«Hay que crear un sistema de prisiones que rehabilite de verdad»

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Jorge Ratia

@JorgeRatia

«Al azar agradezco tres dones: haber nacido mujer, de clase baja y nación oprimida». Este verso de la poeta Maria Mercé podría describir el punto de partida de Navanethem Pillay (Durbán, 1941), a la que el ‘apartheid’ no consiguió frenar su afán por crear un mundo más justo. Tras medio siglo de carrera, Pillay ha ejercido de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, jueza de la Corte Penal Internacional de La Haya y jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica. Ahora es la Presidenta de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), organización independiente con sede en Madrid que promueve la abolición mundial de la pena capital.

¿Cómo decide una mujer de descendencia india dedicarse a la justicia en pleno apartheid sudafricano?

Nací y crecí en un entorno muy pobre, por lo que siempre pensé que éramos inferiores al resto. Y para colmo, negros. Nadie en mi familia había estudiado, mi padre era conductor de autobús y mi madre… Bueno, recuerdo que en aquel entonces decían: «si envías a las mujeres a estudiar, solo aprenderán a escribir cartas a los novios». Es decir, nada de estudios. Mi vocación realmente empezó por un compañero de trabajo de mi padre que, cuando yo tenía cinco años, un día se presentó en nuestra casa a pedir diner. Decía que mi padre lo había mandado porque quería comprar gallinas, pero era mentira. Mi madre, que no se fio pero en ese momento estaba ocupada cuidando de mis seis hermanos, me dio el dinero y dijo: «Acompaña al señor a buscar a tu padre, y si es cierto, se lo das».  A la vuelta de la esquina, me quitó el dinero de la mano y salió corriendo. Lloré una barbaridad. No entendía nada. Al final, el tipo aquel fue condenado a varios meses de prisión, y cuando todo el proceso judicial acabó, pregunté a mi padre por qué no nos devolvían el dinero que nos habían robado. Me explicó que eso no pasaría, evidentemente, y nos quedamos sin el sueldo de un mes entero. Eran 5 libras. Esa fue la primera vez que entendí la injusticia y cuando supe que quería dedicarme a luchar contra ella.

Pero querer no siempre es poder, ¿no?

En el instituto todos se reían de mí porque decía que quería ser abogada y sabían que no tenía el dinero para pagar la universidad. Pero cuando a un niño se le mete algo en la cabeza no hay quien lo saque de ahí. Siempre mostré pasión por aprender, así que gracias a todas las becas habidas y por haber conseguí estudiar. Costó, pero al final demostré que no solo los hijos de los ricos pueden llegar alto. Mi caso es excepcional, porque hay muchísimos niños con potencial por todo el mundo que, por razones económicas, se quedan sin formación y deberían tener las mismas oportunidades.

«Los presos también tienen derechos humanos, y uno de ellos es la vida»

Hace más de 50 años que comenzó su carrera profesional, cuando la discriminación racial y de género estaban a la orden del día. ¿Ha visto cambios en estos aspectos durante las últimas décadas?

Ha habido un cambio masivo. Aunque no ha surgido porque los Gobiernos, de repente, hayan decidido hacer algo por los derechos humanos: ha nacido en la calle. Ahora hay mucha más conciencia sobre los derechos individuales y eso se traslada a las nuevas generaciones. Por ejemplo, hace poco estuve en un colegio canadiense dando una charla a niños de ocho años sobre los derechos humanos. Cuando acabé la definición, uno me dijo: «ya, pero eso es de sentido común, ¿por qué nos lo estás contando?». Esa naturalización de los derechos es precisamente el cambio radical que hemos conseguido. Pero no solo eso. En las Naciones Unidas hace años que se empezó a impulsar la igualdad de género y en las redes surgieron movimientos como el #MeToo, otros en contra la brutalidad policial, etc. La gente se pronuncia ahora por cosas que en los 50 no habría reivindicado y los jóvenes están tomando el protagonismo del cambio, cosa impensable antiguamente. Antes había un prejuicio tremendo contra ellos, básicamente porque los políticos y líderes corporativos eran –y siguen siendo– señores de geriátrico. Pero poco a poco los jóvenes se van colando en la toma de decisiones, afortunadamente.

Apartheid, derechos de las mujeres, representación en las Naciones Unidas, abolición de la pena de muerte… En todos estos años, ¿cuál ha sido su batalla profesional más complicada?

Muchos de los casos antiapartheid eran increíblemente complicados. Trabajábamos para otorgar derechos a los prisioneros y defender que no eran propiedad de nadie en una época en la que lo moral era todo lo contrario. Recuerdo que Mandela incluso se oponía un poco a esos juicios porque nunca ganábamos. Eran juicios injustos, valga la antítesis. Sin embargo, con mucho esfuerzo gané uno de ellos, y conseguimos que por primera vez los prisioneros tuvieran acceso a un abogado (y que pudieran elegir cuál), además de darles una copia impresa de todos sus derechos. Esa fue una batalla muy difícil, pero tengo la certeza de que les cambiamos la vida.

Ha mencionado al expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. ¿Tenía relación con él?

Precisamente el juicio que he mencionado y algún otro parecido son los que hicieron que el presidente Mandela conociera mi nombre, sin siquiera habernos visto nunca. Fue tiempo después cuando nos conocimos personalmente y él mismo me nombró jueza en 1995, la primera jueza negra en Sudáfrica. Y ese mismo año también me nominó a las Naciones Unidas.

«No hay evidencia de que la pena de muerte reduzca la tasa de crímenes»

¿Cuál es el caso que mejor representa el éxito de su carrera?

La primera vez conseguimos que se investigara el crimen de violación en países en conflicto bélico. Antes, la violación era considerada como daño colateral de la guerra, cosas que pasaban. En 1997, yo formaba parte de un panel de jueces y, por primera vez, declaramos la violación como práctica de guerra, pues al final lo hacían mayoritariamente los soldados con mujeres del bando opuesto. Además, la definición de violación en aquel entonces era imprecisa porque mencionaba «penetración de pene en vagina», como si fuera un delito que solo sufrían mujeres. Este desacierto provocó que, por ejemplo, el tribunal de la antigua Yugoslavia no pudiera juzgar muchos casos de violaciones, porque muchas las cometían los hombres sobre niños varones. Nuestro trabajo consistió en rectificar esa definición legal, y lo hicimos: la violación pasó a ser una «invasión de una persona de naturaleza sexual bajo circunstancias coercitivas». Era de género neutral. Es el caso del que me siento especialmente orgullosa.

Usted siempre se ha dedicado a temas socialmente controvertidos, y la pena de muerte es uno de ellos. ¿Cómo se consigue lidiar con personas que piensan de forma opuesta sobre este tema?

Llevo siendo presidenta de la ICDP desde hace varios años. Es un cuerpo único formado por representantes con perspectivas muy diversas. Mi aproximación a la pena de muerte es la misma que tenía cuando era jueza y comisionada de las Naciones Unidas. Por tanto, la convivencia con opiniones opuestas es posible si impera el diálogo calmado, la escucha activa y algo de relativismo. En varias ocasiones me han agradecido que me siente a tratar temas que jamás aceptaría, así que supongo que es una virtud que la experiencia me ha dado. No estoy de acuerdo, por ejemplo, con que a veces la estrategia civil sea criticar sistemáticamente a los Gobiernos. No creo que eso contribuya demasiado. Evidentemente, sin experiencia en el sector es mucho más fácil entrar en confrontaciones y prejuicios. Es el tiempo lo que te permite actuar de la mejor forma posible para ayudar a los demás, al menos en mi caso.

En la actualidad, la pena de muerte todavía está regulada por ley en 92 países. De estos, ocho la aplican solo a delitos particularmente graves. ¿De qué manera defienden estos territorios la práctica?

El argumento más habitual es que forma parte de su religión y tradición. Es algo que siempre ha estado ahí y no va a cambiar. Además, aseguran que las víctimas de los crímenes lo quieren así. Otra razón que dan es que cuesta más dinero mantener a los presos que matarlos. Por discursos así es muy difícil cambiar la legislación. Aunque cada país tiene sus peculiaridades. Sin ir más lejos, una vez le pregunté al expresidente de Guyana por qué no abolía la pena de muerte si hacía 20 años que no la utilizaban y, además, los ciudadanos lo estaban pidiendo. Me dijo que sí querían utilizarla, pero que la razón por la que no la aplicaban es porque no encontraban un verdugo. Dijo que llevaban años ofreciéndolo, pero que nadie quería ese cargo.

Otro de los argumentos de los defensores de la pena capital recala en que esta reduce la tasa de crímenes. ¿Cuánto hay de certeza en esto?

Ningún estudio demuestra que sea así. Es una afirmación sin base. Arabia Saudí ejecutó recientemente a 80 personas en un día. ¿Se va a reducir la criminalidad por ello? ¿O acaso los asesinos dejarán de matar por miedo a la pena de muerte? No hay pruebas que lo confirmen. Cuando un criminal comete un crimen, su cabeza no está pensando en las consecuencias. Su mente no funciona igual que la nuestra.

«Los abusos sobre los derechos humanos no acaban nunca»

¿Es posible plantearle a un criminal elegir entre cadena perpetua o la pena de muerte?

Es una decisión altamente emocional, tanto para el que la toma como para sus familiares. Las leyes se hacen desde la razón, no desde la emocionalidad. Por eso no se contempla preguntar a personas que se encuentran en una situación límite. No preguntamos ni al asesino ni a los familiares del asesinado, pues las decisiones tampoco se toman igual cuando se han llevado la vida de tu hijo, por ejemplo. Por este motivo existen los jueces. Dejemos que ellos tomen la decisión, saben lo que hacen y trabajan racionalmente en todo momento. Sin ir muy lejos, a Mandela lo querían sentenciar a muerte. Aunque ojo, si no lo hicieron no fue por piedad, sino porque la gente de la calle se iba a volver loca. Y mira todo lo que consiguió cuando quedó libre.

Amnistía Internacional afirma que la pena de muerte «es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante». Cabe preguntarse: ¿acaso la cadena perpetua en una cárcel es menos cruel que la muerte?

El argumento legal de esta afirmación es que los presos tienen derechos humanos, y uno de ellos es la vida. Por tanto, la vida prevalece ante todo, y por eso el objetivo es crear un sistema en el que las prisiones puedan rehabilitar de verdad. Ahora hay prisiones que son fatales, que tratan mal a los internos, que no los respetan en absoluto… Eso es cruel y degradante, claro, pero también atenta contra los derechos humanos. No es cuestión de qué es más o menos cruel, ya que estar en contra de la pena de muerte no significa estar a favor de las malas prácticas en las prisiones. Otra de las batallas de los políticos, especialmente en países fuera de Occidente, es conseguir que la pena de cárcel sea siempre menos cruel que la muerte.

No parece que tenga intención de retirarse pronto. ¿Le quedan planes profesionales para el futuro?

Muchísimos. Los abusos sobre los derechos humanos no acaban. Ahora mismo, el desafío que más me preocupa es el de las fake news. Debemos educarnos mejor para distinguir la propaganda de la verdad. Ahora mismo estamos pendientes de la crisis ucraniana: debemos ser conscientes de que tanto Rusia como Ucrania nos ocultan parte de verdad. Quién apoya a quién, qué ha hecho bien o mal la OTAN… Hay muchos factores que se nos escapan cuando analizamos la información. Otro ejemplo reciente es la gestión de la covid. Está claro que ha habido aciertos, pero esa política de que los países ricos se quedan con toda la medicación y vacunas… Luego se intenta blanquear en medios de comunicación. Precisamente evitar eso es mi plan de futuro.