5 preguntas sobre la Ley de Cambio Climático

El Gobierno empezará a redactar en junio la Ley de Cambio Climático y Transición Energética para cumplir el Acuerdo de París. Su negativa a retirar la subvención al carbón produce recelos sobre la implicación real del Ejecutivo en la lucha contra el calentamiento global. Estas son las claves.

¿En qué consiste?

El objetivo del Acuerdo de París es que la temperatura global no aumente más de dos grados de aquí a finales de siglo. Esta ley será, por tanto, un instrumento clave para alcanzar los compromisos de España con la Unión Europea en su reparto interno de esfuerzos: a nuestro país le toca recortar en 2030 un 26% las emisiones de sectores como transporte, edificación, agricultura y otros, respecto a las de 2005. El Gobierno añade que esta ley «recogerá los compromisos necesarios para que la transición a una economía baja en carbono, y dar un impulso a las energías renovables y a la eficiencia energética».

¿Cuándo entrará en vigor?

Es pronto para dar una fecha concreta. La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, comunicó a finales del mes pasado a representantes de diversas ONG que el Gobierno empezará a redactarla después de la conferencia multisectorial que está organizando de cara a finales de mayo, en el que darán voz a «todas las partes y sectores implicados». Presumiblemente se elaborará en junio, y luego tendrá que seguir todos los procesos habituales de votación y aprobación en el Congreso, tramitación en el Senado, promulgación del Rey y publicación en el BOE.

¿Quiénes intervienen?

La ministra aseguró a principios de año, en rueda de prensa, que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética será «trabajada con todos, a través de un proceso abierto y participativo». En el mencionado debate sectorial intervendrán las ONG englobadas en el llamado ‘G5 ambiental’, esto es: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF. Por el momento, se reunieron con la ministra a finales del pasado abril, y le reclamaron que «pelease un aumento de los presupuestos generales del Estado que plantean una reducción del 45% en las partidas de cambio climático este año», según un portavoz de Ecologistas en Acción. Desde el Ministerio respondieron que «no se trata de un recorte porque algunas de las partidas ahora están dentro de los capítulos de Costas, Parques Nacionales o Agua».

Representantes del sector financiero y empresarial también estarán entre los consultados para la elaboración de la ley. Forética, la asociación de profesionales de la responsabilidad social, coordina en España el Clúster de Cambio Climático, integrado por 51 empresas, que ya expresaron el pasado marzo que tienen como objetivo «participar en el diálogo en torno a la futura Ley de Cambio Climático».

¿Qué temas va a tratar?

No hay una hoja de ruta concreta, pero el Gobierno ha ido adelantando en los últimos meses sus objetivos para esta ley. A finales de 2016, la ministra anunció públicamente que «impondrá reducciones de emisiones de gases invernadero en diferentes sectores con transporte, agricultura, edificación y otros». El Gobierno rechaza, por ahora, fijar una estrategia para disminuir drásticamente las emisiones para el año 2050, como sí han hecho Alemania (reducción de un 80%), Estados Unidos (hasta un 95%), Francia, México, Canadá o Costa Rica. El ministro de Energía Álvaro Nadas explicó en sede parlamentaria que «la Unión Europea ya las ha fijado para el 2020; se están definiendo para el 2030; ya llegaremos al 2050». Un portavoz de la ONG SEO/Bird LifeEspaña replicó públicamente que España es uno de los países más vulnerables al cambio climático, y por tanto «debe pensar y debatir qué quiere hacer para el 2050, pues el calentamiento es una amenaza para la biodiversidad, la economía, el empleo y la calidad de vida».

La plataforma Alianza por el Clima, que integra a numerosas ONG, ya ha presentado una propuesta de ley, y reclama al Gobierno participar en la elaboración de la misma. Entre muchos de los puntos que tratan, piden «presupuestos de reducción de emisiones para 2020, 2025 y 2030, Y sendas de reducción para llegar al 100% de reducción de emisiones en 2050».

¿Qué problemáticas se presentan?

Al Gobierno le va a resultar complicado defender que el principal objetivo de la nueva ley es reducir las emisiones, cuando España es el tercer país europeo que más subvenciones concede al carbón. Recientemente, Greenpeace acusó al ministro Nadal de «poner trabas a las políticas contra el cambio climático, al oponerse al cierre de las térmicas de carbón». El ministro ha reconocido públicamente que no contemplan un plan para cerrar las centrales de carbón, que son, por cierto, las principales causantes de que las emisiones de gases aumentaran un 3,5% a lo largo de 2015. Nadal prefiere dejarlo en manos del mercado: «Habrá menos uso del carbón; pero eso lo va a fijar el mercado, porque será un tipo de producción más costosa en términos económicos y ambientales». En cualquier caso, son meras previsiones, no planes concretos.

Durante su reunión con la ministra García Tejerina del mes pasado, las ONG le mostraron su preocupación respecto al paquete de invierno de clima y energía de la UE, en el que dos de cada tres instalaciones previstas para 2020 son de gas. «Esto impedirá alcanzar en 2050 el objetivo de reducir un 85% las emisiones de CO2», opina un portavoz e Ecologistas en Acción, y advierte: «El gas natural no es tan limpio. Genera muchas emisiones y tiene riesgos de fuga de metano, que es muy contaminante».