Vivienda digna y derechos humanos

En el pasado mes de diciembre se conmemoró la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), un hito del que en 2023 celebramos el 75 aniversario. Desde su proclamación en 1948, la andadura, aunque no exenta de dificultades y sombras, ha sido notable. Hoy, gracias tanto a la Declaración original como a desarrollos posteriores para la protección, entre otros, de los derechos de carácter económico, social y cultural, contamos con un marco de referencia válido y exigible que nos permite no solo contrastar la realidad con un marco de referencia compartido para la dignidad, la equidad y la paz, si no también, y quizá más importante, reconocer cuándo, dónde, cómo y por parte de quién los derechos incluidos en ella se transgreden y no son respetados.

Al tiempo, sin embargo, no nos equivocaríamos al afirmar que, en nuestro día a día, la mayor parte de nosotros no tenemos plena consciencia de cómo los derechos humanos se entrelazan y constituyen la base sobre la que podemos desarrollar nuestra vida en plenitud. Alejados de los complejos andamios intergubernamentales y jurídicos sobre los que se articulan los derechos humanos, no somos tampoco conscientes de todos los elementos que deben estar presentes para facilitar el ejercicio práctico y efectivo de estos derechos. No somos conscientes de las fuerzas que los obstaculizan y fragmentan directa e indirectamente. No somos conscientes, en definitiva, de su fragilidad.

Uno de los ámbitos que mejor ilustran tanto esa fragilidad como lo que significan para nuestras vidas los preceptos contenidos en la Declaración es el derecho a una vivienda digna. El derecho a la vivienda fue inicialmente reconocido en el artículo 25 de la Declaración como parte del derecho a un estándar de vida adecuado. A lo largo de las décadas posteriores este derecho ha sido desarrollado en multitud de acuerdos internacionales entre los que cabe destacar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. Ya en el siglo XXI, el derecho a una vivienda digna se incluyó como parte sustantiva en la Agenda de Desarrollo Sostenible en el marco del ODS 11.

Ya en el siglo XXI, el derecho a una vivienda digna se incluyó como parte sustantiva en la Agenda de Desarrollo Sostenible en el marco del ODS 11.

Pese a estos hitos, el acceso a una vivienda digna representa aún hoy uno de los mayores retos a los que se enfrenta la humanidad. En todo el mundo más de 1 billón de personas viven sin hogar o en viviendas críticamente inadecuadas sin los mínimos servicios (UN-Habitat 2022). Lo que se ha venido a llamar (como si de un fenómeno temporal se tratase) crisis de la vivienda, no es patrimonio de los países del Sur Global. También suspenden los países del Norte Global en su capacidad para garantizar el acceso a una vivienda digna, segura y asequible.

Así, cada vez son más los europeos que deben realizar un sobreesfuerzo económico para hacer frente a sus gastos de vivienda, un sobresfuerzo que en el caso de familias de bajos ingresos va mucho del umbral del 35% que los estándares internacionales consideran como límite. En España, según la Encuesta de Integración y Necesidades Sociales de FOESSA, 3,7 millones de personas viven en viviendas inseguras, 4,8 millones en viviendas inadecuadas y 4,1 millones en situación de hacinamiento.

Estas, entre otras muchas, son las cifras que llegan a los titulares y que nos hablan del precio al alza de la vivienda, del mercado de alquiler y su regulación, de la insuficiente oferta de vivienda pública, de la falta de alojamientos de emergencia, de la limitada oferta de alquiler social, de cómo jóvenes, familias, mujeres y migrantes se ven excluidos sistemáticamente en el acceso a una vivienda digna, de la cifra de hipotecas firmadas y quién puede tener acceso a ellas, del número de lanzamientos y ejecuciones, de desahucios y ocupaciones, de los tipos de interés y del aumento de coste de la vida. ¿Pero qué nos dicen en realidad estas cifras? ¿Cómo darles sentido desde el derecho humano a la vivienda digna?

Cada vez son más los europeos que deben realizar un sobreesfuerzo económico para hacer frente a sus gastos de vivienda

Decir que tras las cifras y los datos siempre hay personas e historias de vida, es una obviedad, pero, en este caso, una obviedad necesaria. Y es que cuando el derecho humano a la vivienda no está presente son otros muchos los derechos no respetados. El derecho humano a una vivienda digna vehicula todo aquello que hará posible que nuestra vida también sea digna. Como Naciones Unidas y otras muchas organizaciones han reiterado, el derecho a una vivienda digna no debe entenderse única y exclusivamente como aquel derecho ligado al espacio físico como un fin en sí mismo, si no como el derecho a disponer de un espacio estable y seguro como medio. Una vivienda digna no es solo un refugio ni mucho menos solo un bien económico.

Es la vivienda la que genera seguridad en el presente y confianza en el futuro. Sin derecho a una vivienda digna, asumimos que para muchos la precariedad será la norma. Y lo que es más grave, cuando el derecho humano a la vivienda digna no es efectivo, asumimos que tampoco lo serán muchos otros derechos. Tras las cifras que vemos en los titulares está también la negación y la violación, no solo del derecho a la vivienda, sino sus dramáticas derivadas en la posibilidad real del ejercicio de otros muchos derechos humanos en áreas como la educación, la salud, el empleo, los derechos civiles o la participación política.

Tras 75 años, nos encontramos en una encrucijada. Desde la atalaya que nos otorga el tiempo y el análisis podemos identificar la miríada de causas que nos ha traído hasta aquí. Entre ellas destacan la financiación creciente de nuestras economías, la evolución global de los mercados inmobiliarios y turísticos, el rol ejercido (o no ejercido) por gobiernos y administraciones públicas en materia de vivienda y regulación de los mercados, o los shocks económicos, medioambientales, sanitarios y geopolíticos. En algún momento del camino olvidamos que la vivienda, entendida como derecho humano, es un bien social.

Necesitamos un cambio profundo en la manera como entendemos la vivienda. Un cambio que prime y ponga en el centro el valor social de la vivienda y lleve consigo un alineamiento de las decisiones, políticas y acciones en torno a un objetivo ambicioso y claro: el respeto del derecho a la vivienda digna. Para ello, sabemos que el rol gubernamental es clave a todos los niveles de la acción política y nivel de administración. Sabemos también que no se puede hacer si contar con los actores del sector privado y las entidades del tercer sector que son compañeros de viaje y socios imprescindibles para aunar esfuerzos, recursos y voluntades. El tiempo apremia y debemos hacer compatible el trabajo a largo plazo que contribuya reformular cómo todos los actores implicados asumen un objetivo común que anteponga el valor social de la vivienda, con acciones de corto plazo que resuelvan las situaciones de emergencia y exclusión a las que se ven abocadas muchas personas. No existen soluciones mágicas para problemas complejos, pero para que el derecho humano a la vivienda sea una realidad cambiar nuestro marco de referencia no solo es necesario, sino imprescindible.

Ignasi Martí es director del Instituto de Innovación Social de Esade y Susanna Salvador es investigadora del Observatorio de la Vivienda Digna del Instituto de Innovación Social de Esade.