Ciudades santuario: un oasis contra la política migratoria de Trump

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Carmen Gómez-Cotta

@GomezCotta

«San Francisco es una ciudad santuario y no renunciará a su compromiso de proteger los derechos de todos sus residentes», afirmaba el que entonces era su alcalde, Edwin Lee, en enero de 2017 cuando anunció una expansión para un fondo de la ciudad que promueve servicios legales a la comunidad inmigrante, al margen de si sus miembros están o no documentados. «Los 1,5 millones de dólares de este año serán clave a la hora de apoyar y extender las organizaciones que ofrecen apoyo y protección a las familias inmigrantes», explicó entonces.

California es uno de los nueve estados considerados santuarios en Estados Unidos, según el Centro de Estudios sobre Inmigración. Junto al Golden State, varias ciudades y condados de Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Vermont se suman a la lista de jurisprudencias que se alzan contra la feroz política de inmigración de Donald Trump, defendiendo el derecho de los inmigrantes a vivir en sus territorios sin miedo a ser encarcelados o deportados.

Ciudad, condado, estado santuario. No es un término legal, sino algo informal, amplio y ambiguo con el que se etiqueta a aquellas jurisdicciones territoriales que tienen políticas que limitan la cooperación o participación con acciones federales que aplican la ley de inmigración sobre personas indocumentadas. Es decir, que las autoridades de estos territorios santuario no cooperan con los mandos federales cuando se trata de aplicar las leyes nacionales en las políticas de inmigración.

El término surgió en Los Ángeles en los años 80, cuando la ciudad se alzó contra la policía local que no dejaba de interrogar a ciertas personas con el objetivo de determinar su status migratorio. Al final de esa década, en 1989, San Francisco aprobó una ordenanza que prohibía el uso de los fondos de la ciudad para reforzar las leyes federales de inmigración. En 1990, Estados Unidos registraba 3,5 millones de inmigrantes indocumentados, según el Centro de Investigación PEW, unas cifras que empezaron a aumentar a finales de esa década, alcanzando los 12,2 millones en 2007. En cambio, la cifra descendió ligeramente los años posteriores, llegando a los 10,7 millones en 2016 –aunque es cierto que desde ese año hasta ahora la inmigración, especialmente de países centroamericanos, se ha disparado–.

En 2016, en Estados Unidos vivían alrededor de 10,7 millones de inmigrantes indocumentados

Durante su campaña electoral, Donald Trump defendió con ahínco que aquellas ciudades santuario que se negaran a colaborar con las autoridades federales dejarían de recibir ayudas financieras. Cumpliendo con su promesa, una vez se convirtió en el 45º presidente de Estados Unidos, firmó una orden ejecutiva para cortar las ayudas financieras federales a las ciudades que se negasen a cooperar aplicando las leyes de inmigración. Su objetivo, según ha recalcado en diversas ocasiones, es brindar más seguridad al país. Frente a esto, los alcaldes de ciudades como Chicago –el entonces Rahm Emanuel y la actual Lori Lightfoot–, Nueva York –Bill de Blasio– o San Francisco –London Breed– han reiterado que seguirán siendo urbes que acogen y defienden a los inmigrantes, documentados o no.

Otros, en cambio, han decidido dejar de ser ciudades santuario. Es el caso de Miami y de su alcalde Carlos Giménez, quien ha decretado que aquellas cárceles locales con inmigrantes indocumentados detenidos deberán entregar su información –sus huellas dactilares y datos personales, como el estatus migratorio– al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Una resolución que ha desatado la furia y oposición de un buen número de ciudadanos y organizaciones de esta ciudad de Florida: el 67% de la población del condado de Miami-Dade (que incluye urbes como Miami y Miami Beach) es latina. Además, se calcula que más de 150.000 inmigrantes sin documentos viven entre este condado y el de Monroe, que incluye el sur de Florida y Los Cayos.

En una nueva vuelta de tuerca ante este tema, el presidente de Estados Unidos amenaza con «depositar a todos los inmigrantes ilegales solo en las ciudades santuario». «Debido a la negativa de los demócratas de cambiar nuestras peligrosas leyes de inmigración», escribía en su cuenta de Twitter. El periódico The Washington Post revelaba que la Casa Blanca habría intentado presionar a las autoridades de inmigración para que pusieran en libertad a inmigrantes en distintas ciudades santuario, para poner en el ojo del huracán los bastiones liberales y dañar así a los demócratas. Una medida que algunos han acogido con agrado, como el gobernador de Texas, Greg Abbott, que incluso ha afirmado que los legisladores de su estado están trabajando en leyes antisantuario, dejando en el aire el futuro de los millones de inmigrantes indocumentados que habitan en la tierra de las libertades.