Pensar como astronauta para una misión común

La llegada del ser humano a la Luna, culminada con el alunizaje del Apolo 11 en la superficie del satélite el 16 de julio de 1969, no fue la hazaña solitaria de tres intrépidos tripulantes. Tampoco el proyecto exitoso de una agencia aeroespacial gubernamental tan poderosa como la NASA. Ni siquiera el resultado del empeño político del Gobierno norteamericano en llegar antes que sus homólogos soviéticos a la meta en aquella frenética carrera espacial. Si la Humanidad fue capaz de poner a uno de los suyos a caminar sobre la Luna fue porque todos los grupos de interés –científicos, empresas, Administraciones y sociedad civil– trabajaron juntos para lograrlo («escogemos llegar a la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil», había dicho John F. Kennedy en un mítico discurso de 1961).

Esa manera de pensar como astronauta como vía para lograr cosas extraordinarias fue recogida hace unos pocos años por la economista italo-norteamericana Mariana Mazzucato en su Teoría de Misiones. Esta doctrina propone una reformulación de la manera en que son diseñadas las políticas públicas y del papel del Estado en la Economía, de forma que este deje de actuar como mero regulador y asuma un papel más activo y estratégico. Según esta visión, los Gobiernos deben trabajar para impulsar activamente soluciones a desafíos específicos y apremiantes en materia económica, social, medioambiental, tecnológica o de innovación.

Trabajar por el bien común

Las alianzas público-privadas juegan un papel destacado en esta concepción, que deja de contemplar a las empresas y Administraciones como silos independientes para buscar sinergias y puntos de conexión. Una empresa que comparte esta manera de pensar y de actuar es Chiesi. La multinacional farmacéutica ha hecho de la colaboración con otras compañías, Administraciones públicas, sociedades científicas y agentes sociales un pilar de su estrategia. «La colaboración es indispensable para contribuir a tener unas sociedades más prósperas y un planeta saludable. Debemos dar respuesta a retos concretos con soluciones innovadoras que generan un impacto sostenible. Y hacerlo de manera coordinada es esencial para tener un alcance más ambicioso e impulsar la acción», destaca Carmen Basolas, directora de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de Chiesi España.

Carmen Basolas: «Las empresas debemos impulsar modelos de negocio basados en el valor compartido»

A ese acercamiento entre dos mundos que tradicionalmente no han mantenido una comunicación demasiado fluida ha contribuido, sin duda, un cambio en la sensibilidad empresarial. Y es que las corporaciones han comenzado a replantearse su propia identidad como agente social. La Teoría de Misiones entronca con nuevas y audaces corrientes de pensamiento empresarial, como la del británico Roland Cohen y su concepto de «Inversión Social», que reniega del mero culto al beneficio como propósito corporativo y defiende una concepción de los negocios en la que la rentabilidad no es incompatible con el progreso social y la mejora del entorno. «Las empresas debemos impulsar modelos de negocio basados en el valor compartido, es decir, modelos que, más allá de generar beneficios económicos, se centren en mejorar la calidad de vida de las personas, reducir las desigualdades, respetar y regenerar el medio ambiente o fortalecer las comunidades», sostiene Basolas.

El papel de la sociedad civil

La cuarta pata de esa silla de la colaboración total que constituyen empresas, administraciones y universidades-comunidad científica es la sociedad civil. Al fin y al cabo, la sociedad es la destinataria principal de todo ese trabajo conjunto cuyo objetivo es mejorar la vida en el planeta. No tendría ningún sentido que quien se beneficia en el último término no tuviera también voz y voto en ese esfuerzo colectivo. Entidades de diversa índole, asociaciones, fundaciones, ONG, sindicatos, grupos religiosos y, por supuesto, la ciudadanía a título individual no solo están asumiendo un rol mucho más activo en cuanto a su capacidad de interlocución, presión e influencia respecto a los grandes asuntos, sino que lo ponen en práctica a través de multitud de propuestas. Algunas de estas iniciativas son los think tanks, grupos de discusión que reflexionan con espíritu constructivo, pero también desafiante, sobre los principales problemas de la Humanidad, y que elevan sus sugerencias y soluciones al resto de agentes para el cambio. «Las empresas deben reflexionar sobre cómo sus decisiones y actividades afectan a quienes tienen relación de una u otra manera con sus actividades. Tienen una oportunidad única de ser verdaderos agentes de transformación para sus plantillas, clientes, competencia, accionistas y, en general, para la sociedad de hoy y de mañana», señala Adriana Ruiz. Esta mallorquina de 37 años ha sido una de las 35 personas que han formado parte de «El Futuro Es Ser B», una iniciativa de innovación democrática impulsada por el movimiento B Corp y Demos Lab en la que la ciudadanía ha debatido y hecho propuestas acerca de cómo las empresas pueden mejorar la vida de las personas.

Otra de las participantes en este think tank es la sevillana Sara González. Para esta joven de 25 años, las grandes empresas tienen la responsabilidad de estar cerca de la realidad de su entorno, «ya que su impacto en la sociedad es significativo». Sin embargo, advierte, «hay mucho margen de mejora en este terreno». Por esta razón, «hace falta que se comprometan activamente con las comunidades en las que operan, y no solo a través de inversiones económicas, sino también mediante la escucha activa a todas las partes interesadas para comprender sus preocupaciones y perspectivas», opina.

La innovación es algo común

La innovación adquiere una especial trascendencia en la respuesta a retos superlativos como los actuales. Y es que las fórmulas convencionales son insuficientes para abordar desafíos como la agenda climática, la brecha tecnológica o las desigualdades sociales. Se necesitan planteamientos disruptivos y enfoques más ambiciosos. Algo que, en muchos casos, obliga a los agentes implicados a salir de su zona de confort y, sobre todo, a colaborar. «El sector privado tiene un rol fundamental en el impulso de la innovación como vía para la dinamización de la economía, el desarrollo de la sociedad y la creación de un futuro más sostenible. Sin embargo, la contribución del sector público es imprescindible para garantizar un ecosistema de innovación sólido y un marco regulatorio estable», apunta Carmen Basolas.

La rentabilidad no es incompatible con el progreso social y la mejora del entorno

El mejor ejemplo de cómo la unión es una fórmula infalible para enfrentarse a retos globales lo encontramos en la gestión de la pandemia de covid-19. El trabajo conjunto y coordinado de Administraciones, empresas, comunidad científica y sociedad civil fue clave para acortar los tiempos de respuesta, sin ir más lejos, en la creación de vacunas y en su administración a toda la población.

Distintos proyectos siguen esa misma senda de la colaboración. La iniciativa europea IMI, por ejemplo, financia proyectos de investigación en patologías con necesidades médicas o sociales no cubiertas. Lo hace con fondos aportados a partes iguales por la Dirección General de I+D de la Comisión Europea y la Federación Europea de la Industria Farmacéutica (Efpia).

El impulso institucional de las empresas con propósito

En los últimos años hemos asistido a una especie de renacer empresarial que tiene mucho que ver con esa valiente asunción de su corresponsabilidad en los grandes y pequeños asuntos del mundo. Una entidad empresarial que comprende su papel en la sociedad no puede mirar únicamente hacia su ombligo, sino que extiende el alcance de sus intereses a lo que sucede a su alrededor y busca la manera de tener un impacto positivo en su entorno. Pero, como en todo nacimiento, esta concepción de empresa con propósito que sintetiza esa visión necesita el refrendo de una autoridad que le dé oficialmente la bienvenida al mundo. En España, un paso significativo en esa dirección se dio en junio de 2022, cuando el Congreso de los Diputados anunció un acuerdo político para la creación de una figura jurídica que reconocía a las compañías que, además de un retorno económico, generan un beneficio social y ambiental. La figura, que recibe la denominación de Sociedades de Beneficio e Interés Común (SBIC), fue incorporada al anteproyecto de Ley Crea y Crece, norma que fue aprobada en septiembre de ese mismo año. Para llegar al final del camino, ahora las SBIC requieren la aprobación de un reglamento sólido y eficaz que permita regular esta figura.

Este reconocimiento se enmarca en la iniciativa «Empresas con Propósito», coordinada por B Lab Spain, y cuenta con el apoyo de 400 organizaciones como Oxfam Intermón, Save the Children y Economistas Frente a la Crisis, o personalidades como los académicos Alberto Montero, Víctor Lapuente y Toni Roldán; los periodistas Iñaki Gabilondo y Ana Pastor; y los activistas Laura Baena (Club de Malasmadres) y Nacho Dean.