La sociedad se moviliza para proteger el litoral español

La sociedad civil española ha lanzado la plataforma No a nuestra costa, que pretende proteger el litoral español y defender la Ley de Costas en vigor, que data de 1988, y sobre la que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha anunciado una revisión.

Entre los miembros de la nueva plataforma -presentada este miércoles- figuran un centenar de organizaciones procedentes de distintos campos como ecologistas, académicos, juristas o sindicatos, que buscan promover un modelo sostenible de desarrollo en el litoral.

Concretamente, la iniciativa ha sido puesta en marcha por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, GOB, SEO/Birdlife y WWF, ante los «reiterados intentos» de reformar la citada norma, ya que consideran que la Ley de Costas es «una garantía» para la conservación de los ecosistemas litorales, el uso público en la costa y contra la especulación urbanística.

Además, figuran decenas de organizaciones ecologistas, del sector social y económico, y reúne a empresas de turismo activo y naturaleza, asociaciones de vecinos del litoral, departamentos de diferentes universidades, la Asociación de Jueces para la Democracia, formada por más de 500 jueces, el Foro de Turismo Responsable, la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC) u organizaciones sindicales.

No a nuestra costa tiene vocación de movimiento ciudadano y apartidista que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y libre de la costa española, así como la conservación del litoral. Desde la plataforma insisten en que esto es «fundamental» para la actividad económica sostenible a largo plazo e insiste en que la aplicación correcta de la Ley de Costas, sin duda, ha de conjugar la conservación y el desarrollo económico.

Asimismo, junto con la presentación de la plataforma, estas organizaciones han lanzado también una campaña de movilización ciudadana para que a título personal apoyen la validez de la Ley de Costas actual.

En este contexto, recuerdan que en las dos últimas décadas, la costa española ha perdido una superficie similar a ocho campos de fútbol al día y destacan que una costa mal conservada cuesta «miles de millones de euros cada año» de un dinero público que se destina a la restauración de paseos marítimos, playas infraestructuras costeras y al control de vertidos en una espiral de gasto sin fin.

Por ello defienden una aplicación de la Ley de Costas «estricta, sin rebajas» que elimine las construcciones ilegales y que compense a los propietarios que son «víctimas» de la mala gestión administrativa (estudiando caso por caso). En definitiva, critican que con la reforma de la Ley de Costas, en los términos planteados por el Gobierno, donde solo unos pocos se verían favorecidos, implicaría un enorme coste que pagaríamos todos con el dinero de nuestros impuestos.