No habrá paz para la agricultura… sin Pacto Verde Europeo

El 11 de diciembre de 2019 la Comisión Europea presentó oficialmente el Pacto Verde Europeo (PVE) con el objetivo de hacer de la Unión Europea (UE) un territorio climáticamente neutral. En esta propuesta se incluye el apoyo a «construir una auténtica visión a largo plazo de sistemas alimentarios sostenibles». También, se señala la urgencia de «actuar ante las consecuencias de los plaguicidas para el medio ambiente y la salud» y «reducir notablemente el uso de plaguicidas químicos». Además, se plantea reforzar «la protección y la restauración de los ecosistemas vulnerables». El 15 de enero de 2020, cuando se empezaba a hablar del coronavirus, la Eurocámara dio luz verde a esta ambiciosa y necesaria iniciativa política.

Cinco meses más tarde, en mayo de 2020, la Comisión Europea presentó la estrategia «De la Granja a la Mesa», una pieza clave para desarrollar la hoja de ruta del PVE. Entre sus propósitos están «acelerar y facilitar la transición, y garantizar que todos los alimentos introducidos en el mercado de la UE sean cada vez más sostenibles». También, mejorar el etiquetado de los productos para visibilizar las producciones locales y sostenibles.

Pero el PVE y sus estrategias tienen un gran talón de Aquiles: son solo guías de buenas intenciones. Para que tengan un impacto real en la vida de la ciudadanía, necesitan que sus objetivos se reflejen en leyes. Y la realidad es que, cuatro años después de esas promesas, seguimos sin reglamentos vinculantes. Así que la posibilidad de que se materialicen queda en manos del Europarlamento que resulte de los comicios del 9 de junio. Y la cosa no pinta bien: las encuestas señalan que aumentarán su presencia en el Parlamento Europeo aquellos que han prometido desmantelar cualquier iniciativa verde y social.

El Pacto Verde Europeo y sus estrategias tienen un gran talón de Aquiles: son solo guías de buenas intenciones

No parecen entender la urgencia de implementar normas europeas que ayuden con decisión a que el sector agroalimentario transite hacia la sostenibilidad –en su triple dimensión: económica, social y ambiental–. Y de implicar en ese empeño a todos los agentes de la cadena agroalimentaria, desde la producción hasta el consumo. Sin dejar a nadie atrás.

No comprenden que las personas que viven de la agricultura y la ganadería necesitan protección. Sobre todo aquella de mayor valor social y ambiental que lucha contra la España vaciada y produce alimentos en alianza con la naturaleza. Sin un etiquetado completo y que huya del greenwashing son incapaces de competir en un mercado voraz y desaparecerán.

No implementar este tipo de normativas afecta negativamente no solo al bienestar de las y los trabajadores del campo, sino también al de las y los consumidores, que demandan conocer lo que comemos y acceder a alimentos sanos y de calidad, a precios justos.

Reducir el uso de pesticidas en Europa

Hasta ahora, consecuencia del rifirrafe político, se han flexibilizado los requisitos ambientales para acceder a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y no se sabe nada de la propuesta de Sistemas Alimentarios Sostenibles. Mención especial tiene el Reglamento de Uso Sostenible de Plaguicidas (SUR, en sus siglas en inglés), que pretendía reducir el uso y el riesgo de los pesticidas sintéticos en un 50%. La Comisión Europea propuso un texto en 2022, pero lo retiró a principios de este año después de una intensa campaña del grupo de presión de la industria de fitosanitarios CropLife Europe y de las maniobras de los grupos conservadores europeos.

Se trata de una decisión desafortunada que no responde al más de un millón de ciudadanas y ciudadanos europeos que firmaron una petición para eliminar gradualmente los plaguicidas sintéticos para 2035 y apoyar a la agricultura y ganadería en la transición hacia un modelo sostenible. Un apoyo masivo que responde a una realidad: un estudio en cinco países europeos demostró que el 84% de la población tiene restos de al menos dos pesticidas en su orina.

Un estudio en cinco países europeos demostró que el 84% de la población tiene restos de al menos dos pesticidas en su orina

No hay que olvidarse de que el modelo agroindustrial dispara la tasa de accidentes y enfermedades crónicas. Por ejemplo, las trabajadoras del campo presentan una mayor incidencia de la enfermedad de Parkinson, vinculada a la exposición prolongada a ciertos plaguicidas. Todo un problema de salud pública.

El uso de químicos de síntesis amenaza también la base de la productividad agraria. La productividad depende íntimamente de recursos naturales como el agua, un suelo fértil y los polinizadores. Además, la ciencia ha demostrado que se puede disminuir el uso de plaguicidas sin afectar a la rentabilidad del sector agrario. En concreto, demostró que es posible una reducción del 42% del uso de pesticidas sin que afecte a la productividad ni a la rentabilidad, en la mayoría de los casos. Es por tanto falsa la dicotomía entre economía y ecología, cuando la realidad demuestra que son mutuamente dependientes.

Defender el PVE no es una cuestión de ideología, se trata de implementar medidas concretas que apoyen a la agricultura a largo plazo, asegurando su productividad y la salud de las y los agricultores y ganaderas, así como de las personas consumidoras. Mejorando su resiliencia y capacidad de adaptarse a los complejos retos a los que se enfrentan, como es el cambio climático, la competencia desleal, las exigencias y vaivenes de los mercados y los conflictos geopolíticos como el de Ucrania, que ha supuesto un incremento de los costes de producción y del precio de los alimentos para los consumidores.

Como sociedad no nos podemos permitir renunciar a los objetivos del Pacto Verde para que, con la complicidad de otras políticas como la PAC, Europa apoye y acompañe al sector agrario en la transición hacia modelos sostenibles económica, social y ambientalmente, basados en la agroecología. Ahora más que nunca necesitamos una agricultura europea con personas y para personas. Es necesario tomar consciencia de que cada una de nosotras tenemos la opción de votar por el futuro que queremos.

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Amaya Sánchez es coordinadora de la Oficina Técnica de la Coalición Por Otra PAC.