Las leyes que podrían cambiar internet

Desde su creación, internet ha sido un vasto territorio que ha cambiado por completo nuestra forma de interactuar, informarnos, entretenernos y consumir. Pero su falta de regulación ha hecho que también se gestara como una inmensa tierra de nadie en la que las plataformas digitales podían hacer y deshacer a su antojo, mientras que los cibernautas capoteábamos unas aguas virtuales a veces infestadas de noticias falsas, malware, phishing, acoso cibernético, discursos de odio, violación de datos y contenido no apto para menores de edad.

Sin embargo, parece que ahora ese videojuego en el que cada usuario manejaba su avatar en modo «demo» —apretando todos los botones para saltar de mundo— se actualizará a una nueva versión en la que sí están claras las reglas de juego. En los últimos meses, las autoridades europeas han establecido nuevas responsabilidades y obligaciones para las empresas digitales, poniendo un marco legal en la otrora no man’s land para velar por la seguridad, la privacidad y, en general, los derechos de los internautas.

Porque, como bien dice Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de Una Europa Adaptada a la Era Digital, «las plataformas en línea constituyen el núcleo de nuestra vida cotidiana, nuestras democracias y nuestras economías; es lógico garantizar que estén a la altura de sus responsabilidades».

La Ley de la IA

La Unión Europea es pionera en establecer normas claras para el uso de la inteligencia artificial. Este marco regulador —que acaba de ser aprobado por abrumadora mayoría en el Parlamento Europeo— tiene como objetivo garantizar que los algoritmos inteligentes sean seguros y respeten los derechos de los ciudadanos. Establece una escala de riesgos en la que, por ejemplo, la vigilancia biométrica en tiempo real se considera inaceptable; usar tecnologías de IA en el acceso a la educación y al empleo o en la gestión migratoria y la Administración de Justicia supone un riesgo alto; los chatbots tienen un riesgo limitado, pues se deberá informar a los usuarios que se está interactuando con una máquina; y los filtros o algoritmos de recomendación tienen un riesgo nulo. Así, las compañías tecnológicas deberán ser transparentes sobre los datos con los que han entrenado sus modelos fundacionales y tendrán que etiquetar los contenidos generados con IA, como, por ejemplo, los deepfakes.

Poner reglas de juego tempranas a una innovación incipiente permite que esta se genere bajo un marco jurídico de seguridad y transparencia. Sin embargo, como advierte la periodista especializada en tecnología Esther Paniagua, la traslación legal será clave para aterrizar la norma, así como la pronta designación de las autoridades que se encargarán de supervisar su cumplimiento en el ámbito nacional.

La Ley de Servicios Digitales

La Ley de Servicios Digitales (o DSA, por sus siglas en inglés) entró en vigor el año pasado para crear un marco de transparencia y responsabilidad para las empresas que conecten a los consumidores de la Unión Europea con contenidos, bienes o servicios digitales y recae sobre todo en aquellas designadas como «plataformas de muy gran tamaño» (o VLOP, por sus siglas en inglés), como Google, Facebook, TikTok, X (antes Twitter) y YouTube. La nueva ley obliga a que las compañías digitales aclaren quién está vendiendo u ofreciendo un producto o servicio —para proteger a los usuarios de comprar bienes ilegales, falsificados o peligrosos— y a que hagan más fácil denunciar el contenido ilícito.

Además, exige que los algoritmos estén abiertos a las preferencias del usuario, es decir, que cada uno pueda decidir qué contenidos quiere ver y si quiere hacerlo de forma cronológica. Asimismo, regula la práctica de los «patrones oscuros», lo cual significa que las compañías no podrán manipularnos para tomar decisiones precipitadas porque «solo queda una» habitación, silla o entrada, cuando en verdad no es así. Por otro lado, obliga a que haya más transparencia en materia de publicidad: las plataformas ya no podrán difundir anuncios específicos para niños y adolescentes ni presentar avisos publicitarios según el perfilamiento de datos sensibles como la orientación sexual, la religión, el origen étnico o las opiniones políticas.

Ley de Mercados Digitales

Hermana de la DSA, la Ley de Mercados Digitales (o DMA, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo garantizar la competencia justa y evitar que los gigantes tecnológicos abusen de su posición de dominio, perjudicando a sus competidores y limitando las opciones de los usuarios. Así, establece una serie de obligaciones para las llamadas gatekeepers o «guardianas de acceso» —esas grandes empresas con amplia presencia en el mercado digital, entre las que estarían, por ejemplo, Amazon, AliExpress, Apple o Microsoft— y permite que los profesionales ofrezcan sus servicios a través de esas plataformas en las mismas condiciones. Si incumplen, al igual que con la DSA, las sanciones serán severas, llegando hasta el 10% de los ingresos totales y hasta el 20% en caso de reincidencia.

¿Regular el porno?

La Unión Europea está endureciendo las normas para las grandes plataformas de porno como Pornhub, XVideos y Stripchat. Con la Ley de Servicios Digitales, obliga a que las páginas web pornográficas verifiquen la edad de los usuarios. Además, deben tener el consentimiento expreso de los actores antes de publicar y están obligadas a eliminar rápidamente todo contenido ilegal, como la pornografía infantil. A partir de este año, las plataformas deberán ser más transparentes sobre cómo moderan el contenido, combatir los contenidos dañinos que promuevan la violencia contra las mujeres y tendrán prohibida la publicidad personalizada o basada en perfiles para menores de edad. Asimismo, la Ley de IA prohíbe la creación y distribución de porno generado con inteligencia artificial o manipulado digitalmente sin el consentimiento de los involucrados. En general, la nueva normativa europea busca crear un entorno digital más seguro para los niños y adolescentes limitando su acceso a contenidos que pueden resultar lesivos para su edad.

Ley de Ciberresiliencia

Esta legislación, primera en su tipo a nivel mundial, apunta a mejorar la ciberseguridad de todos los equipos y programas informáticos, ya sean de hardware o de software, desde smartphones, relojes inteligentes y cortafuegos hasta routers y monitores para bebés. La Ley de Ciberresiliencia establece requisitos obligatorios para todos los productos digitales comercializados en la Unión Europea: los fabricantes tendrán que aplicar medidas para que estos sean ciberseguros a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su diseño y desarrollo hasta después de introducidos en el mercado y a través de actualizaciones de seguridad años después de la compra.

Ley de Protección de Datos

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) está vigente desde 2018 y a él se suman las nuevas normativas europeas que protegen a los usuarios en la red. Esta ley protege la privacidad estableciendo obligaciones claras a las empresas que procesan datos personales y marca el derecho de los usuarios a acceder, corregir y eliminar sus datos de las plataformas. A pesar de que en su momento se consideró demasiado ambicioso, el RGPD ha tenido un éxito internacional. De ahí que se diga que ha generado un «efecto Bruselas», por el cual los reguladores europeos establecieron un estándar global. Habrá que ver si las nuevas leyes lo logran también.