Breve historia de la cooperación climática

Artículo

Inma Mora Sánchez

@inma_ms

Antes de que el cuidado del medio am­biente se convirtiera en una preocupación polí­tica global, fue una cuestión práctica. Cultivar, alimentarse o habitar un territorio dependía de comprender los ritmos de la naturaleza y res­petarlos. Muchas acciones que hoy llamamos sostenibles —como la reutilización de materia­les, los huertos comunitarios o la rotación de cultivos— formaron parte durante siglos de una lógica de supervivencia.

Ese conocimiento se transmitió y sistemati­zó en distintos contextos históricos. El composta­je ya aparece en el Libro de la agricultura nabatea, que recoge saberes agrícolas de la antigua Me­sopotamia. Según las investigadoras Marjorie Tendero y Carola Guyot Phung, estas prácticas formaban parte de sistemas agrarios complejos, donde la reutilización de residuos orgánicos mantenía la fertilidad del suelo y cerraba ciclos de nutrientes. De manera similar, los huertos urbanos y periurbanos medievales abastecían a las ciudades y gestionaban recursos locales.

La reutilización de materiales, los huertos comunitarios o la rotación de cultivos formaron parte de una lógica de supervivencia durante siglos

Esta atención a los vínculos entre entorno, alimentación y salud también estuvo presente en la Grecia clásica y, más adelante, figuras como el médico y botánico andalusí Ibn al-Baytar o la polifacética abadesa Hildegarda de Bingen recopi­laron conocimientos sobre plantas, animales y mi­nerales y vincularon la salud al equilibrio natural.

Pero esto no habría sido posible sin el tra­bajo colectivo. Como explica Cristina Monge, politóloga y socióloga experta en sostenibilidad y calidad democrática, «la colaboración es una constante en la historia». Casos como el de la niña preneandertal de Atapuerca conocida como «Benjamina», una menor que sobrevivió durante años pese a una grave patología gracias al apoyo de su grupo, muestran que el cuidado comuni­tario fue esencial para sostener la vida desde los primeros momentos de la historia humana.

Una responsabilidad compartida

«Era jueves, y según una costumbre que databa de cinco siglos, el Tribunal de las Aguas iba a reunirse en la puerta de los Apóstoles de la Catedral de Valencia», escribía Blasco Ibáñez en La barraca. La gestión de los recursos naturales tampoco es una preocupa­ción moderna. La administra­ción de montes, pastos, huertas y aguas siempre requirió acuerdos, normas y responsabilidad colectiva. El Tribunal de las Aguas es solo un ejemplo de un sistema de gestión de recursos naturales que perdura desde hace siglos.

En el libro El gobierno de los bienes comunes (1990), Elinor Ostrom estudió en profundidad la gestión y autogestión de los bienes comunes como estrategia para evitar su destrucción. Frente a las posiciones que defendían, por un lado, la gestión exclusiva del Estado y, por otro, la privatización de los recursos, Ostrom sostuvo que «ni el Estado ni el mercado han logrado con éxito que los individuos mantengan un uso productivo, de largo plazo, de los sistemas de recursos naturales». En su análisis, compara diferentes casos e identifica los elementos que hacían que un sistema funcionara: reglas de acceso y de uso, adaptación al contexto social y ambiental, toma de decisiones compartida, mecanismos de supervisión y resolución de con­flictos y sanciones.

Cristina Monge: «La autogestión comunitaria parte del territorio, de lo local y de la comunidad, y se basa en un ejercicio de solidaridad y empatía»

Uno de los ejemplos que recoge es el siste­ma de las «zanjeras» de Filipinas. Se trata de una forma de organización colectiva para el acceso al agua y el mantenimiento de las infraestructuras de riego de los cultivos. Los derechos de uso están directamente vinculados a la participación en el trabajo común y las decisiones se toman de forma compartida para asegurar la disponibilidad de los recursos y la adaptación a las condiciones climáticas. Algo que, en cierto modo, también recuerda al Tribunal de las Aguas de Valencia.

En esta misma línea, Monge subraya que «la autogestión comunitaria parte del territorio, de lo local y de la comunidad, y se basa en un ejercicio de solidaridad y empatía». La coopera­ción aumenta las posibilidades de supervivencia del grupo y, por eso, «colaborando somos más fuertes», señala.

De la concienciación ambiental a la coo­peración global

Con la industrialización y la priorización del crecimiento económico, no solo se evi­denciaron los límites ecológicos del planeta, sino también la insuficiencia de las respuestas aisladas. La intensificación del uso de recursos, la expansión de la industria y la contaminación asociada demostraron que hay problemas que trascienden comunidades y fronteras y que no pueden abordarse únicamente desde lo local. La protección del entorno empezó a requerir coordinación, intercambio de conocimiento y decisiones consensuadas para sentar las bases de una cooperación internacional.

El historiador ambiental Donald Worster sitúa el inicio de la «Era de la Ecología» en el 16 de julio de 1945, cuando estalló la primera bomba nuclear en Nuevo México. «Por primera vez en unos dos millones de años de historia humana, existía una fuerza capaz de destruir todo el tejido de la vida en el planeta», afirma. Ese momento marcó no solo un cambio de conciencia, sino también la constatación de una responsabilidad colectiva a escala global. Los impactos ambien­tales y tecnológicos dejaron de ser atribuibles a decisiones individuales o nacionales y pasaron a entenderse como el resultado de sistemas interconectados, lo que impulsó nuevas formas de colaboración entre la ciencia, la política y la sociedad.

En ese contexto, obras como Una ética de la Tierra (1949), de Aldo Leopold, Primavera silenciosa (1962), de Rachel Carson, o El círculo que se cierra (1971), de Barry Commoner, funcionaron como catalizadores de debates y movimientos socia­les. El trabajo de Carson, centrado en los efectos del uso masivo de pesticidas, mostró cómo la alteración de los equilibrios naturales tenía consecuencias para todo el planeta. Su denuncia amplió la conciencia social sobre los riesgos de una intervención humana sin límites y sentó las bases de la regulación de pesticidas y químicos en numerosos países. Estos procesos implica­ron la construcción de consensos científicos, el intercambio de evidencias entre países y la presión coordinada de comunidades científicas y movimientos sociales, que reclamaban cambios estructurales en la relación con la naturaleza.

Todo ello empezó también a tomar forma de acuerdos internacionales. En 1972, la Con­ferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada en Estocolmo, situó por pri­mera vez la degradación ambiental en la agenda política global y subrayó la necesidad de una respuesta coordinada entre países. Dos décadas más tarde, la Cumbre de la Tierra de Río de Janei­ro consolidó esa visión al unir desarrollo y medio ambiente y reconocer el papel de la cooperación internacional, la ciencia y la sociedad civil. Des­pués, el Protocolo de Kioto (1997) y el Acuerdo de París (2015) se convirtieron en los principales referentes que han orientado la legislación y las políticas estatales frente al cambio climático.

Pero los avances de la cooperación climá­tica van más allá de estos acuerdos, «necesita que todos los actores avancen en la misma dirección», afirma Cristina Monge. En un con­texto de globalización «es imposible pensar que lo que se hace en un territorio no esté afectado y a su vez afecte en otros». Por eso, explica que necesitamos una «gobernanza multinivel», es decir, «articular conversaciones y tratar de llegar a acuerdos desde lo local, lo regional, lo nacional y lo global en una línea coherente que persiga un propósito común». En esta nueva fase, la coope­ración climática ya no depende solo de los Esta­dos. Necesita que gobiernos, empresas, sector energético y financiero, sociedad civil, cultura y medios de comunicación avancen en la misma dirección para que los cambios sean posibles. «Cuando todos estos actores se alinean, el éxito llega. Cada vez hay más ejemplos», concluye.