Derechos Humanos

Acaparadores de tierras, acaparadores de vidas

Existen más de 100 millones de hectáreas de campos de cultivo en África y Latinoamérica en manos de inversores extranjeros destinadas a la producción alimentaria y de biocombustibles.

Artículo

Luis Meyer
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23
Feb
2017

Hace escasos días sucedió un hecho que pasó desapercibido en los medios de comunicación y, por ende, para la mayoría del mundo. El Gobierno brasileño impulsó una ley que permitirá a los extranjeros comprar 100.000 hectáreas de tierras productivas (unos mil kilómetros cuadrados) para la industria de la celulosa, la agricultura y la ganadería. El presidente Michel Temer, recientemente subido al poder tras desplazar a Dilma Rousseff por un caso de corrupción cuya implicación aún no se ha esclarecido, tardó muy poco en desmontar las políticas sociales aplicadas por su antecesora en el cargo, como las medidas de inclusión o ayuda a la vivienda, alegando «exceso de gasto» y la necesidad de «impulsar el desarrollo económico del país». También las de protección de las clases desfavorecidas, entre ellas la comunidad agraria. De corte abiertamente liberal en lo económico, Temer nunca ha ocultado su afán por dar alas a las empresas, nacionales y extranjeras, y por privatizar sectores y dejar que sea el mercado el que ponga las cosas en su sitio.

Solo en África, se han acaparado en la última década 75 millones de hectáreas

La última medida del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), aferrado al dicho «no se le puede poner puertas al campo», es solo una de las consecuencias del viraje político de Brasil. «Vamos a liberar la venta de tierras a inversores extranjeros para que tengan seguridad jurídica para invertir en el campo brasileño», dijo a la agencia de noticias argentina Télam el diputado Newton Cardoso. Aunque el nuevo Gobierno insiste en que no admitirán la especulación y existirá un control sobre sus futuros propietarios foráneos, incluidas medidas para regiones protegidas como la selva amazónica (que no van concretadas en la ley), organizaciones por el medio ambiente como Greenpeace e incluso un amplio sector de las Fuerzas Armadas se oponen «por la deforestación y la comercialización del uso del suelo, medio de subsistencia de millones de brasileños, de modo que debería ser considerado un asunto de soberanía nacional».

Por mucho que el Gobierno lo quiera vestir de impulso al desarrollo económico, la realidad es que Brasil es, después de Estados Unidos, el segundo productor mundial de soja y de maíz, y líder absoluto en producción de carne procesada, lo que motivó, hace casi una década, que China se convirtiera en su principal socio comercial. «Están haciendo lo mismo que con la industria petrolera, entregando patrimonio nacional. Brasil perderá autonomía en la producción de alimentos y en la energía, ya que la producción agrícola es también fuente de biocombustibles», advierten desde el opositor Partido de los Trabajadores (PT).

La compañía de seguros estadounidense AIG ya ha invertido 65 millones en la explotación de terrenos agrarios en Latinoamérica

El de Brasil es el último capítulo de un fenómeno reciente conocido como acaparamiento de tierras, que se refiere a un nuevo ciclo mundial basado en la apropiación de extensiones agrícolas, que se inició a partir de la crisis alimentaria de 2008. Solo dos años después, la organización internacional sin ánimo de lucro GRAIN, que apoya a campesinos y agricultores a pequeña escala e impulsa los sistemas alimentarios basados en la biodiversidad, denunció más de un centenar de casos de acaparamiento. En 2012 ya era medio millar, y abarcaban a cerca de 35 millones de hectáreas de tierra en 66 países. Hoy supera con creces los cien millones. La mayoría, en África y Latinoamérica, dos continentes que aúnan las dos espitas que liberan este fenómeno: pobreza y riqueza agrícola. Desde Ecologistas en Acción, no obstante, advierten de que nadie se libra de la metástasis acaparadora: «Cada vez hay más casos en Asia y partes de Europa, como Polonia y Rumanía». Según datos de la propia Unión Europea, la mitad de la superficie agrícola de nuestro continente está en manos del 3% de las fincas propietarias. El índice Gini, que mide la redistribución de la tierra, alerta de que en España estamos al mismo nivel de inequidad que Brasil y Colombia. Tal y como advierten desde la ONG Mundubat, «con especial incidencia en Andalucía y Galicia, regiones conocidas por su latifundismo histórico».

acaparamiento-tierras

Jonas Gratzer

Desde Naciones Unidas ya advirtieron hace tres años que el acaparamiento de tierras es un fenómeno inevitable, sencillamente, por un tema de subsistencia global: la inversión privada en los países menos desarrollados necesitará incrementarse un 50% ciento para poder alimentar a una población mundial que se espera alcance nueve mil millones de personas en 2050. «Para que estas inversiones sean sostenibles a nivel social, económico y político, deberían basarse en contratos equilibrados y asociaciones que salvaguarden los intereses de todas las partes implicadas», opinaba Jacques Diouf, director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y añadía: «Las inversiones extranjeras en los países menos desarrollados deberían suponer una contribución real a su crecimiento a través de la transferencia de tecnología, la creación de empleo y los ingresos añadidos».

Fondos de inversión y campos de labranza: el matrimonio de moda

Como están demostrando los hechos, por el momento ese desiderátum es solo una utopía. No es casualidad que ya existan más de 500 asociaciones campesinas activistas que se oponen al acaparamiento de tierras. «Las comunidades de todo el mundo», denuncian desde GRAIN, «están sufriendo una renovada invasión de sus campos productivos, que asume ahora un nuevo rostro. No son los terratenientes de antes, ni los grandes finqueros de los últimos dos siglos, que expandieron sus dominios a costa de los territorios de los pueblos indios para emprender negocios de exportación con monocultivos básicos como la caña de azúcar, el café, o el cacao, imponiendo sistemas de servidumbre. Como demuestra el caso de Latinoamérica, ahora son los inversores extranjeros, que han acaparado en pocos años millones de hectáreas de tierras de cultivo para producir alimentos o agrocombustibles y exportarlos». Las consecuencias son despoblaciones, merma de recursos propios básicos, deforestación y el rompimiento de los ciclos en los ecosistemas que supone la irrupción de monocultivos, con devastadores impactos medioambientales. Situaciones que suelen sufrir las pequeñas comunidades, en concreto las más vulnerables, por las decisiones de actores lejanos y absolutamente ajenos a ellas. Para muestra un botón: según un estudio de GRAIN, en Latinoamérica la mayoría de las inversiones agrarias provienen de fondos de pensión, bancos, grupos de inversión privada de Europa y Estados Unidos, o de individuos con gran liquidez como George Soros, y el dinero fluye a tierras de cultivo que, repentinamente, operan mediante empresas extranjeras y locales, dependientes de aquellas. Cosan, uno de los mayores grupos económicos privados de Brasil, cuenta con un fondo de inversiones especializado en tierras de cultivo. Radar Propiedades compra tierra agrícola brasileña a nombre de clientes como la estadounidense Teachers’ Insurance and Annuity Association-College Retirement Equities Fund (un fondo de pensiones del profesorado). El grupo Louis Dreyfus, una de las mayores multinacionales del mundo en el comercio de granos, dispone de un fondo similar en el que American International Group (AIG), líder mundial de seguros y servicios financieros, ha invertido ya 65 millones de dólares.

Tampoco Europa se libra: la mitad de la superficie agrícola del continente está en manos del 3% de las fincas propietarias

En África, como denuncian en Manos Unidas, ya se han acaparado 72 millones de hectáreas, con la mayor incidencia en Etiopía, Mozambique, Ghana y Uganda. Los principales inversionistas proceden de lejos: Italia, Noruega, Alemania y Dinamarca. Lázaro Bustince, director de Fundación Sur, plataforma que defiende, entre cosas, el comercio justo en África, advierte: «La Unión Europea ha expropiado cinco millones de hectáreas solo para dedicarlas al cultivo de agrocombustibles, esto es, caña de azúcar, arroz y maíz, y ha tenido como consecuencia el desplazamiento de millones de agricultores de sus tierras ancestrales; la destrucción de la agricultura tradicional con las consecuentes hambrunas; la escasez y encarecimiento de alimentos, la destrucción del medio ambiente y la deforestación, y la consecuente escasez de agua». Según Bustince, la solución a este escenario pasa por «promover una educación ética y cívica, modernizar la agricultura tradicional, potenciar los movimientos por los derechos humanos y fortalecer a la sociedad local, y exigir líderes íntegros capaces de presionar a las organizaciones internacionales». Por desgracia, son medidas a largo plazo, empezando por la educación. Y el acaparamiento de tierras que suponen el sustento de cientos de millones de personas es un fenómeno veloz y, por el momento, imparable.

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