«Mientras los partidos políticos elijan a los vocales del CGPJ no existe separación de poderes»

José María de Pablo (Madrid, 1971) compagina su trabajo como abogado penalista con una intensa actividad divulgativa en medios de comunicación donde no rehúye ningún tema de actualidad, por espinoso que sea. Actualmente es socio y responsable del área de derecho penal en el Bufete Mas y Calvet, en Madrid. Ha intervenido en macroprocesos como los casos Bankia, tarjetas black, Forum Filatélico, Gowex, Palma Arena, Púnica, Lezo y el juicio por los atentados del 11-M.

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Cada año crece el número de asuntos pendientes en la Justicia española. La falta de medios motivó el pasado año el solapamiento de una huelga de funcionarios con una de letrados de la Administración de Justicia, un hecho sin precedentes. ¿Se ha cronificado esta escasez de medios y presupuesto?

Así es. La falta de medios y el escaso número de juzgados y jueces por habitante es uno de los principales problemas de la Justicia en España. La Administración de Justicia siempre está maltratada en los presupuestos generales del Estado, y los juzgados están saturados. Las dilaciones indebidas se han convertido en la norma general.

Se dice que una justicia lenta no es justicia. Desde su experiencia como abogado penalista, ¿está de acuerdo con esta afirmación?

La lentitud es injusta cuando se une a la frivolidad a la hora de acordar medidas cautelares reales en los procedimientos penales. Especialmente en la Audiencia Nacional nos encontramos con investigados a los que se bloquea su patrimonio durante los diez o quince años que dura el procedimiento, y se les condena a una muerte económica y civil, vulnerando su presunción de inocencia. En muchos de estos casos, cuando muchos años después se obtiene un sobreseimiento o una sentencia absolutoria, el daño patrimonial causado es irreparable. Hace unos años absolvieron a un cliente mío tras 17 años de bloqueo de su patrimonio: ¿quién le devuelve esos años?

«La lentitud es injusta cuando se une a la frivolidad a la hora de acordar medidas cautelares reales en los procedimientos penales»

¿Está en peligro la separación de poderes en España?

Mientras los partidos políticos elijan a los vocales del CGPJ no es que esté en peligro, es que no existe separación de poderes. Es muy grave que España siga desoyendo las recomendaciones del Consejo de Europa para que al menos la mitad de los vocales del CGPJ sean elegidos por los jueces, y no por los partidos políticos.

¿Confía en que, después del último acuerdo entre PSOE y PP, se lleve a cabo la reforma del mecanismo de elección conforme a esas recomendaciones?

Ojalá llegue esa reforma, pero hace años que se da una situación curiosa. Ambos partidos, PP y PSOE, cuando están en la oposición exigen esa reforma, pero cuando llegan al Gobierno y prueban el caramelo de controlar el poder judicial, cambian de opinión y se niegan a reformar la ley.

Una parte de la opinión pública tiene la sensación de que el poder político ejerce demasiada influencia sobre los jueces («politización de la Justicia»), mientras otra parte cree que el problema es justamente el contrario: que algunos jueces hacen política con sus actuaciones (lo que han dado en llamar lawfare y hace años se conocía como «judicialización de la política»). ¿Cuál es su percepción?

A mí no me parece que los jueces, como cuerpo, hagan política. Obviamente hay jueces que la hacen, y de hecho algunos, como Baltasar Garzón, fueron condenados en su día por prevaricación. Pero la mayoría de los jueces, al menos los que yo me cruzo en mi día a día profesional, se limitan a aplicar la ley sin más. Además, con el sistema actual, los jueces más interesados en hacer política acaban siendo designados vocales de CGPJ y dejan de dictar sentencias.

¿Qué le parece el hecho de que algunos asuntos como el caso de los ERE o la Ley de Amnistía se hayan convertido en caballo de batalla entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo?

En principio, que dos tribunales hagan interpretaciones diferentes de la ley no debería ser un problema, porque el Derecho es opinable y admite diferentes interpretaciones. El problema está en que, en un tribunal como el actual Constitucional, todos los asuntos relevantes se resuelvan por bloques ideológicos (siete contra cuatro, y tras el último nombramiento, siete contra cinco, pero siempre los mismos siete y los mismos cinco). Para mí, en todas estas resoluciones, ni la postura mayoritaria del bloque de siete ni el voto particular del bloque de cinco tienen credibilidad. Es evidente que ambos han resuelto pensando más en el partido al que deben su puesto que en la interpretación del Derecho que les marca su conciencia.

«El problema está en que, en un tribunal como el actual Constitucional, todos los asuntos relevantes se resuelvan por bloques ideológicos»

¿Cree que la Ley de Amnistía logrará sus objetivos o chocará con el criterio de los jueces?

Soy abogado, no adivino ni político, así que no tengo ni idea. Lo que me preocupa es que la división en bloques del TC evite que se declare la inconstitucionalidad de una ley que es claramente inconstitucional, por vulnerar el derecho a la igualdad, y por tratarse de una autoamnistía encubierta.

¿A su juicio, la instrucción del caso que afecta a la esposa del presidente del Gobierno está siendo proporcionada? ¿Le sorprendió que Pedro Sánchez se querellara contra el juez a través de la Abogacía del Estado a consecuencia de la toma de declaración como testigo que le practicó el magistrado?

No conozco el contenido de esa instrucción salvo por lo que se publica en la prensa, así que soy partidario de dejar trabajar al juez instructor y a la Audiencia Provincial que resuelve los recursos. La querella interpuesta por Pedro Sánchez sí me sorprendió, porque la he leído y lo que relata no es prevaricación. Los jueces se pueden equivocar y por eso existen los recursos. Pero una prevaricación exige una decisión que, además de ser injusta, no sea defendible por ninguno de los métodos de interpretación admitidos en Derecho. Y tachar de prevaricación el modo en que se acordó recibir declaración al presidente me parece un disparate.

Casi cada semana nos encontramos en los medios de comunicación con delitos que nos parecen más graves. Desde su percepción como abogado penalista, ¿cree que se está volviendo más violenta nuestra sociedad?

Lo que percibo es un mayor sensacionalismo de los medios de comunicación hacia determinados crímenes, con reportajes que no respetan ni la intimidad de las víctimas, ni la presunción de inocencia de los investigados, ni el trabajo de los investigadores y de los jueces. Habría que replantearse esto.

«Subir penas (o prometerlo) sirve para conseguir votos de gente que desconoce cuál es la pena vigente de ese delito»

Cuando se cometen delitos con gran impacto mediático a menudo se invoca la necesidad de endurecer el Código Penal, lo que se traduce a veces en reformas «en caliente». ¿Cree que el Código Penal que rige en España es lo suficientemente severo en comparación con el de otras democracias occidentales?

El Código Penal español es de los más severos de nuestro entorno, y si necesita una reforma sería, en mi opinión, para rebajar penas y recuperar la proporcionalidad. Subir penas (o prometerlo) sirve para conseguir votos de gente que desconoce cuál es la pena vigente de ese delito. Pero el delincuente no deja de delinquir porque la pena de determinado delito suba de cuatro a seis años.

El Código Penal es severo, pero el sistema procesal penal es muy garantista con el fin de no vulnerar ningún derecho de los procesados, en especial el de la presunción de inocencia. ¿Cree que hay casos en los que este derecho está amenazado? 

El miedo a la impunidad está ganando terreno a la presunción de inocencia en el ánimo de muchos tribunales. Especialmente en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual (pero también en otros), se está relajando de manera preocupante la valoración de la prueba, y se están firmando condenas en las que la única prueba de cargo es la declaración de la denunciante, incluso en casos en que esta declaración incumple los mínimos requisitos de credibilidad (contradicciones, cambios de versión, motivos espurios detectados, etc.). Esta relajación está enviando a muchos inocentes a prisión.

«Ahora se persigue a un hacker con los medios que prevé una ley aprobada en el siglo XIX»

Los delitos informáticos aumentaron un 25,5% en España en 2023 y ya representan casi una quinta parte de todas las infracciones penales. ¿El actual Código Penal es suficiente para dar respuesta a estos delitos o debería reformarse para responder a este desafío?

Para hacer frente a estos delitos, más que reformar el Código Penal hace falta una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora se persigue a un hacker con los medios que prevé una ley aprobada en el siglo XIX a la que se introdujeron algunos parches hace nueve años.

En la misma línea, ¿cree que el Código Penal debería adaptarse a las nuevas formas organizadas de ocupación ilegal de viviendas?

El Código Penal actual ya castiga los delitos de usurpación y de allanamiento de morada. Quizá sea más práctico dotar de instrumentos jurídicos a la Policía y a los juzgados de instrucción para solucionar las ocupaciones en menos de 24 horas.