Realismo energético para esta legislatura

Para desconcierto de negacionistas, para sorpresa de «seguidistas» y para conocimiento general, los datos, asesinos del relato, son más elocuentes que la mismísima Calíope, dotando de justicia cartesiana a la política climática y energética de nuestro país en los últimos años.

España, gracias al avance en energías renovables, tiene el mayor grado de autoabastecimiento energético de los últimos cuatro lustros, (aclarado quede para el nuevo ministro de Cultura que hablamos de 20 años), siendo capaces de producir un tercio de la energía que consumimos. Para un país sin petróleo ni gas, responsables del 69% del consumo primario de energía, no está mal.

Por tanto, el primer dato objetivo que se presenta y que todo negacionista debería conocer, es que ni siquiera en los años 90 cuando el carbón nacional estaba a pleno rendimiento, España conseguía autoabastecerse energéticamente en un grado mayor que el actual. De esta situación hay que responsabilizar a la política energética de nuestro país de los últimos años y muy especialmente al gobierno del Partido Popular, que consiguió subastar y adjudicar 8.736 MW de potencia renovable solar y eólica y tramitar 12.153 MW mediante acuerdos bilaterales o PPA (Power Purchase Agreement). La primera sorpresa que los «seguidistas» se llevarán es que la potencia renovable que se ha puesto en marcha y conectado a la red con gobiernos de Sánchez, procede en su mayoría de la iniciada en el gobierno anterior y que de los 6.380 MW adjudicados por el actual gobierno, poco o muy poco, por una cuestión de permiting y de tiempo, se ha puesto en funcionamiento. El dato definitivo que corrobora esto está en el fracaso de la última subasta renovable que consiguió adjudicar poco más del 5% de lo ofertado.

Segundo, el saldo de Comercio Exterior de Productos Energéticos en España de los últimos 5 años es el peor de la serie histórica, 160.000 millones de euros frente a los 155.000 millones de euros de la serie anterior. Incluso incluyendo el año COVID, que por los precios más bajos del crudo y la movilidad limitada, podría haber corregido esa balanza comercial en favor de España, pero ni con esas. Aquí llega para desconcierto de «seguidistas», la segunda sorpresa con la objetividad de los datos: compramos más cantidad y a precio más elevado de gas y petróleo por erradas políticas como la excepción ibérica, que no solo ha generado sobrecostes en la factura eléctrica sino que, además, han multiplicado la compra de gas ruso y ha beneficiado a terceros países; la deficiente geopolítica energética, que nos ha cerrado un gasoducto de gas abundante y barato desde Argelia; o la más que cuestionable estrategia de movilidad sostenible, con una penetración de vehículos eléctricos que está muy lejos de los objetivos que el propio gobierno se marcó para este 2023.

Ocho millones de personas en España tienen una temperatura inadecuada en sus hogares (datos de 2022), 1,3 millones más que el año anterior

Tercero, el autoasignado prestigio ambiental de este Gobierno choca de frente con los datos del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la evolución de las mismas que acumula dos años de subidas, algo insólito. Ampliando el rango y analizando objetivamente los datos, se puede asegurar que el descenso generalizado en las emisiones iniciado en 2007, contrasta con el aumento de los dos últimos años contabilizados, con el agravante de que la producción industrial y las emisiones asociadas a ella caen drásticamente, pero el aumento de la producción eléctrica con gas (la tecnología más cara) y el transporte por carretera se disparan. Es decir, tenemos menos emisiones en sectores productivos, sin una evidente y destacable reconversión industrial, sino por la falta de actividad y un aumento alarmante en de emisiones en sistemas de producción eléctrica más contaminantes. Hemos visto la vuelta al consumo de carbón y hemos visto multiplicarse el consumo de gas en ciclos combinados en detrimento de la cogeneración, más eficiente y asociada a sistemas productivos. Estas consecuencias como en lo anterior son responsabilidad de la política energética del gobierno.

Y finalmente, nos fijamos con preocupación en otro efecto de cuantificación objetiva que la política gubernamental ha tenido sobre los españoles, se trata de la situación de pobreza energética que viven las familias y que según el informe sobre pobreza energética en España realizado por la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad Pontificia de Comillas, se puede concluir que 4,4 millones de personas sufren retraso en el pago de sus facturas, 8 millones de personas tienen una temperatura inadecuada en sus hogares, aumentando el dato en 1,3 millones de personas respecto a 2021 y de casi 3 millones respecto a 2020 y que 6 millones de hogares están en pobreza energética oculta. Así de duro y así de crudo, no hay ni un solo parámetro cuantificable que demuestre que hoy los españoles, sufran menos pobreza energética desde que Pedro Sánchez es presidente.

Frente al dato que contrasta con el relato, la legislatura que comienza tiene importantes retos energéticos que conquistar. La transición energética y de lucha contra el cambio climático, no debe estar sustentada bajo la unilateralidad decisoria y ejecutiva de la pasada legislatura (con un abuso excesivo del Real Decreto Ley), ni en la excesiva carga ideológica; ni en la excepcionalidad del «Spain is different» que el Gobierno ha querido imponer para justificar cuanto hiciese falta su acreditada mala política energética. Esa política energética debe ser revisada y contestada en base a propuestas y pactos energéticos, que saquen al Gobierno de la unilateralidad, nos devuelvan al centro de la política energética europea y consiga que la energía sea el elemento transformador de nuestra sociedad, de competitividad para nuestras empresas y un bien esencial y básico para las familias a precios bajos y estables.

La política energética debe ser revisada y contestada en base a propuestas y pactos energéticos, que saquen al Gobierno de la unilateralidad

En el horizonte tenemos un reto apasionante y común para toda la sociedad que debe articularse por medio de una buena política energética y que debe pasar, entre otras cuestiones, por desarrollar el almacenamiento para integrar mejor y más renovables en el sistema eléctrico; desarrollar más redes para atender mejor la nueva generación y la nueva demanda industrial; desarrollar el potencial español del biometano, biomasa y ecocombustibles; dotarnos de un marco normativo para el desarrollo del hidrógeno; desarrollar energía renovable de forma sostenible e integrada con el territorio; hacer del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima un verdadero plan energético y climático que responda a la realidad de nuestro país, en base a criterios de seguridad de suministro, respeto medioambiental y estabilidad de precios; completar la reforma del mercado eléctrico; impulsar la movilidad sostenible y la descarbonización del transporte; luchar de forma definitiva contra la pobreza energética; fomentar el desarrollo industrial y minero necesario para la reindustrialización de nuestro país, utilizando el mejor elemento de competitividad que tenemos frente a nuestros socios europeos como es una energía renovable más abundante y barata que en el resto de Europa; revertir la subida de emisiones de gases de efecto invernadero; preparar nuestro sistema energético para el nuevo sistema de derechos de emisiones de CO₂; y sin olvidar la racionalización de los cargos y peajes asociados a la factura eléctrica que tanto afectan a los ciudadanos y a la competitividad de las empresas.

En definitiva, se trata de elevar la altura de miras como país, hacer una política energética y climática integradora, con carácter de estado, trasversal, objetiva y centrada tanto en España como en Europa.

Si conseguimos alejar la retórica y la complacencia, la justificación de los malos resultados y la excepcionalidad como coartada para maquillar los errores propios, llegaremos a 2030 y a 2050 como una potencia energética y climática europea y global como nunca antes en nuestra historia. Tomemos los aciertos del pasado, corrijamos los errores del presente y conquistemos un futuro prometedor.

Juan Diego Requena es portavoz de Energía del Partido Popular.