La vida de los niños que cruzan (solos) la frontera

«Si lo comparamos con otros países, España responde a la acogida de los niños migrantes que están solos con un enfoque de protección de la infancia. En este sentido, el caso español podría considerarse una buena práctica. Sin embargo, al observar la realidad de primera mano, comprobamos que hay múltiples problemas, contradicciones y carencias, en ocasiones muy relevantes, que conducen a la desprotección de los derechos de muchos de estos niños y niñas». Así presenta Gustavo Suárez Pertierra, presidente de Unicef Comité Español, el nuevo informe Los derechos de niños y niñas migrantes no acompañados en la frontera sur española.

El documento recoge los principales retos, lagunas, brechas y necesidades del sistema de protección español a través de las voces de policías, entidades autonómicas de tutela, autoridades estatales en los ámbitos de infancia y migración, personal de los centros de internamiento, fiscales, jueces, Defensorías del Pueblo, ONG y agencias de Naciones Unidas. Además, propone la creación de un plan de protección nacional para la integración de niños y niñas migrantes pactado entre todos los partidos políticos y con proyección a largo plazo.

Muchos de ellos abandonan los centros de menores o terminan en la calle

El informe es el resultado de una investigación exhaustiva llevada a cabo en Ceuta, Melilla y Andalucía, y responde al reciente incremento de menores no acompañados que llegan a nuestras fronteras. Tan solo en 2018, 6.063 niños y niñas llegaron solos a España, lo que supone un aumento de alrededor del 150% respecto a 2017. Además, según datos del Ministerio del Interior, se ha duplicado —hasta los 13.012 a finales del año pasado— el número de niños inscritos en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. Sin embargo, son muchos los niños y niñas que se quedan fuera de las cifras oficiales.

Unicef reconoce que actualmente existe una voluntad política para cambiar el sistema de protección de los menores no acompañados, aunque teme que un posible cambio de Gobierno a nivel local, autonómico, nacional y europeo paralice los procesos de diálogos que ya están abiertos en esta materia. Eso sí, el Comité de los Derechos del Niño —en sus recomendaciones a España— califica de urgente la necesidad de dar una solución a los menores migrantes no acompañados que llegan a nuestro país y, para ello, la ONG considera que se debe adoptar lo antes posible un Plan Nacional de Acción dotado de presupuesto tanto a nivel autonómico como estatal para que la situación no vaya a peor.

El plan propuesto debe garantizar la «protección efectiva e integral» de los niños y niñas migrantes que lleguen a España solos y su integración social, laboral y de transición a la vida adulta. Es imprescindible poner en marcha planes contra el racismo y la xenofobia en todos los niveles y garantizar la educación de todos los menores. Además, se debe asegurar un mecanismo nacional de derivación con el que se de una respuesta coordinada entre comunidades autónomas; un plan de contingencia que se aplicase en el caso de que la llegada de niños y niñas migrantes comenzase a desbordar el sistema; y unos estándares mínimos comunes en los centros de todo el territorio y unas pautas comunes para realizar labores de rescate, recepción, derivación, tutela y tramitación de documentación. Desde Unicef se anima a que, desde los distintos Gobiernos, se promueva el acogimiento en familias.

Por último, insta a las autoridades a crear un procedimiento común para determinar la edad de los menores, siempre acorde a las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño. Actualmente, se determina la edad de los niños y niñas que llegan a nuestras fronteras con pruebas oseométricas, que se realizan sin garantías jurídicas básicas y cuyo margen de error es muy amplio. Además, añade la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, especialmente las fiscalías, y todos los procedimientos de rendición de cuentas.

Desde Unicef se anima a que los distintos Gobiernos promuevan el acogimiento en familias

En su informe, Unicef denuncia que en la actualidad los profesionales que se encargan de velar por la integridad de estos menores trabajan con recursos muy limitados, lo que provoca frustraciones constantes tanto en los responsables como en los niños y niñas. Javier Martos, director ejecutivo de la ONG en España, alerta de que muchos de los menores entrevistados han llegado a ver su salud mental afectada por la situación en la que se encuentran. Por ello, muchos abandonan los centros a diario, ya sea solos o «de la mano de mafias traficantes». ¿El motivo? Según los propios afectados, «lo hacen porque nadie les dice si van a conseguir los papeles antes de cumplir 18 años, porque no aguantan seguir viviendo hacinados, porque tienen familiares en otros lugares o quieren ir a la península y no pueden, o porque se pasan los días sin hacer nada, sin estudiar». En el caso de las niñas, la situación es mucho peor: Martos asegura que «hay víctimas de trata que salen de los centros sin haber sido identificadas como víctimas».

En los centros de menores se produce una situación paradójica: «Los niños o niñas que entran en el sistema de protección, en lugar de encontrarse en un entorno protector, un hogar, donde se garantizan sus derechos, comienzan una etapa donde terminan siendo cada vez más vulnerables. Una cadena de retrasos, falta de recursos, procedimientos inadecuados, decisiones descoordinadas y escasa supervisión, terminan perjudicando sus oportunidades y condiciones de vida en el futuro». Estos problemas no son aislados, sino que se producen una y otra vez tanto en instituciones autonómicas como estatales. Por ello, desde UNICEF reclaman una solución efectiva urgente.