Los «agujeros negros» del Estado de derecho español

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Fran Sánchez Becerril

@fransanchezbe

En los últimos años, España se ha enfrentado a un escenario de especial complejidad que ha puesto a prueba la democracia: es el caso del procés, la pandemia del coronavirus, la fragmentación política o la fuerte polarización social.

Para medir los «agujero negros» de nuestro modelo, la organización sin ánimo de lucro Hay Derecho y la Universidad de Murcia acaban de publicar un informe que mide la situación del Estado de derecho español. El estudio, titulado Midiendo el Estado de derecho: antes y después de la pandemia, analiza la situación de España entre 2018 y 2021 a partir de datos e información pública.

Politización de la justicia

El actual Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), constituido el 4 de diciembre de 2013 –es decir, bajo la mayoría absoluta del Gobierno de Mariano Rajoy–, finalizó su mandato el mismo día del año 2018, habiéndose iniciado el día 3 de agosto de aquel año el procedimiento para su renovación por acuerdo de su presidente. A día de hoy, sin embargo, su renovación aún no se ha producido.

El bloqueo del CGPJ ha provocado una disminución del 14% de magistrados en el Tribunal Supremo

Es un problema del Estado de derecho que, en parte, señala el análisis: la «politización de la justicia» y su impacto en la eficacia del sistema judicial.

En este sentido, apunta que el bloqueo al que los políticos tienen sometido al CGPJ ha provocado una disminución del 14% de la plantilla de magistrados en el Tribunal Supremo y la resolución de 1.000 sentencias menos al año entre todas las Salas.

Mucha inversión, pocos jueces

Según los datos de la Comisión Europea recogidos en el informe, España es uno de los países que más invierte en justicia y que, sin embargo, cuenta con un menor número de jueces. Además, es uno de los que presenta un mayor retraso en la ejecución de las sentencias: en nuestro país se tarda de 6 a 12 meses, frente a países como Bélgica (que establece un plazo máximo de 2 meses) o Francia (con un límite de 3 a 4 meses).

Por ello, el análisis de la organización –que dice luchar «por el buen gobierno, contra la corrupción y por la transparencia pública»– considera que «tenemos un problema de eficacia presupuestaria». Así, «la respuesta debe de incrementar no tanto la cantidad sino la calidad del gasto en justicia. En definitiva, no se trata tanto de gastar más, sino de gastar mejor los recursos de los que disponemos».

Abuso del decreto ley

En el plano del poder legislativo, el análisis apunta como otro de los agujeros negros del Estado de derecho al abuso del decreto ley, que tilda de «especialmente preocupante» al considerar que hay un «menoscabo de la función legislativa del Parlamento ante la normalización del decreto ley».

Este instrumento legislativo, recogido en nuestra Constitución para casos de extraordinaria y de urgente necesidad y que permite aprobar textos legales con rapidez sin apenas debate parlamentario y sin posibilidad de introducir enmiendas, ha sido utilizada una media de 2,8 veces por mes en la actual legislatura. El actual gobierno es el que más ha utilizado este tipo de normas, situándose un punto por encima de la media de cualquier otra legislatura en los últimos 40 años.

Legislar para la foto

Otro de los graves problemas que encuentra el estudio en el Poder Legislativo es el que denominan «legislar para la foto», vinculado con una ingente producción normativa que provoca que las leyes en España cambien continuamente.

El actual gobierno es el que más ha utilizado el decreto ley, con un punto por encima de la media

El informe señala que esta falta de fijeza de las leyes no significa solamente una enorme molestia para los juristas y una fuente de inseguridad jurídica para los ciudadanos, sino que se traduce asimismo en una mayor dificultad para establecer líneas jurisprudenciales.

También resulta importante destacar el incumplimiento de los Planes Anuales que elabora el Gobierno con las previsiones que realiza para la aprobación de normas. Según evidencian, hay importantes diferencias entre lo que se planifica y lo que se hace finalmente en el plano normativo.

Retrasos con el derecho de la UE

Un problema también señalado en el documento es el relativo al retraso en el cumplimiento de las obligaciones de transposición de las normas de la Unión Europea al derecho nacional. 

España encabeza la clasificación de países que no trasladan –o lo hacen incorrectamente o con retraso– las normas europeas a su ordenamiento jurídico. Como resultado, España lidera desde 2016, de forma ininterrumpida, el ranking de Estados con mayor número de procedimientos de infracción del derecho comunitario, con 105 procesos abiertos en 2021 (y frente a los 31 y 48 de Dinamarca y Finlandia respectivamente).

Fiscalía: Delgado, Stampa y Moix

Hay Derecho y la Universidad de Murcia señalan a los problemas de la falta de autonomía de la Fiscalía General del Estado que «son también recurrentes en España, con nombramientos de fiscales generales del Estado muy próximos siempre al Gobierno de turno».

El análisis critica el nombramiento como fiscal general del Estado de Dolores Delgado, que estuvo dos años en el cargo, por ser la anterior ministra de Justicia. Asimismo, señala a Stampa y Moix: «En el caso de Ignacio Stampa, el retraso en el archivo de la investigación que pendía sobre él obstaculizó su acceso a la Fiscalía Anticorrupción. En el caso de Manuel Moix, su nombramiento como Promotor de la Acción Disciplinaria de la Fiscalía General del Estado le coloca a la cabeza del sistema disciplinario del Ministerio Público, aún a pesar de contar con solo dos de los doce vocales del Consejo Fiscal a su favor».

Suspenso en trasparencia

En materia de transparencia y rendición de cuentas destaca el creciente interés ciudadano por hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública mediante las solicitudes de acceso a la misma a nivel estatal. Se trata de un aspecto que no deja de incrementarse, particularmente desde el año que comenzó la pandemia (2020), con 11.453 solicitudes frente a las 7.449 del año anterior.

Este interés ciudadano, sin embargo, choca con «una cierta resistencia al cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) por parte de los organismos afectados», que se manifiesta tanto «en los numerosos recursos judiciales interpuestos contra dichas resoluciones como en los casos en que las resoluciones firmes del CTBG son ignoradas por la Administración que debería cumplirlas».