Suicidios en las cárceles catalanas: ¿Dónde está el fallo?

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Pelayo de las Heras

@draculayeye_

Las cárceles, como lugares de privación de libertad, son instituciones que deben manejarse con la delicadeza que otorga, tan solo, el refugio de los focos: son las evidencias y los datos objetivos –no tanto el contexto político– lo que deben determinar la dirección a seguir en su uso y funcionamiento. Durante este verano, nuevas sospechas se abalanzaron con fuerza sobre la administración de la Generalitat de Catalunya: tres suicidios –entre ellas la del fundador del antivirus homónimo, John McAfee– y una agresión sexual a una funcionaria tuvieron lugar en las prisiones catalanas. La Consellera de justicia del Gobierno de Pere Aragonès, Lourdes Ciuró, declaró a este respecto que «se ha detectado en toda la sociedad un incremento de problemas de salud mental derivados de la pandemia, una problemática que no es diferente en las prisiones». 

Una problemática que, según afirma Carlos Ardanaz desde la sección penitenciaria de Comisiones Obreras, «es similar a la del resto del Estado, con diferencias solo en la escala». De hecho, Cataluña es la única comunidad junto con el País Vasco que tiene control sobre las materias penitenciarias. Lo que conlleva también la carga de problemas propios. «En Cataluña podemos dar fe de la infradotación en recursos económicos, de infraestructuras, materiales y sobretodo recursos humanos, que han convertido la labor de los trabajadores penitenciarios en una autentica odisea. Llevamos años sufriendo con un enfoque del modelo penitenciario que es un mero vehículo de promoción política», explica Ardanaz. A ello hay que sumar, además, el envejecimiento: más de la mitad de la plantilla penitenciaria tiene más de 50 años.

El año pasado, con las restricciones propias de la pandemia impuestas a las visitas organizadas de familiares y amigos de los presos, se alcanzó un oscuro récord: 11 suicidios en las celdas. Un número que supera con creces la media –entre siete y ocho– recogida entre los años 2015 y 2020. Ciuró declaró ese mismo verano la necesidad de «hacer más» al respecto, mientras el secretario de Medidas Penales de la Generalitat, Amand Calderó, dimitió al día siguiente entre el ruido provocado por los sindicatos, quienes denunciaban la falta de seguridad de las cárceles y la necesidad de un cambio en la política penitenciaria.

Un elefante en la habitación

Según gran parte de los estudios, las personas privadas de libertad suelen presentar un riesgo hasta 14 veces más alto de suicidio que la población general. La Organización Mundial de la Salud (OMS), de hecho, afirmó ya hace dos décadas que el suicidio, como causa única de la muerte, es la más frecuente dentro de las instituciones penitenciarias. Al fin y al cabo, la organización ya señaló en el año 2000 que «los centros penitenciarios son lugares donde viven personas que tradicionalmente ha estado entre los grupos de mayor riesgo de suicidio: hombres jóvenes, con enfermedad mental, aislados, que abusan de las drogas». A ello se suman también factores tan dispares –e interrelacionados– como la naturaleza del delito, la duración de la condena o la falta de apoyo social.

El porcentaje de suicidios penitenciarios asciende en Cataluña al 37.5% frente al 30.3% de la administración estatal

Según el informe SPACE I, elaborado en 2019 por el Consejo de Europa –organización ajena a la Unión Europea–, la densidad de las prisiones catalanas supera en 20 puntos a las gestionadas por el Estado. Así, de las muertes totales ocurridas en prisión durante ese mismo año un 37.5% se deben a suicidios, cifra que desciende hasta el 30.3% en el caso de la administración estatal. Los números no parecen casuales: según detallaba el Consejo de Europa en 2017, mientras en Cataluña se suicidaban casi ocho presos por cada 10.000, en el resto del país lo hacían poco más de cuatro. Eso a pesar de que la Generalitat invierte una alta suma de dinero por preso, gasto considerablemente mayor respecto al hecho por el Estado. Según declaraban al año siguiente a eldiario.es los familiares de algunos presos fallecidos, «en las cárceles catalanas no se protege de forma adecuada la vida y la integridad física y psíquica de las personas encarceladas». 

«Cataluña tiene un serio problema con sus infraestructuras penitenciarias. Todos los centros abiertos son extremadamente antiguos –al igual que algunos de los de cumplimiento–, presentando severas deficiencias de mantenimiento. Otros centros nuevos, además, se inauguraron con graves deficiencias. La situación de las mujeres internas es especialmente preocupante y grave: son víctimas de una doble condena, ya que carecen de un centro de referencia para ellas, impidiéndoles disfrutar de los mismos derechos», defiende Ardanaz. El caso del cierre «electoralista» de la cárcel popularmente conocida como ‘la Modelo’ es especialmente revelador, ya que supuso «una presión trasladada al resto de centros por un interés meramente político que sigue arrastrándose cuatro años después».

¿El final del camino?

Iridia, observatorio catalán de derecho penal, constata también la «fuerte opacidad que rodea a las cárceles», respecto a las cuales se sigue dando una «falta de investigación exhaustiva y efectiva por parte de los Juzgados de Instrucción». Uno de los suicidios del pasado verano –el de Ana, una mujer colombiana con una condena que superaba levemente los dos años– se produjo, de hecho, cuando la persona encarcelada se hallaba en el Departamento de Régimen Cerrado (DERT), uno de los regímenes más duros que se puede aplicar a los internos. El propio CPT transmitía ya hace una década los supuestos malos tratos denunciados por los presos por parte de los funcionarios en su traslado y mantenimiento a dichas celdas. En el caso de Ana, debe destacarse que la propia Generalitat reconoció posteriormente al incidente que «padecía problemas de salud mental» y que «seguramente la cárcel no era su lugar». El caso de Brians 1, donde tuvo lugar este incidente, es uno de los centros más duramente criticados, pues según Ardanaz no solo no es un centro oficialmente dedicado a las mujeres, sino que «se amontona el resto de internas sin clasificación y separación».

Ardanaz: «La situación de las mujeres internas es especialmente preocupante y grave: son víctimas de una doble condena»

No obstante, el régimen al que fue sometido no puede calificarse de aislamiento, como se ha hecho en otras ocasiones: los internos en régimen cerrado continúan realizando actividades con otros internos, contando incluso con un intenso tratamiento que permita devolverlos al régimen ordinario en el tiempo más breve posible; ni siquiera en las sanciones a los internos se puede hablar de «aislamiento» como tal. Esta concepción huye del punitivismo más estricto, algo que puede rastrearse hacia el origen de la propia Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), elaborada en 1979 y que continúa, a pesar de todo, siendo una de las leyes más garantistas del continente europeo, según los expertos.

Mientras tanto, detalla el informe elaborado por Comisiones Obreras, las agresiones –ya sean entre internos, dirigidas a trabajadores o, incluso, autolesiones– crecen de forma pronunciada y constante desde el año 2017. Desde el sindicato señalan que la causa más probable se puede rastrear entre las políticas llevadas a cabo por Amand Calderó, secretario de Medidas Penales de la Generalitat, que se vio forzado a dimitir este mismo verano. Entre sus acciones se habría llevado a cabo un supuesto desmantelamiento de parte de los fundamentos del sistema; incluso, presuntamente, de la plantilla funcionarial, pues como relata el informe se ha amedrentado «al colectivo penitenciario mediante el ataque selectivo a sus representantes más cualificados y experimentados». Una violencia que no es coyuntural, sino –al menos transitoriamente– estructural.