Derechos humanos (y sus nuevos desafíos)

Si hay algo de bueno en la celebración del Mundial de fútbol de Qatar es que ha demostrado, una vez más, que el concepto de los derechos humanos sigue siendo útil y vigente en la denuncia de injusticias y abusos en todo el planeta. Esto radica en su capacidad de adaptarse y dar respuesta a los nuevos retos de la humanidad. Uno de ellos, directamente vinculado a la organización del Mundial, es el rol y la responsabilidad del sector privado ante los derechos humanos y cómo asegurarnos de que rinde cuentas por ello, especialmente en un momento en el que la debida diligencia está emergiendo como una de las herramientas clave para intentar poner las riendas al imparable avance del sector privado en todas las esferas de lo público.

Desde 1948, las bases sobre las que se sustenta la idea contemporánea de los derechos humanos y los mecanismos que los protegen se han gestado bajo el prisma de un actor: el Estado, que tiene la obligación de respetar, proteger y cumplir con ellos. Sin embargo, las dinámicas de la globalización en las últimas décadas han evidenciado el poder y el impacto del sector privado. Tres ejemplos cercanos: Twitter y la libertad de expresión, Inditex y su cadena de suministro, el sector agrícola y los trabajadores migrantes. Los derechos humanos ya no son solo cuestión de los Estados.

Las empresas tienen la responsabilidad de respetarlos; es decir, deben abstenerse de infringir y hacer frente a las consecuencias negativas de sus actividades. La debida diligencia puede contribuir. Este es un instrumento que permite a las empresas identificar, prevenir, mitigar y responder por sus impactos sobre la sociedad, un proceso continuo donde deben evaluar su impacto real y potencial en materia de derechos humanos y ser la base a partir de la cual tomar acciones al respeto.

Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos; es decir, deben abstenerse de infringir y hacer frente a las consecuencias negativas de sus actividades

La debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos ha sido incorporada en iniciativas de carácter global como, por ejemplo, el Pacto Global o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, las Líneas Directrices de la OCDE para las Empresas Multinacionales, así como en multitud de planes a nivel nacional y sectorial. Sin embargo, el carácter voluntario de todas estas iniciativas ha limitado su implantación. Solo los mejores de la clase tienden a implementar ejercicios de debida diligencia profundos y coherentes. El resto no sabe o no quiere (o ambos) imbricarse en un proceso de estas características.

Es cierto que hay que hacer más y mejor pedagogía sobre los impactos potenciales del sector empresarial en materia de derechos humanos y, en particular, acerca de la debida diligencia. Sin embargo, no es menos cierto que centrándonos exclusivamente en la labor pedagógica y la buena voluntad empresarial no vamos a ir más lejos. Es más necesario que nunca que estos esfuerzos vayan de la mano de una legislación clara que establezca la debida diligencia de forma obligatoria.

Centrándonos exclusivamente en la buena voluntad empresarial no vamos a ir más lejos: es más necesaria que nunca una legislación clara que establezca la debida diligencia de forma obligatoria

En los últimos años, organizaciones de la sociedad civil y empresas se han lanzado a presionar a los Estados para que establezcan legislación en este sentido. Francia (2017), Holanda (2019), Alemania (2021), Noruega (2022), Suiza (2022) y Reino Unido (2015) son tan solo algunos de los países donde, mediante diferentes formas y alcances, ya se ha legislado al respecto. También la Unión Europea está trabajando en un borrador de futura directiva en materia de debida diligencia. En España la Plataforma por Empresas Responsables, que aglutina una gran cantidad de entidades de la sociedad civil, ha tomado el liderazgo y ha arrancado un primer compromiso por parte del Gobierno de trabajar en la cuestión, pero todavía hay mucha incertidumbre y campo por correr.

Todo cambia. Sociedades, política, tecnología. También los retos en materia de derechos humanos. Por eso es necesario repensar las herramientas que utilizamos para protegerlos. La debida diligencia es una de las opciones al alcance para minimizar los riesgos de un sector empresarial cada vez más omnipresente y poderoso: las leyes que la hacen un requisito obligatorio para las empresas son ya indispensables. Y es que proteger los derechos humanos es un imperativo, no una cuestión de buena voluntad.

Jordi Vives Gabriel, Investigador postdoctoral del Instituto de Innovación Social de Esade.