Traficantes de dignidad

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Luis Meyer

El documental arroja unas cifras espeluznantes: «Cada año entran en España entre 40.000 y 50.000 jóvenes para ser explotadas sexualmente, de muchas maneras y por muy diversos procedimientos criminales. En Europa son 500.000. En todo el mundo, casi 3.000 millones las personas sometidas a trata y tráfico», explica María Herrera, codirectora, junto con Álvaro Moles, de Sobrevivir a la trata.

«Cuando la víctima escapa de una red de explotación sexual no encuentra «un final feliz»», prosigue Herrera, «sino que tiene que superar lo que es a ojos de la sociedad: una mujer, una inmigrante, una prostituta. Y cuando una mujer logra rehacer su vida fuera de la trata, se convierte en superviviente, como Amelia, la protagonista de nuestro documental».

Según el ministerio del Interior, tenemos que remontarnos a la época esclavitud para encontrar por primera vez la expresión «trata de blancas», una práctica prohibida desde el principio para las mujeres blancas, no así el resto de razas o nacionalidades que no pudiesen ser entendidas con ese dudoso término tonal. Sin embargo, ya en el siglo pasado, se originó el fenómeno de la trata de mujeres blancas para su prostitución en distintos lugares del mundo. Hoy, este término se ha extendido y se usa sin distinción de color o raza: «Se trasladan mujeres y personas de cualquier parte del mundo a cualquier parte del mundo, y con diferentes fines: explotación sexual, laboral, de mendicidad, de tráfico de órganos…», explica Herrera.

La realizadora, no obstante, advierte de que no hay que confundir el tráfico con la trata, algo bastante habitual. En el primer caso existe un acuerdo voluntario entre el migrante y el traficante, mientras que si hablamos de trata, no hay consentimiento por parte de las víctimas o lo hay, pero inválido porque se ha dado bajo el engaño, abuso y la coacción. En el tráfico, además, el pago se realiza por adelantado. En la trata, el pago comienza cuando la persona es explotada. La explotación de las víctimas en el lugar de destino supone la fuente de ingresos para la red de trata, con la que se contrae una deuda. Finalmente, la relación entre traficante y migrante termina una vez llegado al destino, mientras que la relación entre el tratante y la víctima es mucho más prolongada, generalmente una vez llegada al destino se inicia o continúa la explotación. Y a la víctima se le incautan sus documentos de identificación para coaccionarla.

La detección, clave

«Dado el elevado número de casos de mujeres víctima de trata de distinta procedencia, es complicado dibujar un abanico amplio de contextos donde se debe realizar la detección», explica Herrera, y enumera: «tanto en vías aeroportuarias, como en fronteras marítimas donde se pueden detectar víctimas en tránsito o recién llegadas a España como destino de su explotación». Es importante llevar un control exhaustivo en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). «Podemos tener víctimas de trata que hayan sido detenidas por la calle, y llevadas a uno de estos centros, donde se está preparando su devolución. Necesitamos que las autoridades, que los funcionarios se pongan las gafas de ver, y tengan esta visión e intenten detectar indicios de posibles víctimas de trata», reclama Herrera, y advierte: «Si no existe una detección inmediata de una posible víctima de trata, la mujer corre un serio riesgo de ser deportada y devuelta a la misma realidad en la que fue captada».

Diversas ONG como Amaranta, Save The Children o Médicos del Mundo coinciden en afirmar que es insuficiente la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado, y demandan más recursos. Así lo reconocen en la propia Guardia Civil. La realizadora entrevistó al capitán Vicente Calvo, del Grupo de Delitos Contra las Personas. «Como cualquier agente de la autoridad, como cualquier trabajador, lo que voy a requerir son más recursos tanto materiales como personales», le desvelaba el policía.

En la detección hay una figura más formada y con una posición privilegiada: las trabajadoras y trabajadores sociales que están en contacto constante con las posibles víctimas, y que no suscitan en ellas un sentimiento de inseguridad. Esta figura se encarna en las ONG, y más concretamente en las mediadoras, mujeres, a menudo supervivientes de la trata o la prostitución, que colaboran con estas organizaciones y se mueven en contextos de detección de víctimas de trata. «Se debe abrir el debate, ahora que surge la posibilidad de regular el tema con una Ley Integral, de si quienes deben detectar a las víctimas son los miembros de las ONG», reclama Herrera. «Es decir, se debe plantear si tiene que fijarse por Ley la obligatoriedad de que haya miembros de ONG en los posibles focos de detección: aeropuertos, puestos fronterizos, hospitales, CIE…. al igual que los únicos con potestad de identificar a la mujer son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En la actualidad existe una estrecha colaboración entre ambos agentes sociales, pero esta colaboración no está fijada por ley y se da por inercia, por años de trabajo en los mismos lugares y por voluntad entre ambas partes».