Recelos, esperanzas y pocos logros

La intensa vigilancia, los innumerables fallos logísticos de las instalaciones y el ritmo lento de las discusiones climáticas han protagonizado la primera semana de la cumbre, agotando a los asistentes, a los movimientos sociales y a los observadores de la sociedad civil.

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14
Nov
2022
cop

Sharm El-Sheikh (Egipto) ha recibido a más de 30.000 personas de 196 países desde que empezó la nueva edición de la Conferencia de las Partes (o COP 27) el pasado 6 de noviembre. Durante la inauguración, los líderes políticos marcaron la agenda a seguir para las dos semanas de discusiones climáticas, anunciando que las «pérdidas y daños» entrarían por primera vez en las negociaciones. «Los impactos mortales del cambio climático están aquí y ahora. Las pérdidas y daños ya no se pueden esconder debajo de la alfombra. Es un imperativo moral», decía entonces António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. 

Desde entonces, la COP ha intentado que este término –que hace referencia a los impactos extremos causados por la crisis climática en países con pocos recursos– esté presente en todos los espacios. Y aunque puede notarse cómo los países reconocen la urgencia de integrar este elemento, los avances han sido escasos en las conversaciones sobre la consecución de mecanismos que permitan a los países más necesitados acceder a la financiación.

La transición energética ha sido la otra protagonista durante estos días. Mucho se esperaba del discurso del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien presumía de su país –tras las anteriores sombras trumpistas– como «líder mundial confiable en materia climática» el pasado viernes 11. Biden también habló de su plan climático nacional, que contará con un presupuesto de 370 millones de dólares y cuyas promesas encierran la consecución de los objetivos climáticos en el año 2030. Una suma que, a pesar de ser enorme, no oculta el hecho de que Estados Unidos es el principal productor y consumidor de petróleo y gas del mundo en la actualidad. 

De hecho, alrededor de 636 lobistas de combustible fósiles participan en las negociaciones climáticas este año, 100 más que en la pasada edición de Glasgow. Las cifras sobre su presencia en Egipto, presentadas por la organización Global Witness, son alarmantes: hay más lobistas de combustibles fósiles que cualquier delegación nacional del continente africano, y después de los Emiratos Árabes Unidos (donde se desarrollará la siguiente COP), Rusia tiene la segunda mayor cantidad, con hasta 33 lobistas. 

¿Hay justicia climática sin derechos humanos?

La primera semana terminó con una manifestación convocada por la Coalición COP 27 –dentro de las instalaciones de la sede– con un objetivo: «Exigir el fin del clima y otras injusticias, y como una respuesta urgente de los gobiernos y líderes al clima y otras crisis múltiples vinculadas».

La aplicación oficial de la cumbre accedió desde el principio (tan solo tras descargarla) a información privada del usuario

Se trata de la primera vez que una acción social como esta no tiene lugar en la calle, pero la situación no sorprendió a los asistentes, que percibieron la existencia de limitaciones en las movilizaciones sociales desde su llegada. El lunes ya era un secreto a voces que la aplicación móvil de la conferencia para recibir información sobre eventos paralelos, discursos y eventos de alto nivel, accedía a información privada con solo descargarla. Según lo denunciaron diferentes medios, «la aplicación oficial de la COP 27 requería que el gobierno egipcio tuviera acceso a la ubicación y los correos electrónicos de los usuarios», lo que pronto despertó los temores de que dicha información se usara para ubicar a quienes están en contra del régimen.  

En los pasillos, comunicadores y periodistas también denunciaban la extrema vigilancia de los miembros de seguridad durante los primeros días. Tanto es así que esta publicación ha podido confirmar la historia de una asistente, miembro de una organización de la sociedad civil, a la que el personal ubicado en la entrada pidió encender su cámara para mostrarle las fotografías que había tomado.

Estos obstáculos no sorprenden: el régimen de Egipto criminaliza la libertad de expresión y de asociación y cuenta con un preocupante historial de arrestos a activistas de los derechos humanos y ambientales. En los días previos a la COP, de hecho, la atención se dirigió hacia el activista Alaa Abd El-Fattah, condenado a cinco años de prisión por difundir noticias relacionadas a los abusos policiales en redes sociales. Desde el inicio de la COP 27, el activista intensificó su ya activa huelga de hambre, mientras que su hermana, Sanaa Seif, participó en la conferencia y asistió a diversas demostraciones denunciando al régimen y pidiendo solidaridad global.

«El desarrollo sostenible no puede existir sin la capacidad de manifestarse de los individuos y las organizaciones, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, protesta y asociación. […] No nos olvidamos de la represión y las amenazas que nuestros hermanos y hermanas enfrentan todos los días en Egipto y en el mundo», apuntaba la sociedad civil en el boletín ECO.

Algo con lo que no parece coincidir el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry. Al ser consultado por las distintas agencias de noticias sobre el caso de Alaa, dejó claro que como presidente de las conversaciones sobre el clima, el tema no era una prioridad: «Creo que es beneficioso para lograr nuestros objetivos que sigamos enfocándonos en este tema. Por eso estamos aquí».

El papel de la presidencia egipcia continúa siendo vital para lograr un borrador alineado con la urgencia de financiamiento climático y mitigación. Durante la próxima semana, los ministros empezarán a unirse a la Conferencia para intentar llegar a un acuerdo que permita pasar a la acción y que sobre todo, dé a África una oportunidad para crecer sin depender de los combustibles fósiles.

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