Vivienda social: las grietas del último muro antes del sinhogarismo

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Luis Meyer

La visión de céntricas avenidas como la Gran Vía madrileña flanqueadas por microciudades de cartón está tristemente normalizada hoy en día. Pero si añadimos una pátina blanca sobre esas cajas improvisadas en inopinadas viviendas, nos saltan las alarmas. Como bien decía recientemente el escritor Isaac Rosa en una de sus columnas, «no es lo mismo tener frío que pasar frío». Las personas sin hogar no solo tuvieron frío durante la borrasca Filomena: pasan frío cada día de cada invierno.

Situaciones extremas como una pandemia global –y el obligado confinamiento domiciliario de la pasada primavera– o la mayor nevada del siglo dejan a la vista las costuras del sinhogarismo, un problema inaudito en un país que hasta hace poco se jactaba de ser la octava economía del mundo e inevitablemente ligado al acceso a la vivienda, un asunto que los gobernantes suelen relegar a las contraportadas de sus agendas. Hasta el año pasado, los datos oficiales reflejaban que unas 33.000 personas en toda España no disponen de un techo bajo el que cobijarse. Cáritas advertía recientemente de que, en los últimos meses de la crisis sanitaria de la pandemia, la cifra se ha elevado a 40.000, un 25% más. En algunas ciudades como Zaragoza el número de personas sin hogar se ha triplicado desde la pasada primavera, según Colectivo Dignidad.

Un mercado excluyente

Quienes sufren un desahucio, las mujeres víctimas de violencia de género, los solicitantes de asilo, los jóvenes sin empleo o los extranjeros son hoy los más proclives a traspasar la línea del sinhogarismo. «Un mercado de vivienda altamente excluyente, las escasas alternativas a dicho mercado, un mercado laboral precario o incluso inaccesible para muchas personas o un sistema de garantía de rentas deficitario, son algunos de los determinantes estructurales que estarían empujando a las personas a caer en situación de calle: el colofón es la ruptura familiar», explica el estudio de Provivienda Cuando la casa nos enferma III, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 203​0, que pone de relieve la importancia de las redes de apoyo social en tiempo de crisis.

En España, aproximadamente 33.000 personas carecen de un techo bajo el que cobijarse

«Las políticas de urbanismo y vivienda en España durante las últimas décadas no se han configurado como políticas sociales, sino como un inestable motor económico altamente mercantilizado y patrimonializado que ha generado desigualdad, exclusión y procesos de segregación territorial», señala en el informe Eduardo Gutiérrez, director de esta organización sin ánimo de lucro, que trabaja desde hace más de tres décadas para dar respuesta a las necesidades residenciales de las personas en situación de mayor dificultad. «Una crisis de asequibilidad de la vivienda prolongada desde el estallido de la crisis del 2008, junto a la actual crisis derivada de la pandemia, provoca graves estragos. Ante esta ausencia de políticas sociales, la mayor parte de las personas recurren a la familia como principal fuente de ayuda, si bien este apoyo se revela insuficiente», añade el experto.

Las cifras lo avalan: hace un año, antes incluso de que sospecháramos la posibilidad de una pandemia como la actual, la capacidad de ahorro de las familias descendió a mínimos históricos, un 4,9% de la renta –frente al 12,9% de la media europea–, el porcentaje más bajo desde que el Banco de España empezó a recopilar estos datos en 1968.

La pandemia ha agudizado esta situación: según un estudio de la Universidad Oberta de Catalunya, el 36% de las familias españolas consumieron todos sus ahorros durante el confinamiento. El X Barómetro de las Familias en España de la empresa de investigación GAD3 destaca que una de cada seis se ha visto afectada por la pérdida de empleo y el 40% por una reducción en su nivel de ingresos. Una de cada tres asume que su situación empeorará de aquí a un año.

Al colchón familiar ya le asoman los muelles, y ha dejado de ser ese muro de contención inquebrantable ante la posibilidad de acabar en la calle. En este escenario, las redes de apoyo social –públicas y privadas– cobran una dimensión indiscutible, aunque tampoco pasan por su mejor momento. «En un nuevo contexto de crisis por la covid-19, los resultados alertan de que la atención de servicios sociales está saturada, en un momento en que el apoyo familiar se ha agotado en gran medida porque ya funcionó de soporte en la crisis de 2008», señala el estudio de Provivienda.

Vivienda social solo para el 1,6% 

El informe destaca que el sistema de provisión de la vivienda se basa fundamentalmente en el mercado inmobiliario. «España cuenta únicamente con 290.000 viviendas de titularidad pública destinada al alquiler social, que dan cobertura al 1,6% de los hogares españoles. En comparación, dicho porcentaje sitúa la media de la UE en un 9,3%», explican. La vía principal de acceso a un techo es, por tanto, la vivienda libre, cuyo valor tasado aumentó en España un 12,5%, de 2014 a 2019, mientras los precios de alquiler tuvieron un incremento aún más preocupante: un 49,3%, cuando el salario medio tan solo aumentó un 9,1% en ese periodo.

El acceso a la vivienda no se limita a la capacidad económica: depende también de una serie de garantías cada vez más exigidas por los arrendadores, como demostrar una determinada estabilidad laboral –en 2019 el número de contratos temporales suponía el 26,3% del total, según la EPA–, o la necesidad de disponer de avales bancarios. Estos requisitos se antojan hoy aún más desorbitados para muchos, con casi un millón de personas acogidas a un ERTE, una tasa de paro mayor y la temporalidad disparada.

El 36% de las familias españolas consumieron todos sus ahorros durante el confinamiento

«Nosotros trabajábamos en el mercadillo, apenas teníamos ingresos y mucho menos una nómina o un banco que nos avalara», cuentan Julieta y Benjamín, ella argentina y él uruguayo, un matrimonio que se mudó a Tenerife hace 20 años y ha sido golpeado por las sucesivas crisis. Hace medio año los desahuciaron de un piso que subarrendaban porque el arrendatario principal había dejado de pagar al propietario. «Vivíamos de okupas sin saberlo. Fuimos víctimas de un fraude», explican.

Se plantearon irse a vivir a su coche con sus tres hijas, pero en el último momento accedieron a un piso a través de Provivienda. «La vivienda social nos da legalidad. Si no lo tuviéramos, tendríamos que okupar otra casa, lo que sea antes de acabar en la calle con nuestra niñas», reconocen. Y añaden: «El problema es que, con mucha facilidad, el sistema te escupe, y es entonces cuando pasamos a ser ilegales, porque nos quedamos por debajo de la línea. Ya veíamos esta brecha, esta desaparición de la clase media en nuestros países cuando nos vinimos. Ya lo conocemos, y ahora empezamos a ver lo mismo en España».

Elena es otro ejemplo de lo frágil que se ha vuelto el suelo que pisa la clase media. Llegó a Madrid desde Valencia con sus tres hijos después de tener «graves problemas» con el padre de los niños. Enlazó varios trabajos como cocinera, aunque los ingresos terminaron siendo insuficientes para afrontar su alquiler y, justo antes de la pandemia, fue víctima de un desahucio. «Si no hubiera accedido inmediatamente después a una vivienda social, no podría haber asumido el ERTE en el que estoy ahora. Solo cobro 450 euros al mes, pero el alquiler me sale a 130. Con el resto hago encaje de bolillos para los gastos de luz y agua y alimentar a mis hijos, pero al menos, llego», cuenta esta madre soltera de 42 años.

La vivienda social toma, cada vez más, el relevo al colchón familiar, pero sigue siendo escasa mientras entramos en un escenario de precariedad en el que cada vez será más necesaria. «Cuando una persona no puede pagar el alquiler, no tiene a su alcance servicios públicos de vivienda y acude a su familia y luego a servicios sociales. Esto no pasa en el caso de la salud o el empleo, donde sí acuden a servicios especializados y específicos», explica Gutiérrez. La solución, según el director general de Provivienda, pasa por la integración intersectorial entre la política de servicios sociales y la política de vivienda y urbanismo. «Pero estamos aún muy lejos. Generar esa alianza estratégica no va a ser fácil», advierte.