Salud

Ya sabemos por qué no te gusta la comida del hospital

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16
Nov
2018
alimentados

La compra pública del Estado supone el 20% del PIB español. De todo este montante, unos 3.000 millones están destinados a la adquisición alimentaria, esto es: más del 10%. Un negocio jugoso, sin duda, que en algunas ocasiones, queda en manos de unos pocos: casi el 60% del total de la compra pública alimentaria se adjudica a cinco multinacionales. Esto tiene un motivo: el principal criterio de licitación son los bajos costes. Y esto repercute en amplios sectores de la sociedad civil que están peor alimentados de los que debieran.

Solo las grandes empresas tienen capacidad para tirar los precios. Esto supone dos prejuicios, íntimamente relacionados. Por un lado, la mayoría de los alimentos que terminan en los comedores escolares públicos, hospitales, centros sociales o penitenciarios, son procesados, y de una calidad discutible. Por el otro, los pequeños productores de proximidad, muchos de los cuales están llevando a cabo una labor de transformación de los medios tradicionales a los ecológicos, quedan fuera de la cadena de distribución. Los dos eslabones más débiles están en los extremos: los consumidores y los productores. Los intermediarios  son los que juegan con los precios.

Aunque ya hay algunas regiones en la que se está enderezando esta situación, como Aragón o Canarias, hay otras en las que sigue estática, como en la Comunidad de Madrid, aun cuando las directivas europeas sobre contratación pública ya exigen más criterios que el mero precio, como los sociales, los medioambientales, y los de proximidad.

Para lograr un cambio en la legislación de licitación pública en Madrid, una docena de organizaciones representantes de distintos sectores (agricultores, ecologistas, salud pública, centros escolares, consumidores, investigadores y expertos en alimentación saludable) han presentado un manifiesto con el que instan a las administraciones a promover la compra de alimentos destinados a servicios públicos con criterios de sostenibilidad, sobre el que pivota su campaña lanzada en change.org.

«Podemos arruinar a un sector local, de pymes, que abastece de esos alimentos», ha advertido en la presentación Ivanna Martínez Baquero, de AGIM COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), y ha puesto un ejemplo: «El precio de un menú en un comedor de una escuela infantil es de 4,88 euros, pero de esa cantidad, apenas uno corresponde al alimento. El resto se dirige al personal, control de sanidad, etcétera. Esto supone que hay variaciones de hasta del 800% en la diferencia de lo que se le paga al productor, y lo que paga el consumidor. Esto supone que muchos alimentos se venden por debajo de su precio de coste».

Casi 3.000 millones anuales se destinan a compra pública de alimentos

Esta iniciativa, lo que pretende, es que el sobrecoste que supone optar por alimentos más saludables, ecológicos y de proximidad, lo asuman diferentes estamentos públicos, de una forma transversal. En este sentido, Gustavo Zaragoza, secretario de AMASAP (Asociación Madrileña de Salud Pública), ha explicado: «Hay que tener en cuenta que muchas veces, limitarse a alimentos procesados de baja calidad produce gastos que repercuten a nuestro sistema sanitario. No solo por la peor calidad de los alimentos, motivo de la creciente tasa de obesidad infantil y otras nuevas enfermedades crónica, sino también por el estrés que arrastran las peores condiciones de trabajo de los productores». Abel Esteban Cabellos de GARUA (Proyecto Alimentar el Cambio) ha añadido que una manera de contener el coste es reducir la excesiva cantidad de alimentos de origen animal que se destina a los centros públicos: «Son más caros, de modo que así se podría aumentar la proporción de verduras y hortalizas de origen sostenible».

En realidad, gran parte del camino ya está hecho: la Comunidad de Madrid no tiene más que acogerse al marco legal estatal, la Ley de Contratación Pública de 2017, que ya traspone la legislación europea, como ha informado Tamara Montero, de Justicia Alimentaria: «Siguiendo esos criterios, en estos nuevos contratos se deberían priorizar esa disparidad de criterios que buscamos, no solo el precio. Y es un paso, además, necesario para cumplir con la Agenda 2030 de los ODS».

En esta línea, lo dos grupos medioambientales intervinientes (Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra) han advertido de que las macroproducciones de alimentos que ejercen las multinacionales son altamente nocivas para el medio ambiente, y uno de los claros motivos del cambio climático: «Mientras se siga priorizando un precio bajo, se estarán fomentando los sistemas de producción masiva, con el uso de fertilizantes y otros elementos que dañan el entorno. En nuestra mano está cambiar los modelos de producción, que sean más respetuosos con el planeta».

Si este manifiesto llega a buen puerto, sin duda será un gran paso en esta dirección. La Comunidad de Madrid es una de las más pobladas, y por tanto, de las que acapara un mayor porcentaje de compra pública de alimentos.

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