La misión de las zonas de bajas emisiones

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Ángel Sampedro Rodríguez

En marzo de 2025, la Asamblea Nacional francesa decidió abolir las zonas de bajas emisiones (ZBE) en el país argumentando que perjudican especialmente a los hogares con menos ingresos, mientras que aquellos que pueden costearse vehículos eléctricos o híbridos enchufables, se ven beneficiados.

Esta noticia, unida a las aparecidas durante 2024 y lo que va de 2025 sobre sentencias en contra de ZBE en España –como ha sido el caso de Madrid, Barcelona o Tenerife entre otras–, ha creado un ambiente de opinión según el cual esta figura de ordenación urbana, prevista para contribuir a mejorar la calidad de vida en las ciudades y mitigar el cambio climático impulsando una movilidad más sostenible y la recuperación del espacio público, tendría sus días contados.

En opinión del autor, no tendría mucho sentido eliminarlas, aunque sí debería servir para reflexionar sobre cómo mejorar las ZBE. Las sentencias emitidas sobre las ciudades españolas destacan la falta de estudios previos y la severidad de las restricciones impuestas, afectando especialmente a los usuarios más vulnerables sin capacidad económica para cambiar de vehículo.

En España, las ZBE se regulan por la Ley 7/2021 y el Real Decreto 1052/2022, y tienen el objetivo de mejorar la calidad del aire y mitigar del cambio climático en las ciudades, promoviendo, además, medidas contra el ruido en zonas con problemas de calidad acústica, el cambio modal hacia modos de transporte más sostenibles y la eficiencia energética en la movilidad urbana.

A pesar de ser obligatorias desde diciembre de 2022, actualmente solo 52 de 151 municipios afectados por esta normativa las han implantado, una tercera parte del total, y con niveles de éxito muy heterogéneos. Pocas cumplen los requisitos y no hay estudios concluyentes sobre su impacto en la emisión de gases de efecto invernadero, aunque han mostrado mejoras en los niveles de contaminación y ruido.

Actualmente solo 52 de 151 municipios afectados por esta normativa las han implantado

Estas zonas de bajas emisiones, además de estar integradas dentro de planes de movilidad urbana sostenible (PMUS), una figura mucho más completa e integral que lo anterior, deben estar coordinadas con el resto de figuras de ordenación urbana y territorial, pasar por unos procedimientos previos de estudio, y funcionar bajo un sistema de monitorización y seguimiento continuo que permita evaluar la eficacia de las medidas adoptadas y el cumplimiento de los objetivos establecidos para, llegado el caso, modificar su planteamiento, en cualquier sentido.

Este sistema de seguimiento también debe abarcar las zonas colindantes a las ZBE, con el objeto de detectar posibles efectos adversos debidos al denominado «efecto frontera», como el que se produce en las zonas limítrofes a las restricciones del aparcamiento.

Otro de los efectos adversos que estas medidas pueden tener es el de perjudicar a la industria europea del automóvil, que representa el 7% del PIB de la Unión Europea y la imposición de vehículos cuyo análisis del ciclo de vida integral no es tan positivo como el que ya tienen los motores de combustión de última generación utilizando biocombustibles.

Medidas como la modernización del transporte público, la distribución urbana de mercancías (DUM) y los parkings disuasorios también contribuyen a la movilidad sostenible. La inversión en ZBE, de 40 a 60 euros por habitante, es asumible con planificación y colaboración público-privada.

El retraso en su estudio e implantación ha impedido que gran parte de los municipios afectados hayan podido aprovechar los 1500 millones de euros en ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), gestionado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible durante los años 2022 y 2023.

Dejando claro que esta figura de ordenación urbana carece de sentido si no se integra con el resto de estudios y figuras ya citados, que deben estudiarse y corregirse los posibles efectos adversos, y que su sostenibilidad debe ser integral, considerando todos los aspectos económicos, sociales y ambientales en cada caso, las ZBE pueden suponer un instrumento adecuado para mejorar la calidad de vida en las ciudades, con la tecnología como un medio, no como un fin.

Ángel Sampedro Rodríguez es director Área de Ingeniería y Arquitectura en la Universidad Alfonso X el Sabio