Alimentación sostenible, un derecho fundamental

El pasado 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación en un contexto de incertidumbre y decepción generalizada. Las Naciones Unidas se habían marcado como el segundo Objetivo de Desarrollo Sostenible erradicar el hambre en 2030 y, sin embargo, el número de personas en esta situación lleva tres años en aumento, siendo el dato de actual de 828 millones de personas el más alto de la última década.

Hay un empacho de evidencia que nos muestra la necesidad de cambiar nuestro sistema alimentario si queremos tener vidas saludables, dignas y un planeta vivible. Por ejemplo, la constatación de que el sistema alimentario es responsable de un tercio de los gases de efecto invernadero a nivel global, que el 40% de la población mundial no puede acceder a una dieta saludable, que desechamos alrededor de una tercera parte de los alimentos producidos para el consumo humano –lo que equivale a la producción del 28 % de la tierra cultivada en el mundo–, que alrededor del 75 % de la diversidad genética de los cultivos agrícolas se perdió durante el siglo XX o que en nuestro país  90.000 muertes al año se asocian a dietas inadecuadas.

Sin embargo, y a pesar de estos datos, los países de altos ingresos como el nuestro damos por hecho que la comida llegará a nuestras calles cada día para alimentarnos, con la misma despreocupación que esperamos que salga el sol. Los alimentos son esenciales para la vida, pero se han vuelto invisibles a la acción política y la reivindicación ciudadana. ¿Tenemos el mismo derecho a alimentarnos de forma adecuada como de acceder a la educación pública, la protección de la salud o la vivienda? ¿Quién vela porque todas las personas podamos comer de forma adecuada para desarrollar una vida activa y saludable? ¿Cómo podemos permitir que nuestras criaturas se alimenten de forma que les genere enfermedades como la obesidad, a base de productos que destruyen su planeta? O incluso que acudan a la escuela sin comer?

La falta de acceso a una alimentación adecuada no se mide de forma rutinaria: no sabemos cuántas personas pasan hambre, se saltan comidas o cambian la calidad de su alimentación

La centralidad del derecho a la alimentación ha estado aletargada en los países europeos donde los alimentos han sido artificialmente baratos durante décadas y las personas más vulnerabilizadas eran apoyadas por el Estado del bienestar, por redes familiares y comunitarias, o directamente por la caridad, como los bancos de alimentos. Pero la importancia del derecho a la alimentación para poder tener una vida digna se hace visible, aunque sea por un tiempo fugaz, ocupando incluso portadas de los medios de comunicación.

Este fue el caso de las colas del hambre que se formaban en las calles vaciadas durante la pandemia o en la actualidad con la escalada de los precios de los alimentos, una inestabilidad de precios que ha venido para quedarse pero que no es una realidad ajena, ya que el peso de la alimentación en nuestro gasto se ha ido reduciendo: en los sesenta suponía casi la mitad del gasto anual de los hogares, y ahora representa solo el 17%.  

La falta de acceso a una alimentación adecuada ha sido renegada de tal manera en nuestro país que ni siquiera se mide de forma rutinaria. Aquello que no se conoce no se puede gestionar, ni tampoco formará parte de los objetivos que nos marcamos como sociedad. Ante esta anomalía de no saber cuántas personas pasan hambre, se saltan comidas o cambian la calidad de su alimentación por falta de recursos, desde la Universidad de Barcelona y con el apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso medimos los niveles de inseguridad alimentaria en España en 2021.

El resultado mostró un 13,3% de los hogares españoles no pueden acceder de forma regular a alimentos suficientes en términos de calidad y cantidad que aseguren su desarrollo normal; es decir, experimentan inseguridad alimentaria, lo que afecta a más de 6,2 millones personas en todo el país. Esta cifra equivaldría a que toda la población de la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares.

El problema es estructural: ya antes de la pandemia el 11.9% de hogares españoles sufría inseguridad alimentaria

Los datos además muestran que este problema es estructural, ya que antes de la pandemia el 11.9% de hogares españoles ya sufría inseguridad alimentaria. En la situación actual de subida del precio de los alimentos, esta vulneración del derecho a la alimentación solo ha podido empeorar, pero dada la falta de monitoreo no sabemos la magnitud real de la problemática.

En este sentido, el contexto de inestabilidad y emergencia constante requiere actuar frente la evidencia y estar a la altura de este momento crucial para nuestra sociedad. No podemos rehuir de nuestra responsabilidad ni dejar de reclamar el derecho de todas las personas a alimentarse de forma que genere salud y bienestar, justicia social, prosperidad en el territorio y salvaguarde nuestros ecosistemas; es decir, alimentarnos de forma sostenible. Esto se traduce en abordar la emergencia actual pero también en elevar la mirada más allá del ticket de la compra para entender que los alimentos no son solo una mercancía sino una fuente de salud y vida, un vehículo que estructura nuestro día a día y une a personas agricultoras, transformadoras, vendedoras, cocineras y consumidoras; y nuestro vínculo diario entre la sociedad y la naturaleza.

El acceso universal a menús escolares sostenibles puede ser una buena solución para la población más vulnerable

En el Libro Blanco de la Alimentación Sostenible en España más de 50 investigadores y profesionales del sector realizamos un análisis complejo de los retos que presenta nuestro sistema alimentario y ofrecemos muchas respuestas, desde el acceso universal a menús escolares sostenibles al apoyo de iniciativas que aseguren el acceso a alimentos sostenibles de la población más vulnerable.

La transformación de nuestra alimentación requiere de un abordaje integral y colectivo que, en última instancia, nos interpela a decidir cómo queremos vivir, qué tipo de relaciones queremos construir con el resto de la sociedad y con la naturaleza, y qué tipo de vida será posible para nuestras hijas y nietas. Es momento de construir ese futuro donde todas las personas tienen garantizada una alimentación sostenible y, por tanto, una vida digna.

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Ana Moragues es ingeniera agrónoma, doctora en economía agrícola e investigadora sénior (Ramón y Cajal) de la Universidad de Barcelona, además de investigadora invitada del Sustainable Places Institute de la Universidad de Cardiff.