al año 2030, o aumentar hasta 2 puntos nuestro PIB.

Pero la ley no insiste solo en avanzar hacia una economía más sostenible, sino que también establece una serie de medidas para lograr que esa economía sea cada vez más transparente, a través de la información no financiera. En concreto, introduce la obligación anual de emitir un reporte no financiero por parte de las empresas cotizadas y del sector financiero que incorpore una evaluación de impacto de los riesgos asociados al cambio climático generados por su actividad. Se trata de una medida que facilitará la tarea de los inversores y ayudará a alinear la información de las empresas a la taxonomía verde europea, además de saciar la sed de información de unos consumidores que cada vez tienen más en cuenta los criterios responsables en sus compras.

Porque en efecto, la presión no solamente viene determinada por el marco regulatorio, también lo hace desde el punto de vista de inversores, clientes, comunidades y empleados. De hecho, fueron éstos últimos los que manifestaron durante nuestra Consulta Integral en ODS, el deseo de que la Estrategia de Desarrollo Sostenible abordara el ODS 13 de acción por el clima y de que se mandaran señales claras a nivel normativo sobre esta materia, de modo que permitieran la unificación de criterios y se reconociera la ambición y el esfuerzo de las empresas comprometidas con la lucha contra el cambio climático.

En este aspecto, considero necesario recalcar la importancia de escuchar a todos los agentes y promover que las futuras normativas y estrategias a nivel español y europeo contemplen la dimensión empresarial y establezcan medidas concretas que ayuden a las empresas a alinear sus actividades con el cumplimiento de estas. A menudo solo hablamos de la huella ambiental de las empresas, pero es hora de que empecemos hablar de la huella positiva de una gran alianza a favor del clima, la conformada por el esfuerzo de las empresas, los inversores, las administraciones y los ciudadanos. La Ley ya nos ha marcado el camino, ahora nos toca a nosotros dejar nuestra mejor huella posible.

Cristina Sánchez es directora ejecutiva de Pacto Mundial de Naciones Unidas España.