«Hay que apostar por una digitalización humanista que ponga a las personas en el centro»

En un momento tan decisivo y delicado para la economía española como el actual, todas las miradas se detienen en la vicepresidenta Nadia Calviño, cuya gestión es considerada por amplios sectores de la sociedad como uno de los activos más solventes del Gobierno de coalición. La máxima responsable de la sala de mandos del Ministerio de Economía tiene entre sus manos una responsabilidad histórica: activar con éxito los fondos de recuperación procedentes de la Unión Europea y lograr que esta inyección sirva de palanca para transformar un modelo excesivamente vulnerable a las crisis debido, en buena parte, a su elevada dependencia del sector servicios.

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Los fondos europeos son la piedra angular de la recuperación económica. ¿Cuáles son las claves para impulsar un modelo de economía más sostenible?

El Plan de Recuperación es una oportunidad histórica para encauzar la salida de esta crisis de forma muy diferente a la anterior: tratando de resolver los problemas que arrastramos desde hace décadas, de hacer frente a los retos de futuro y poniendo la atención en la reducción de las desigualdades y la sostenibilidad medioambiental. Por eso, no se trata solo de apoyar la actividad económica, sino de impulsar reformas e inversiones que resulten en una modernización estructural de nuestro país basada en cuatro ejes: digitalización, transición ecológica, cohesión social y territorial e igualdad de género. La mayoría de las inversiones se orientarán a lo que se conoce como «transiciones gemelas» –la verde y la digital– para propiciar ese nuevo modelo de crecimiento, más sostenible e inclusivo. Llevamos tres años siguiendo esta hoja de ruta, que se ha acelerado desde la llegada de la pandemia. Además de responder a la crisis sanitaria, económica y social, hemos seguido avanzando en las reformas, con la ley de cambio climático o el lanzamiento de la hoja de ruta del hidrógeno verde, clave para que España alcance la neutralidad climática y un sistema eléctrico 100% renovable. También con la agenda España Digital 2025, para aumentar la productividad y la eficiencia, pero también con el objetivo de apostar por una digitalización humanista que ponga a las personas en el centro. Esto implica desplegar infraestructuras que lleven la conectividad a todo el territorio, mejorar las capacidades digitales de los trabajadores, impulsar el emprendimiento innovador y la digitalización de las pymes y una Carta de Derechos Digitales que garantice la protección de los valores también en el mundo online.

¿Por qué nuestra economía se volvió tan dependiente del ladrillo y del sector servicios? ¿Qué vectores no hemos sabido hacer funcionar y cómo podemos sentar las bases de un modelo menos vulnerable a las crisis?

Es cierto que España era muy dependiente de la construcción hasta la crisis de 2008. El sector turístico, que fue uno de los motores de la recuperación entonces, ha sido más vulnerable a esta pandemia, que precisamente restringe la movilidad y las relaciones físicas interpersonales. Sin embargo, se trata de una de las principales industrias, y su modernización, sobre la triple palanca verde, digital y social, puede ser una de las claves para tener un país más resiliente de cara al futuro. Sin embargo, la transformación estructural pasa por impulsar el cambio tecnológico en la industria y el emprendimiento innovador, aumentando el tamaño de nuestras empresas para tener una demografía empresarial más fuerte y resiliente.

«El compromiso del Gobierno es que el SMI alcance el 60% del salario medio en esta legislatura»

La recepción de los fondos europeos está condicionada a reformas muy sensibles. ¿En qué deben consistir la reforma del mercado laboral y la de las pensiones? ¿Existen tensiones al respecto con los representantes de Podemos en el Gobierno de coalición?

La hoja de ruta de reformas en el ámbito laboral es compartida con los agentes sociales. Creo que todos somos conscientes de que hay que abordar reformas que cuenten con el máximo apoyo social para que se mantengan en el tiempo. Por eso, el diálogo social es clave en este ámbito. Las negociaciones no son sencillas, pero si hay voluntad de entendimiento se lograrán los acuerdos necesarios. En cuanto al sistema público de pensiones, las reformas no responden a una necesidad a corto plazo, sino a la responsabilidad que tenemos desde el punto de vista de la justicia intergeneracional de garantizar pensiones dignas hoy, y también dentro de 20 ó 40 años. Hay que pensar en las generaciones futuras.

El incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) en 2019 benefició a 1,4 millones de personas, pero frenó la creación de 159.000 empleos, según el Banco de España. ¿Cómo podemos conseguir un equilibrio entre la creación de empleo y la protección de los trabajadores peor remunerados?

Nuestro compromiso con la subida del SMI está claro y se demuestra con los hechos. Este Gobierno ha subido un 30% el SMI, algo que no se encuentra en otros países de nuestro entorno. Además, tenemos el objetivo de llegar al 60% del salario medio al final de la legislatura. Todo el Gobierno está comprometido con seguir mejorando las condiciones laborales de los trabajadores. En estos momentos la prioridad tiene que ser reincorporar a los trabajadores cubiertos por los ERTE, algo que va avanzando a buen ritmo. Espero que pronto podamos retomar la senda de aumento del SMI en un contexto que minimice el riesgo para la creación de empleo.

«Las próximas generaciones deben recibir un mundo neutro en emisiones de carbono»

¿Usted cree, como ha señalado el Banco de España, que la subida del SMI frena la creación de empleo?

La creación intensa de empleo de calidad y la mejora de las condiciones laborales, en particular el alza del SMI, es la combinación más potente para que la recuperación económica venga acompañada de una reducción de la desigualdad, que es una cuestión absolutamente prioritaria para toda la sociedad. El Gobierno ha subido el SMI un 30% en estos tres años y está plenamente comprometido con el objetivo de que alcance el 60% del salario medio a final de la legislatura, que será un gran logro en términos sociales y de distribución de la renta. Para ello tenemos que seguir tomando las decisiones adecuadas en el momento oportuno, acompasando su ritmo de subida con la marcha del mercado de trabajo y, particularmente, del empleo juvenil.

¿Qué mecanismos se están articulando desde el Gobierno para que los fondos europeos lleguen a todo el tejido empresarial y no solo a la gran empresa?

En realidad, nos hemos anticipado a la llegada de los fondos, ya que los presupuestos incluían una partida importante para empezar a desplegar el Plan de Recuperación. Gracias a ello, ya se han puesto en marcha licitaciones, se han publicado manifestaciones de interés para identificar proyectos y se han distribuido los fondos a las comunidades autónomas para inversiones en el ámbito de sus competencias. Los fondos tienen que llegar a todo el tejido productivo y, por eso, el plan presta una atención especial a las pequeñas empresas. Hay muchos ejemplos. Uno de ellos es el Plan de Digitalización de Pymes que incluye un conjunto de programas y mecanismos entre los que destaca Digital Toolkit con un presupuesto de 3.000 millones de euros destinados a la adopción por parte de las pymes de paquetes de digitalización ya existentes en materia de marketing digital, comercio electrónico o administración de empresa. Otro ejemplo es el primer PERTE, el del sector de la automoción con el que vamos a impulsar toda la cadena de valor de un sector clave en la economía y que movilizará 24.000 millones de euros. Uno de los requisitos para participar en este PERTE es formar parte de una agrupación con al menos cinco empresas y que el 40% sean pymes.

Nuestro país es el cuarto de la Unión Europea con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza, según datos recogidos en el plan España 2050. ¿Qué medidas preparan para luchar contra la desigualdad social?

Hemos vivido la peor pandemia en un siglo y desde marzo de 2020 hemos actuado con firmeza y decisión a la hora de tomar medidas de apoyo a la población, como los ERTE y el ingreso mínimo vital, o los avales ICO para pymes y autónomos. Pero lo cierto es que ya partíamos de una situación delicada, con una desigualdad muy elevada desde la anterior crisis financiera. La prioridad de la agenda social está clara en los propios ejes del plan, que incluyen la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Y en todas las reformas e inversiones previstas para reforzar nuestro tejido social: desde el impulso al emprendimiento femenino a la formación en competencias digitales, desde la creación de empleo de calidad a la nueva economía de los cuidados y el refuerzo del estado de bienestar.

El Green Deal dibuja la hoja de ruta por la que debe transcurrir el progreso económico y social. ¿Cuáles son los retos principales a los que se enfrenta España para descarbonizar su economía?

España está comprometida con la transición verde y, de hecho, es uno de los países que lideran el proceso, con un programa de inversiones claramente orientado a la transición ecológica. Es crucial que las próximas generaciones reciban un mundo más sostenible y neutro en emisiones de carbono. Por suerte, en España contamos con una sociedad, especialmente los jóvenes, comprometida con el medio ambiente y con el cuidado de los recursos, un gobierno decidido a impulsar esta agenda y una hoja de ruta clara para lograrlo. En estos años hemos avanzado mucho en la reforma energética y el resto de procesos para avanzar en esta agenda verde, y partimos de una buena posición para afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que se derivan de este cambio.

En Francia, la chispa que prendió la mecha de la violencia de los chalecos amarillos fue un impuesto al diésel. ¿Cuáles son las claves para llevar a cabo una transición ecológica justa?

Está claro que tenemos que asegurarnos de que la transición ecológica, como la digital, es justa. Lo haremos apoyando a las personas, los sectores y los territorios afectados. También con una política proactiva de impulso de la inversión para la creación de nuevas empresas y de nuevas oportunidades laborales. Nuestro compromiso se muestra con el proceso de diálogo social y el consenso logrado para el cierre de la minería, y con el impulso que queremos dar a la formación y recualificación del conjunto de trabajadores para que puedan acceder a los empleos del futuro y que España se suba al tren de la nueva economía verde y digital.

«El paradigma económico no ha cambiado en décadas, pero ahora todas las políticas están orientadas al crecimiento inclusivo»

La revolución tecnológica, como cualquier disrupción a lo largo de la historia, dejará un saldo de ganadores y perdedores. ¿Podemos transitar hacia una economía digital sin generar más bolsas de malestar social?

La transformación digital es imparable y, además, supone una gran oportunidad. Para modernizar nuestras empresas, para impulsar las oportunidades profesionales y vitales en cualquier parte de España, para facilitar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios públicos, para reducir las emisiones de CO₂, para aumentar la productividad y la eficiencia del conjunto de la economía. Pero es fundamental que encaucemos el proceso desde una perspectiva humanista para que los algoritmos no se conviertan en máquinas de automatización de la desigualdad ni perpetúen antiguos estereotipos de género o contribuyan a crear otros nuevos. En este sentido, nuestro Gobierno es pionero con la reciente adopción de una Carta de Derechos Digitales. Hemos contado con un grupo multidisciplinar de expertos, hemos hecho varias consultas públicas, y tenemos un texto, una hoja de ruta, para informar de todos los desarrollos legislativos y las políticas públicas de los próximos años. Este texto demuestra nuestro compromiso con el impulso y la garantía de los principios y valores democráticos en la nueva realidad digital. Nuestros derechos fundamentales en el mundo offline deben quedar intactos en nuestra vida online y para ello necesitamos el compromiso de toda la sociedad, de los poderes públicos y las empresas privadas, de la sociedad civil y las instituciones.

Cuando estalló la crisis financiera de 2008, líderes de todo el mundo, como los entonces presidentes Barack Obama o Nicolas Sarkozy, declararon que había que «refundar el capitalismo». ¿Cuáles deben ser los cimientos del sistema económico del siglo XXI?

Me temo que no existe una varita mágica para solucionar problemas complejos. A pesar de todas las reformas que abordamos para reforzar el sistema financiero, creo que el paradigma económico no ha cambiado esencialmente en las últimas tres décadas. Ahora el discurso de todas las instituciones y los principales Gobiernos está alineado y todas las políticas públicas están orientadas a conseguir un crecimiento más sostenible e inclusivo. Y claramente la respuesta a esta crisis ha sido muy diferente de la anterior. Espero que, con todos estos esfuerzos, de verdad logremos un cambio duradero; que construyamos un mundo mejor para las generaciones futuras.