El TTIP: ¿oportunidad o amenaza?

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Laura Zamarriego

@LZamarriego

Lo llaman TTIP, TAFTA o ACTI. Una nube de acrónimos que responden a un mismo concepto: el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones. Y a un mismo propósito: crear el área comercial más grande del mundo, con 800 millones de consumidores. A ello se dirigen las negociaciones que, mano a mano, cocinan Estados Unidos y Europa. Dos importantes bloques económicos con tradiciones regulatorias bien distintas.

No en vano, la posible aplicación de este tratado ha traído consigo opiniones encontradas. Sus defensores alegan que la liberalización de servicios facilitaría el crecimiento y que la desregularización del control financiero favorecería la inversión. Para sus detractores, sin embargo, se trataría de un “caballo de Troya” que definiría un orden legal por encima de derechos sociales y medioambientales. La Unión Europea asegura que en ningún caso se negociaría en contra de las leyes vigentes de cada país, pero los recelos persisten.

Uno de los puntos más controvertidos del tratado es el referente a la inclusión de tribunales de arbitraje como mediadores ante un posible conflicto empresa-Estado (conocidos como ISDS). En concreto, esta cláusula permitiría a una multinacional demandar a un Estado ante un Tribunal de Arbitraje Internacional si considera que una nueva ley perjudica sus intereses económicos, pudiendo condenar al país en cuestión a pagar una indemnización. Además, sus sentencias son inapelables, y no están integrados por jueces sino por abogados de firmas privadas. Mientras Estados Unidos ve la creación de estos tribunales como una labor de obligado cumplimiento, los sectores más escépticos europeos apuntan a que este mecanismo jurídico favorecería los intereses de los grupos de presión empresariales por encima de los de las propias naciones.

“Significaría cargarse los fundamentos de la democracia liberal, desproveer a los países de su soberanía, dejando el poder a oscuras fuerzas privadas. Es un acto de piratería”, denuncia  Xavier Caño Tamayo, miembro de Attac. Por su parte, Juan Ramón Rallo, economista y director del Instituto Juan de Mariana, asegura que la soberanía estatal no es más que la “ficción sobre la que se asienta el Estado moderno”. “Debemos avanzar hacia sociedades con jurisdicciones múltiples, competitivas y entrecruzadas: una verdadera democracia social donde el poder último no esté concentrado en el Estado, sino redistribuido igualitariamente entre todos los sujetos”, sostiene. “Y eso pasa, entre otras cosas, porque los Estados acepten someterse a tribunales de arbitraje en condiciones de igualdad con la otra parte para resolver las controversias en las que han participado”. Con todo, ese transvase todavía no está decidido. Y es durante este proceso, a la espera de una resolución, donde “la vigilancia de las organizaciones ciudadanas, de los Estados miembros y del Parlamento Europeo se vuelve absolutamente esencial”, puntualiza Ángel Viñas, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid.

En realidad aparatos arbitrales similares ya están vigentes en otros tratados. Muchos Estados se han visto obligados a desembolsar sumas ingentes de dinero público a multinacionales que los denunciaron amparándose en los ISDS. En 2012, por ejemplo, Ecuador tuvo que pagar 2.300 millones de dólares a la estadounidense Occidental Petrolerum después de que un tribunal de arbitraje (el consultorio LeBoeuf, Lamb, Greene & MacRae, LLP, vinculado al sector) concluyera que poner fin al contrato de esta petrolera equivalía a una expropiación. Otro caso es el de Eslovaquia, que se vio obligada a pagar a la empresa aseguradora holandesa Achmea 29,5 millones de euros, el equivalente a todo su presupuesto en Sanidad, cuando el nuevo gobierno elegido decidió revertir el proceso de privatización del sistema sanitario. O la tabacalera Philip Morris, que demandó a Uruguay y a Noruega por las medidas adoptadas para proteger a sus ciudadanos frente a los riesgos derivados del consumo de cigarrillos. Egipto, por su parte, aún espera el resultado arbitral después de que la multinacional francesa Veolia denunciara en 2013 al Estado por sentirse perjudicada tras el aumento del salario mínimo de 41 euros mensuales a 72. Los datos que ofrece la ONU revelan que, a pesar de todo, no siempre la empresa sale ganadora: en 2013 se dictaron un 43% de sentencias a favor de los gobiernos. Por lo tanto, la novedad del TTIP no radicaría en la mera existencia de estos tribunales, sino en las gigantescas dimensiones del área comercial donde sería aplicado.

Impacto económico

«El TTIP destaca por su valor geopolítico más que por sus características beneficiosas en la economía europea o estadounidense», ratifica el especialista en Geografía Humana Albert Borràs Rius. Y es que Estados Unidos y la Unión Europea, en suma, representan casi el 50% del Producto Interior Bruto mundial, y las relaciones económicas entre los dos continentes generan un tercio de los flujos comerciales del planeta. Asimismo, la Unión Europea es el mercado que más invierte en Estados Unidos y su segundo proveedor mundial de bienes, sólo por detrás de China. Mientras, para Estados Unidos la Unión Europea es el segundo destino de sus exportaciones de bienes (después de Canadá), pero el primero para sus exportaciones de servicios. Con los datos hasta ahora disponibles, Emilio Ontiveros, presidente de Analistas Financieros Internacionales (Afi), predice que «serían las exportaciones estadounidenses a Europa las que más crecerían». «Entre ambos bloques -continúa- existen posibilidades de mejorar el acceso al mercado y una mayor armonización normativa».

Las suspicacias se deben, en definitiva, al temor de que el TTIP y sus principios de desregulación viniesen acompañados de una apertura de los servicios sanitarios, de la educación, del agua, del aumento del poder de las patentes, de la extensión de técnicas como el fracking, de las políticas de protección de datos o de la propiedad intelectual, entre otros. El hecho de que Estados Unidos no haya ratificado 70 convenios de la Organización Mundial del Trabajo en materia de derechos laborales hace engrosar las dudas. «La experiencia de los TLC (Tratados de Libre Comercio) nos dice que las ‘barreras no tarifarias’ o normativas se ‘armonizan’ mediante el mínimo divisor común», explica Borràs Rius: «Es decir, es más fácil crear un marco común rebajando las normativas de la región que contenga las legislaciones más rígidas y adaptándolas a las más laxas. Siguiendo esta línea, el TTIP rebajará la protección de los derechos laborales». En opinión de Juan Ramón Rallo, no hay razón para que el Estado tuviese que perder ninguna parcela de su poder público. «Esto es otro ejemplo de por qué deberíamos proceder con la apertura de fronteras bottom-up: libertad contractual entre las partes para que negocien y renegocien al margen de legislaciones estatales o supraestatales», propone.

En términos de crecimiento, los estudios más optimistas, como los de la Fundación Bertelsmann o de la propia Comisión, subrayan un crecimiento del entre el 0,5 y el 1% del PIB europeo (unos 119.000 millones anuales), y la suma de 545 euros anuales a la renta familiar de los europeos. Según los mismos, gracias al TTIP habrá creación neta de empleo, con 400.000 puestos de trabajo, de los cuales 150.000 corresponderían a España. Mucho menos animosas son otras previsiones, como las que ofrece la Universidad de Tufts (EEUU) a través de un informe elaborado por el investigador Jeronim Capaldo, que calcula que la UE perdería alrededor de 600.000 puestos de trabajo. Algunas voces buscan explicaciones a este baile de cifras: la UE destruiría empleo, pero éste se recuperaría al reorientar la producción hacia el mercado estadounidense.

En cuanto al capítulo de los servicios financieros, Ontiveros sostiene que, en principio, «no deberían existir reservas excesivas a la posibilidad de crecimiento de las inversiones directas entre ambos bloques, siempre que el marco general y normas específicas respeten derechos de consumidores y trabajadores a uno y otro lado del Atlántico, y no exista un desarme de los mismos. La referencia más exigente en esos ámbitos en cada uno de los bloques debería prevalecer, y no al contrario».

Derechos de los consumidores

Otra de las cautelas principales en ambos sectores se refieren a la «tentación de que se violen exigencias hoy asumidas en Europa que tratan de salvaguardar la salud e higiene de los consumidores», insiste Ontiveros. El riesgo que vislumbran diversas organizaciones de consumidores es la entrada en la UE de productos transgénicos o modificados genéticamente, que -estiman- el 70% de los productos que procesa EEUU los contienen. Lo cierto es que la UE es menos permisiva con hormonas del crecimiento o antibióticos. Precisamente los controles europeos sobre los disruptores endocrinos, que actualmente bloquean el 40% de las exportaciones de alimentos norteamericanos, están sobre la mesa de negociaciones. Un dato revelador junto al que se desprende de los cálculos de la OCU: la UE tiene vetados 1.328 productos en materia de cosméticos y EE UU, sólo 11.

Es aquí donde el poder de los lobbies actuaría directamente sobre el tablero. El Consejo Nacional de Productores de Cerdos de EEUU, por ejemplo, ha publicado sus exigencias al TTIP: pide que se retire la prohibición de la ractopamina (una hormona de crecimiento empleada en animales) en la UE, ya que “no tiene sustento científico”. En el sector agrícola, además de la rebaja de los aranceles, hay que sumar que EEUU solicita la eliminación del etiquetado de las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas Protegidas porque esto impediría a las empresas americanas producir, por ejemplo, vino de Rioja o queso de Roquefort, afectando así a la libre competencia. En este sentido, una alternativa sería “advertir en el etiquetado de que este producto americano entra sin barreras”, declaró Francisco Fonseca, director de la representación de la Comisión Europea en España. Y añadió que consistía en “darle responsabilidad al consumidor”. Lola Sánchez, eurodiputada por Podemos lamentó que esta “oportunidad para fijar los estándares del comercio internacional” a la que se refirió Fonseca no era más que “la Constitución de las multinacionales”.

En este sentido, el debate se extiende en torno a cuáles serían los verdaderos ganadores de la aplicación del TTIP. ¿El poder de los lobbies supondría una amenaza para el acceso de las pequeñas y medianas empresas al mercado? Ángel Saz-Carranza, Director de ESADEgeo-Center for Global Economy and Geopolitics, apela a «un espacio común transatlántico gobernado de manera transparente y correcta en favor de aquellos actores sin suficientes recursos para sobrevolar las barreras administrativas existentes hoy en día», es decir, las pymes. Contrariamente, Aldo Caliari, director de Rethinking Bretton Woods Project del Center of Concern (Washington DC), declara que el TTIP «beneficiará de forma clara a las grandes corporaciones, que tendrán más capacidad de integrar su producción vertical y horizontalmente a mayor escala, lo cual hará mas difícil participar en el mercado a nuevos integrantes».

Los principales grupos de presión también cumplen su función en el proceso de negociaciones. «Se sabe que los lobbies privados son los más consultados. Cerca del 90% de las consultas de la UE se dirigen a los lobbies privados. En cambio, los lobbies sociales están marginados», asegura Borràs Rius. Una realidad que corrobora el Corpotare Europe Observatory: según sus cálculos, antes de empezar las negociaciones para el TTIP, la UE hizo 120 consultas. De éstas, solamente 19 fueron a organizaciones sociales o ecologistas; el resto, a empresas y bancos. En total, 269 lobbies del sector privado fueron consultados entre 2012 y 2013. Varias filtraciones de organizaciones como Wikileaks, Fíltrala o Greenpeace han puesto en tela de juicio el carácter confidencial de las negociaciones. La reconocida politóloga estadounidense Susan George alude al efecto Drácula: «Si sacamos el vampiro a la luz del día, retrocede y se muere», dice, en referencia a que la ciudadanía nunca aceptaría sus términos.