Quien contamina, ¿paga?

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Anna Maria González Montes

La movilización de recursos para acciones climáticas responde al principio de «responsabilidad común pero diferenciada, y según las capacidades respectivas» de la Convención marco por el Clima de las Naciones Unidas (UNFCCC). En 2015, el Acuerdo de París estableció que «los países desarrollados deben proporcionar asistencia para que los países en desarrollo cumplan sus objetivos de mitigación y de adaptación». Desde entonces, y pese a los avances, sigue sin alcanzarse la totalidad del fondo de los 100.000 millones de euros anuales a disposición de estos países.

Tampoco se ha equilibrado el reparto entre las acciones para la reducción de emisiones (mitigación), que recibe la mayoría de los recursos, y las destinadas a la protección y la transformación de los medios de vida (adaptación). Y, además, estos recursos se prestan mayoritariamente en forma de préstamos y no de subvenciones, al estar abierta a interpretación la definición de financiación climática. Esto podría agravar los problemas de deuda de los países en desarrollo al trasladarles el coste de las medidas pese a su escasa responsabilidad en las emisiones globales.

¿Cómo conseguir que quien más ha contaminado (y más contamina), más pague? ¿Cómo afecta esta responsabilidad a China e India, países altamente contaminantes, y a la vez países en desarrollo hoy día? Implementar los objetivos de financiación fue una de las conclusiones principales del Pacto de Glasgow en la pasada COP26, junto con la revisión de la ambición de los climática de los países en sus contribuciones nacionales determinadas (NDC) para limitar el aumento de las temperaturas.

Un año después, se ha puesto en cuestión el lema de «mantener vivo el (objetivo) de 1,5 ºC» que se fijó en París. Un reciente informe de la Oficina de Cambio Climático de Naciones Unidas alertaba del peligro real de que el calentamiento supere los 2,5 grados en 2100, incluso si se cumplen los planes de cero emisiones netas a 2050. Por eso, las partes reunidas en la COP27 han puesto mucha más atención en la adaptación y en la urgencia de aumentar la colaboración entre Estados, empresas, y entre disciplinas de conocimiento. La adaptación requiere, igual que la mitigación, de recursos y de tecnología, pero puede resultar mucho más compleja y costosa de llevar a cabo ya que el horizonte de aumento de las temperaturas genera dudas sobre la planificación de los proyectos y su eficacia a medio y largo plazo.

Tras la Cumbre entrará en vigor la iniciativa ‘Global Shield’ liderada,  un sistema ágil de transferencias en respuesta a inundaciones, sequías, incendios u otras eventualidades en países de bajos ingresos

A la delicada situación de algunos Estados insulares en riesgo de desaparecer, se suma la vulnerabilidad de millones de personas debido a la zona geográfica en la que viven y las malas condiciones socioeconómicas. Las inundaciones en Pakistán, con un tercio del país afectado y millones de desplazados, ponen rostro a la demanda de financiación para 2030 de 1 billón de dólares anuales para abordar las necesidades de los países en desarrollo (sin China), según el grupo de expertos de alto nivel sobre financiación climática.

La protección de las comunidades y las perspectivas del desarrollo son particularmente relevantes en las discusiones sobre adaptación, pero también muy sensibles políticamente: los países desarrollados reconocen su responsabilidad histórica sobre el conjunto de las emisiones, pero rehúyen de nuevos compromisos que los obliguen jurídicamente, sin condiciones, a aportar fondos al Sur Global. Insisten en centrar los esfuerzos en el aumento de las temperaturas para frenar los efectos devastadores del clima, dos caras de una misma moneda que casi han bloqueado las negociaciones en la COP27.

En este contexto han tenido lugar las discusiones sobre el mecanismo de «daños y pérdidas», reclamado desde hace décadas por el G77+ China, para hacer frente a los desastres irreversibles y las situaciones adversas que no podrán evitarse con las medidas de adaptación. Ese logro diplomático indiscutible que sin embargo será difícil de llevar a la práctica bajo la perspectiva de la reparación y de la justicia climática. Pese a formar parte del acuerdo final de la cumbre, en el tiempo de descuento, se emplaza a un marco de trabajo para el año próximo en el que los países ricos quieren involucrar a actores como China y Arabia Saudí.  La Comisión Europea y Estados Unidos han aceptado la creación de un fondo diferenciado, pero en un marco de negociación junto con otros programas y fondos ya existentes, y siempre y cuando se revisen al alza de los objetivos climáticos de los países (NDC).

Las partes reunidas en la COP27 han puesto mucha más atención en la adaptación y en la urgencia de aumentar la colaboración entre Estados, empresas, y entre disciplinas de conocimiento

Entre tanto, tras la COP27 entrará en vigor la iniciativa Global Shield liderada por Alemania y el G7, que deberá encontrar un encaje válido tras el acuerdo sobre el fondo para daños y pérdidas. Consiste en un sistema ágil de transferencias en respuesta a inundaciones, sequías, incendios u otras eventualidades en países de bajos ingresos concebido como un esquema de protección social y de seguro de riesgo climático, con criterios específicos para los desastres naturales. Cuenta con el apoyo del V20 (grupo de países más vulnerables cuya contribución al total de las emisiones alcanza el 5% del total). Pakistán, Ghana y Bangladesh estarán entre los primeros beneficiarios, según el programa anunciado en la cumbre.

Parte de la contribución inicial proviene de Alemania con 170 millones de euros, más las anunciadas por Dinamarca, Irlanda, Canadá y Francia. Estados Unidos ha mostrado su apoyo, así como el Banco Mundial, y otras instituciones multilaterales que también estarían involucradas en el fondo de daños y pérdidas. Sin embargo, además de la pequeñez de la cuantía, falta mucho detalle para conocer su funcionamiento o el alcance final de las transferencias monetarias.

En un contexto geopolítico de fuerte preocupación se ha evitado un pronunciamiento rotundo sobre la eliminación de las subvenciones ineficientes de las energías fósiles y el carbón

Existen interrogantes sobre cómo un sistema de seguro climático se hará cargo de unas consecuencias futuras que se estiman catastróficas o cuál será el coste para los países afectados. ¿Cómo se abordarán impactos que se produce de forma lenta e irreversible como el aumento del nivel del mar? ¿Cómo responderá a una afectación que se puede extender a millones de personas que viven en zonas potencialmente inundables?

La COP27 concluye sin avances para limitar el calentamiento global al final de siglo, la fuente de todos los males. En un contexto geopolítico de fuerte preocupación por la crisis energética y alimentaria agravada por la Guerra de Ucrania, se ha evitado un pronunciamiento rotundo sobre la eliminación de las subvenciones ineficientes de las energías fósiles y el carbón. Y tampoco se dan grandes pasos sobre la restauración del capital natural ni en biodiversidad, indispensables para la salud de los sumideros naturales de CO2. El paso del tiempo juega en contra del bienestar del planeta. Corremos el riesgo de que las múltiples emergencias en que vivimos desenfoquen el propósito de las cumbres y lastren la capacidad de consenso y la credibilidad de los miles de actores públicos y privados que cada año se dan citan en estos encuentros.

Anna Maria González Montes es directora de Proyectos de la Cátedra de Liderazgos y Sostenibilidad de Esade.