El incendio de Los Gallardos (Almería) ocurrido el pasado 9 de julio ha provocado una tragedia de enorme impacto humano y social. Más allá de las cifras provisionales de fallecidos, desaparecidos y heridos, y de las circunstancias concretas del suceso, que deberán ser aclaradas por la investigación oficial, esta tragedia plantea una pregunta de mayor alcance: ¿seguimos utilizando los indicadores adecuados para medir la gravedad de los incendios forestales?
Tradicionalmente, el balance de una campaña se ha basado principalmente en el número de incendios registrados, la superficie quemada y la capacidad de los servicios de extinción para controlar las llamas. Estos indicadores siguen siendo imprescindibles, pero resultan insuficientes cuando el fuego alcanza territorios habitados y pone en peligro directamente a la población.
En un contexto de cambio climático y estrés territorial, el objetivo principal de la gestión de una emergencia ya no está únicamente en apagar el incendio a través de la suma de medios técnicos, sino en que no haya víctimas mortales.
Andalucía venía de campañas favorables
Los datos oficiales del Plan INFOCA, el instrumento de la Junta de Andalucía para la defensa contra los incendios forestales, muestran que esta comunidad ha mantenido durante el último quinquenio una capacidad de respuesta operativa elevada.
Entre 2021 y 2025, el número de intervenciones forestales osciló entre las 613 y las 876 anuales, sin una tendencia claramente creciente. Del mismo modo, el porcentaje de conatos se mantuvo en valores elevados, entre el 75,5% y el 82%. Esto significa que aproximadamente cuatro de cada cinco incendios fueron controlados antes de superar una hectárea.
La evolución de la superficie afectada, sin embargo, presenta una variabilidad mucho mayor. Mientras que en 2023 apenas se quemaron 1.827 hectáreas, en 2022 se superaron las 15.500 debido a varios grandes incendios forestales que concentraron la mayor parte de la superficie afectada.
La creciente complejidad de estos grandes incendios obliga a complementar la capacidad de extinción con una mayor atención a la vulnerabilidad del territorio
Este comportamiento pone de manifiesto una realidad ampliamente observada en los incendios mediterráneos: el riesgo no viene determinado por un aumento continuado del número de incendios sino por la aparición de unos pocos incendios de comportamiento extremo, capaces de generar gran parte de los daños ambientales, económicos y sociales de cada campaña. Una tendencia que también hemos identificado en nuestras investigaciones sobre la evolución de los incendios forestales en Gran Canaria.
En este contexto, el fuego en Los Gallardos no debe interpretarse automáticamente como la consecuencia de una falta generalizada de medios de extinción. La investigación oficial deberá esclarecer cómo evolucionó el incendio y qué factores condicionaron su desarrollo. Lo que sí podemos afirmar es que la creciente complejidad de estos grandes incendios obliga a complementar la capacidad de extinción con una mayor atención a la vulnerabilidad del territorio, la planificación de las evacuaciones y la comunicación del riesgo para proteger a la población.
Cuando el territorio cambia las consecuencias
En Los Gallardos encontramos una configuración territorial diferente. El paisaje combina vegetación natural, matorral, parcelas agrícolas, caminos rurales, urbanizaciones y viviendas aisladas. No estamos únicamente ante un incendio que avanza por una superficie forestal, sino ante un fuego que puede entrar directamente en los lugares donde vive la población.
Desde la geografía denominamos interfaz urbano-forestal a los espacios en los que las viviendas, las carreteras, los jardines, los cultivos y el monte aparecen mezclados. En estas zonas, gestionar la emergencia no consiste solo en detener las llamas. También hay que localizar a personas distribuidas en un territorio disperso, hacerles llegar instrucciones claras y organizar evacuaciones por una red viaria que puede ser limitada, desconocida o quedar rápidamente comprometida.
La dispersión residencial multiplica la complejidad. Evacuar un núcleo urbano compacto no es lo mismo que proteger viviendas aisladas conectadas mediante caminos secundarios, pistas rurales o accesos privados.
Comunicar no es únicamente enviar una alerta
La comunicación del riesgo adquiere aquí un peso decisivo. Las herramientas de alerta permiten hacer llegar un aviso a miles de personas en pocos segundos. Sin embargo, recibir una alerta no garantiza que la población adopte la conducta más segura.
Esta idea coincide con los resultados obtenidos en nuestras investigaciones sobre la implantación de ES-Alert, el sistema de alerta a la población ante emergencias graves (como incendios o inundaciones) en España. El estudio mostró que, aunque el sistema fue ampliamente aceptado por la población, una parte significativa de los participantes consideró que los mensajes podían ser más claros y manifestó que su respuesta dependería del tipo de emergencia. Esto pone de relieve que la eficacia de una alerta no depende únicamente de su difusión, sino también de cómo es comprendida e interpretada por quienes la reciben.
Este reto es todavía mayor en territorios donde conviven población local, residentes extranjeros, turistas y personas que desconocen la red de carreteras o los procedimientos de protección civil. Los mensajes deben ser sencillos, accionables, coherentes y, cuando resulte necesario, difundirse en diferentes idiomas.
Un mismo aviso, respuestas diferentes
Antes de actuar, las personas se formulan preguntas, aunque sea de manera inconsciente: ¿el peligro es realmente grave?, ¿me afecta a mí?, ¿tengo tiempo para marcharme?, ¿es más seguro quedarme?, ¿puedo abandonar mi vivienda?, ¿por dónde debo salir? Estas decisiones se producen bajo presión, con información incompleta y en un periodo de tiempo muy reducido.
Esta cuestión también aparece en investigaciones desarrolladas por nuestro grupo y presentadas en el Congreso Internacional de Riscos de Portugal. Estos trabajos ponen el foco en la relación entre la percepción del peligro, la interpretación de la información oficial y la adopción de conductas de autoprotección.
La comunicación durante la emergencia es esencial, pero comienza mucho antes de que aparezca el fuego
Por eso, la eficacia de una alerta no debe evaluarse únicamente comprobando si el mensaje fue enviado o recibido. También hay que estudiar si fue comprendido, si generó confianza y cuánto tiempo transcurrió hasta que la población actuó.
Preparar a la población antes del incendio
La comunicación durante la emergencia es esencial, pero comienza mucho antes de que aparezca el fuego. La población debe conocer previamente los riesgos del territorio, las rutas de evacuación y las conductas básicas de autoprotección.
Esto requiere cartografiar las viviendas dispersas, planificar evacuaciones, realizar simulacros, identificar a las personas especialmente vulnerables y adaptar los mensajes a los distintos perfiles sociales y culturales.
Los incendios forestales seguirán exigiendo inversión en prevención, gestión del territorio y medios de extinción. Pero también es necesario dedicar más atención al comportamiento humano.
Todavía debemos esperar a que la investigación oficial determine qué ocurrió en Los Gallardos. No sería responsable anticipar fallos ni señalar responsabilidades. Sin embargo, la tragedia ya nos recuerda una lección fundamental: un incendio no se mide únicamente por las hectáreas que quema, sino también por las personas que pone en peligro y por la capacidad del sistema para ayudarlas a tomar decisiones seguras.
Fernando Medina Morales es profesor de Geografía, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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