Naturaleza a la venta

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Juantxo López de Uralde

@JUralde

En España hemos avanzado mucho en la valoración y aprecio de nuestro patrimonio cultural. Pese a la magnitud de la crisis, nadie se plantearía vender El Gernika o Las Meninas. Si se hiciera, sería objeto de una intensa oposición. Por desgracia, no ocurre lo mismo con el patrimonio natural pese a que albergamos una riqueza sin parangón en el resto de la Europa occidental. La puesta en venta por parte del Ministerio de Agricultura de la finca pública La Almoraima, posiblemente una de las mejores fincas de toda España con el 90% del terreno en el Parque Natural de Los Alcornocales (Cádiz), pone en evidencia el carácter secundario que el Gobierno da al mantenimiento de nuestra riqueza natural.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha también ha reconocido que está valorando poner a la venta una parte muy importante de los montes de Utilidad Pública propiedad de esta comunidad autónoma, así como de otros espacios forestales de su titularidad. Según datos de la organización conservacionista SEO/Birdlife, de los 228 montes de utilidad pública existentes en Castilla-La Mancha, que protegen una superficie de 170.471 hectáreas, el Gobierno ha identificado 57 susceptibles de venta, que suman una superficie total de 40.038 hectáreas.

El caso de La Almoraima es un nuevo ejemplo de ladrillismo frente a Naturaleza. Lo que de verdad se pretende hacer en ella es construir un resort de lujo, con hoteles y campos de golf incluidos. Parece que los que toman las decisiones no han entendido todavía que no saldremos de la crisis aplicando los mismos criterios que nos llevaron a ella. La naturaleza salvaje es un recurso más valioso en este momento que cualquier proyecto urbanístico, aunque sólo sea por ser mucho más escaso.

Esta nueva desamortización llega en medio de fuertes recortes a los presupuestos destinados a las políticas de conservación del medio ambiente en España. En sólo dos años los fondos destinados a la conservación de la naturaleza del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente se han reducido de manera brutal hasta en un 50%. Pocos departamentos han sufrido unos recortes de este calibre, que son muestra de una falta de voluntad política escandalosa.

No faltará quien piense que con la que está cayendo, dedicar recursos a la protección del medio ambiente es un lujo que no nos podemos permitir. Nada más lejos de la realidad. Pensemos lo que supone para España bajar la guardia en materia de incendios forestales o las consecuencias en ese mismo ámbito de que la guardería forestal desaparezca, o no pueda movilizarse por falta de dinero para combustible. Eso está ocurriendo.

La diversidad de espacios naturales y de especies únicas que alberga nuestro territorio es enorme. Su preservación no necesita de mayor justificación que el valor intrínseco que suponen. Pero aportan además servicios de un valor incalculable, como el agua, el aire o el paisaje. Nada puede justificar que las Administraciones públicas renuncien, como lo están haciendo, a su obligación de defenderlos frente a cualquier interés económico.