¿Panacea o parche? Por qué la ley de salud mental genera controversia

La salud mental es, según la definición de la OMS, «un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad». No se trata de la ausencia de trastorno mental, sino la capacidad de llevar una vida plena en todas las áreas: emocional, cognitiva, social, laboral, vocacional, familiar, recreativa y sexual. Sin embargo, muy pocas personas pueden afirmar con rotundidad que gozan de una salud mental de hierro, y es que en un área vital o en otra, nuestro bienestar psicológico flaquea.

Pese a que la salud mental está en boca de todos, más aún tras la pandemia, sigue siendo el ámbito más desatendido del Sistema Nacional de Salud. No es un decir o una exageración, es lo que evidenció la Proposición de Ley General de Salud Mental presentada en el Congreso de los Diputados el pasado 17 de septiembre. «Contamos con una atención fragmentada, insuficiente, biologicista y centrada en la reducción sintomatológica», afirmaba el documento publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. En otras palabras: la salud mental se ha atendido durante décadas de una forma incompleta, buscando causas biológicas en trastornos en los que la influencia psicosocial es notoria y tratando los síntomas a la par que se ignora la raíz del problema. Es por ello que el Congreso de los Diputados ha aprobado llevar a término esta propuesta de ley, implementándola paulatinamente durante los siguientes años. La gran pregunta es qué va a cambiar.

Más psiquiatras, psicólogos y enfermeras especialistas en salud mental

La primera modificación –y quizá la más conocida– es la ampliación de los recursos sociales en el Sistema Nacional de Salud. Concretamente la ley busca garantizar un ratio mínimo de profesionales: 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeras especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes. ¿Es notorio el cambio respecto a la situación actual? Rotundamente sí, ya que España se sitúa a la cola de Europa con seis psicólogos por cada 100.000 habitantes.

Prevención del suicidio

Otra de las grandes novedades de este nuevo documento legislativo trata sobre la creación de un plan integral de prevención del suicidio que incluya formación a sanitarios, policías, periodistas y docentes entre otros profesionales. Además, la proposición de ley busca prevenir el suicidio en grupos vulnerables, identificar de forma precoz los factores de riesgo, proporcionar un seguimiento continuado a personas con tentativa suicida, ofrecer atención post suicidio a familiares y crear una línea telefónica de atención en crisis.

Protección del trabajador

La nueva ley de salud mental también ha querido dejar patente el impacto del contexto social sobre nuestra psique. «Existe evidencia empírica de que las situaciones de desempleo y precariedad laboral son factores que incrementan el riesgo de padecer problemas de salud mental», afirma. «Asimismo, el estrés laboral, la desigualdad de género, las dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral, la ausencia de tiempo de ocio, la aceleración del ritmo de vida, la falta de contacto con la naturaleza o la pérdida de vínculos sociales y comunitarios, entre otros determinantes, son causas o riesgos asociados a la proliferación de problemas de salud mental». En la línea de este planteamiento se pretende garantizar la protección de trabajadores con problemas de salud mental, reducir el acoso en el contexto laboral y asegurar la desconexión digital, especialmente en teletrabajadores.

Consentimiento y capacidad de decisión de los pacientes

Sin duda, la medida más polémica es aquella que garantiza una decisión compartida. En otras palabras, la nueva ley de salud mental pretende que los pacientes tomen un rol activo. Y el primer paso hacia ese objetivo es evitar la iatrogenia, el daño provocado por un tratamiento inadecuado o excesivo. «Las personas medicadas con fármacos psiquiátricos que deseen reducir su consumo o dejar de consumirlos tendrán derecho a un acompañamiento especializado por parte de profesionales sanitarios para la reducción progresiva de la medicación, destinado a evitar las situaciones de crisis derivadas de los síndromes de abstinencia por interrupción brusca de la medicación psiquiátrica», anuncia la proposición.

Atención libre de coerción

Finalmente, se busca eliminar la contención mecánica y farmacológica: el uso de correas o medicamentos sedantes para limitar la libertad de movimiento de una persona. Esta práctica es especialmente habitual en unidades de salud mental y plantas de geriatría, aplicándose en pacientes vulnerables y privándoles de su autonomía y de su poder de decisión. Por ello diversas plataformas, entre ellas la Confederación Salud Mental España, han etiquetado las contenciones como una vulneración de los derechos humanos, influyendo en la decisión de la propuesta de ley.

Estas últimas medidas son, precisamente, las que han provocado un rechazo taxativo por parte de organizaciones como la Sociedad Española de Psiquiatría, que ha acusado a la propuesta de ley de centrarse demasiado en «la pobreza, la opresión social y el patrono opresor». En el comunicado emitido a través de su página web, la asociación ha señalado que «no se habla en todo el documento de los trastornos mentales graves, que son los que ocupan el quehacer principal de la atención en salud mental de nuestro país».

La Sociedad Española de Psiquiatría defiende que abordar los trastornos mentales como un producto de problemas sociales es reduccionista

Sin embargo, los trastornos mentales graves a los que se hace referencia tienen, en realidad, una prevalencia más baja que otros trastornos mentales más leves. Tal y como demuestran los datos del Ministerio de Sanidad, los trastornos psicóticos afectan al 1,2% de la población y la demencia al 3,2%, mientras que los trastornos de ansiedad afectan al 6,7% de la población y el trastorno depresivo al 4,1%. Por otro lado, que un trastorno sea más leve en su sintomatología y pronóstico no lo hace menos merecedor de recibir una atención psicológica gratuita, integral y temprana. 

Otra de las críticas de la Sociedad Española de Psiquiatría es que en la propuesta de ley se utiliza setenta y siete veces la palabra ‘social’, mientras que al término ‘cerebro’ no se recurre en ninguna ocasión. «Se intenta dar la impresión de que los trastornos mentales son producto de problemas sociales, dando una explicación reduccionista a un problema mucho más complejo», aseveran. Es importante mencionar que en la primera página de la proposición de ley se reconoce la salud mental como un fenómeno multicausal determinado por aspectos históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos.

Desgraciadamente, durante años se ha perpetuado una aproximación biologicista a los problemas psicológicos tanto en su etiología como en su abordaje terapéutico. Muestra de ello es la hipótesis bioquímica de la depresión que la explica como una alteración de neurotransmisores. Pese a que las investigaciones han demostrado la falsedad de dicha teoría, se sigue impartiendo en las facultades de medicina y psicología y figura en los exámenes de Formación Sanitaria Especializada como cierta. Respecto al tratamiento, la propuesta de ley plantea reducir la medicalización de problemas cotidianos y la falta de terapia psicológica complementaria a la farmacológica tanto en trastornos mentales leves como en trastornos mentales graves y crónicos, puesto que es lo que las guías clínicas evidencian como más eficaz.

La esquizofrenia es doce veces más alta en niveles de renta bajos, mientras que los trastornos de la conducta alimentaria prevalecen en regiones desarrolladas

En el comunicado también se critica a la ley por sugerir que existe una influencia social en la génesis de los trastornos mentales. «Si fuera como aparece en el texto, los países más desarrollados tendrían menos (o simplemente no tendrían) trastornos mentales», reflexionan. Sin embargo, el informe Salud Mental en Datos del Ministerio de Sanidad describe la existencia de un gradiente social en los trastornos psicológicos: la esquizofrenia es doce veces más alta en niveles de renta bajos, los trastornos de personalidad once veces más y los trastornos de somatización siete veces más. En otros trastornos como los de la conducta alimentaria sucede lo opuesto: son más prevalentes en regiones desarrolladas e industrializadas. Esto no deja de ser una manifestación de la influencia del contexto, pues es evidente que en países en los que hay más abastecimiento, así como un fuerte impacto de la industria adelgazante (gimnasios, productos milagrosos, suplementos de farmacia para perder peso, auge de la cirugía estética…), también hay más incidencia de trastornos de la conducta alimentaria (TCAs).

No obstante, y a modo de reflexión, debemos preguntarnos si la ley es una pescadilla que se muerde la cola. Como han demostrado los datos del Ministerio de Sanidad, el sufrimiento psicológico está influenciado por la sociedad, pero el documento se centra sobre todo en la persona. ¿De qué sirven las medidas individualistas cuando los problemas son sociales? Una persona migrante, víctima de violencia de género, desempleada o con un trabajo que le exprime hasta la última gota y que, además, sufre un trastorno mental, necesita algo más que terapia psicológica y farmacológica. Necesita medidas que garanticen la igualdad de oportunidades y de género, que reduzcan la precariedad y que eliminen de raíz las condiciones abusivas en el entorno laboral. De lo contrario estaremos colocando un parche muy vistoso pero ineficaz a largo plazo.