«La lucha contra el cambio climático debería trascender ideologías»

Llega resuelta, sonriente. Cualquiera diría que tiene la agenda tan apretada: cuando se sienta ante la grabadora puesta en modo ‘on’, dice: «Tú pregunta, y ya veremos. Siempre estamos a tiempo de retrasar mi próximo compromiso». María Rosa Martínez Rodríguez (León, 1975) es diputada en el Congreso por Equo con la coalición Unidos Podemos, formación devenida en inopinada bisagra que ha dado aire a los Presupuestos del actual Gobierno. Licenciada en Políticas, su compromiso se centra dos justicias: la social y la ecológica. Y no está dispuesta a desaprovechar la oportunidad que le brinda su privilegiada posición (con la que hace poco ni soñaba) para defender sus ideas.

El año pasado escribiste, en eldiario.es, una columna con una opinión muy negativa sobre el estado de la I+D en España. Seguro que no imaginabas, ni por asomo, cuánto iba a cambiar el panorama político en este tiempo. Y menos aún que seríais coartífices de los Presupuestos de esta Legislatura. ¿Ha cambiado tu percepción?

Sí, porque no solo hay un acuerdo de aumentar el presupuesto, sino más concretamente, de aumentarlo en las partidas que más lo necesitan, sobre todo proyectos y consolidación de personal. Faltaba estabilidad laboral en la ciencia pública. Y eso es fundamental para poder llevar a cabo proyectos, y tener una carrera científica que no sea precaria. Hay voluntad por parte del Gobierno y por eso nosotros vamos a apoyarlo en este sentido. Pero más allá de incrementar el presupuesto o eliminar las trabas burocráticas, que es una de las grandes losas de nuestra ciencia, toca hacer una reflexión profunda y un plan a diez o 15 años de dónde queremos estar como país.

Limitarse a tomar medidas para que los científicos vivan bien y detener su diáspora sería quedarse cortos. Hacen falta más políticas a largo plazo, porque la investigación podría llevarnos a un cambio de modelo, a que España dejara de basar su economía en el turismo y el ladrillo. La I+D puede traducirse en economía, al fin y al cabo.

Claro. La comunidad científica, como otros sectores productivos, ha sufrido los recortes, que la han llevado a la precariedad. Pero el otro paso es la revisión estratégica: qué peso queremos darle al I+D+i como factor de productividad en nuestra economía. Es ahí donde hay que hacer la apuesta. Por eso no basta con aumentar el presupuesto. Debe ir acompañado de una estrategia. Que conduzca, en definitiva, a qué tipo de país queremos ser. Tenemos mucho potencial,  pero hay otro debate: ¿Qué tipo de ciencia queremos fomentar? ¿Militar o civil? ¿Enfocada a la sociedad, o a las grandes corporaciones? Ese es un debate muy político que no estamos teniendo, no basta con que todos estemos de acuerdo en algo tan simple como que «más ciencia siempre es bueno».

El ciudadano medio no ve la ciencia como un factor productivo que puede impulsar la economía, sino como algo más etéreo. Pero tenemos ejemplos cercanos en los que mirarnos, de países que apoyan su liderazgo económico mundial en la investigación, como Alemania o Francia.

Yo creo que la ciudadanía española sí está concienciada. En las encuestas de valoración de profesiones, la de científico sale entre las más valoradas siempre. Pero, curiosamente, no es algo determinante a la hora de elegir a un partido político. Ni en las demandas sociales. En esas otras encuestas, no situamos esas políticas de apoyo a la ciencia entre nuestras prioridades. Por tanto, no es tanto concienciar, como dar un salto cualitativo en la política, en los programas de los partidos, en comunicar más y mejor lo que se hace respecto a la ciencia.

«El legado del anterior Gobierno a nivel de política climática y energética es más bien escaso, por no decir nulo»

Posiblemente, el punto más polémico de los Presupuestos ha sido la subida del salario mínimo interprofesional. Los empresarios se han echado las manos a la cabeza. Argumentan que, en España, el empleador ya paga un porcentaje excesivo del salario bruto. Esa medida puede suponer una bajada en las contrataciones.

Lo voy a rebatir con dos argumentos. Para empezar, cuando desde la Seguridad Social se han propuesto bonificaciones y reducciones a las cotizaciones para fomentar las contrataciones, no han resultado en aumento de empleo, sino en un empobrecimiento del fondo de pensiones. Las cifras están ahí. Por tanto, esa no es la vía para la creación de puestos laborales. Y hay encuestas en las que, cuando las pymes valoran sus dificultades para crecer, el primer problema que apuntan no son los costes laborales. Tal vez estemos poniendo el foco en donde no debe estar. La subida del salario mínimo es una cuestión de dignidad, incluso de supervivencia. En la Comunidad Autónoma donde vivo, Euskadi, donde la media de alquiler ronda los mil euros, incluso con la subida del salario mínimo resulta imposible acceder a la vivienda.

Respecto a la tan traída y llevada Ley de Cambio Climático, habéis anunciado un nuevo panel de expertos del PSOE y Unidos Podemos. ¿Qué hay del trabajo del Gobierno anterior? ¿Se va a aprovechar algo o partís de cero otra vez? Esa ley es realmente urgente, porque España va a la cola y es un compromiso europeo.

Unidos Podemos ya registramos nuestra propia Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Ya hemos plasmado legislativamente, por tanto, el modelo que queremos. Y ese es nuestro punto de negociación con el Gobierno en la ley que la Ministra ha prometido que estará lista a final de año. Habrá aportaciones de otros grupos, por supuesto, porque es fundamental para las negociaciones. Respecto al legado del anterior Gobierno, solo la Ministra sabe qué aprovechará, pero sinceramente, a nivel de política climática y energética es un legado más bien escaso, por no decir nulo.

«No basta con pagar bien a los científicos. Hablamos de un cambio de modelo económico»

Sí, pero más allá de las políticas del anterior Gobierno, la percepción ciudadana es que es una ley que siempre se promete, pero nunca llega. Y ahora, con el cambio de Ejecutivo, podríamos volver a la casilla de salida. Y debería ser una prioridad. Desde la ONU, el panel de expertos ya ha ajustado aún más los objetivos, ya no basta con una subida de dos grados este siglo, tiene que ser uno y medio como mucho. Y nosotros aún no tenemos ni siquiera una ley para cumplir los compromisos anteriores.

Estoy totalmente de acuerdo, tiene que estar en lo más alto de la agenda. Pero también creo que, aunque la ley es necesaria, y es una hoja de ruta para el plan estratégico de nuestra política climática y energética, la urgencia del calentamiento global debe abarcar más. Hay decisiones que se pueden tomar ya desde el propio Gobierno, y otros planes y otras leyes que se tienen que poner en marcha de forma más inmediata. E insisto en otro punto: no es solo cosa del Gobierno central. También los autonómicos y los Ayuntamientos pueden tomar medidas. Ponemos mucho el foco en la Ley de Cambio Climático, pero hay muchísimas competencias descentralizadas que tienen que ver con medio ambiente y la energía, y lo que siento es que no se está poniendo en los Gobiernos autonómicos el mismo foco de presión sobre la política climática. Los Ayuntamientos ya lo están haciendo. Pero las Comunidades Autónomas tienen una responsabilidad clara, y no están siendo consecuentes.

La derogación del «impuesto al sol» es una de esas medidas de las que hablas. Las compañías energéticas, en cambio, argumentan que, sin ese gravamen, saldrán perjudicados los más desfavorecidos: si no se financia la red, será mucho más difícil llevar la electricidad a quienes viven en las zonas más inaccesibles y menos rentables. ¿Cómo rebates algo así?

En primer lugar, es una postura obvia de quienes ven peligrar su monopolio. Pero creo que, si el problema que aducen son las inversiones en infraestructuras, el autoconsumo permite, precisamente, aliviar esas inversiones. En mi opinión, los márgenes que ahora tienen las eléctricas dan para seguir manteniendo el sistema. Porque creo que el sistema está sobredimensionado. Todos estamos de acuerdo, también las grandes compañías energéticas, en que el modelo futuro pasa por las renovables. Lo que está en cuestión es: ¿en manos de quién van a estar esas renovables? Nosotros apostamos por un modelo descentralizado, que no se ciña a las grandes eléctricas. No solo la ciudadanía con el autoconsumo, sino también pequeñas empresas y ayuntamientos. Y ese es el gran debate político de fondo de la transición energética. El mensaje, hoy, es que si abrimos el mercado, repercutirá en la factura de la luz para mal. Cuando el mensaje liberal tradicional dice todo lo contrario. Políticamente, no me cuadra.

La lucha contra el cambio climático es tan urgente que debería trascender ideologías. ¿Ves a Unidos Podemos pactando políticas en este sentido?

Debería ser así. Hablamos de una cuestión vital para la Humanidad. Hay que llegar a esos acuerdos, con quien sea. El problema surge cuando implican tocar posiciones dominantes en la economía y en el mercado. No es verdad que la lucha contra el cambio climático no tenga ideología. Por supuesto que la tiene. Porque se puede afrontar con un liderazgo del mercado, o con un liderazgo público; a favor de la mayoría, o de las grandes corporaciones. Lo puedes hacer monopolizando los recursos verdes, o de una forma solidaria. Hay que llegar a acuerdos, pero lo que los dificulta, no nos engañemos, es una base ideológica.