«Cualquier batalla política es buena si nos hace pensar»

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Jara Atienza

@jaraatz

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Noemí del Val

Al mes de asumir la secretaría de Igualdad del PSOE, Andrea Fernández (Valencia de Don Juan, 1992) logró sacar adelante la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que suscribieron todos los grupos parlamentarios menos Vox. Ahora, esta abogada y diputada leonesa de 29 años busca que ese consenso ampare una serie de propuestas legislativas en materia de igualdad que están sobre la mesa, como la Ley contra la trata, la reforma de la Ley del aborto o la regulación de la pornografía. Hablamos con ella sobre las principales líneas de actuación en materia de igualdad de su partido y los debates que suscitan. 

En marzo se cumplieron 15 años de la Ley para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres. Sin embargo, la brecha de género no solo sigue siendo una realidad en nuestro país, sino que parece haberse acentuado con la pandemia. ¿Cuáles son las principales asignaturas pendientes en materia de igualdad? 

La Ley de igualdad de trato fue uno de los grandes avances de la democracia en España. Estableció un marco que tiene que ver con construir políticas públicas que nacen del feminismo y de los grandes consensos. Supuso asentar en forma de políticas de igualdad ideas avanzadas que nos pusieron a la cabeza de Europa. Ahora bien, todavía hay muchos retos pendientes relacionados con la brecha salarial –que, como bien dices, se ha acentuado también con la pandemia– y con la violencia de género. No podemos acostumbrarnos a tener entre una y dos mujeres muertas cada 15 días. Hay que seguir generando nuevos derechos para las mujeres, que pasan por la no aceptación de la violencia, de la discriminación y de otras formas de violencia como es la prostitución. 

Para acabar con la violencia de género existe desde 2005 una normativa. Sin embargo, según datos del Ministerio, desde 2003 y hasta 2022 ha habido 1.136 mujeres víctimas mortales de la violencia de género. ¿En qué está fallando la ley a la hora de proteger a las mujeres?

La ley supuso un avance muy grande, y prueba de ello es que es una normativa muy imitada en toda Europa y el germen del Convenio de Estambul para prevenir y luchar contra este tipo de violencia. Eso tiene que hacernos sentir orgullosos como españoles. La ley ha permitido reducir considerablemente los asesinatos de mujeres, pero es verdad que tenemos que abrir una reflexión, analizar en qué estamos fallando, en qué es necesario seguir invirtiendo o legislando. No es un debate fácil y, aunque no tengamos una receta mágica, creo que requiere de mayor atención política, mediática y pública. Lo repito: es incompatible con nuestro sistema que nos acostumbremos a cifras de 30 mujeres asesinadas al año por una violencia que es específica y consustancial al hecho de ser mujeres. No se puede consentir en una democracia que el 50% de la población esté sujeta a un riesgo que alcanza la muerte por una condición inherente a su persona. 

Nos encontramos en un proceso de recuperación económica, con la guerra en Ucrania y la subida de los precios de la energía y de algunas materias primas como telón de fondo. ¿Podría esta situación desplazar a segundo plano las políticas por la igualdad?

Siempre que se producen grandes crisis o algún retroceso social o político, las primeras en ver amenazadas sus libertades somos las mujeres. Al final, los roles de género son muy pegajosos y es fácil que nos vuelvan a relegar en el ámbito privado, que volvamos a sufrir discriminación en el ámbito laboral, que se nos vuelva a incluir en dinámicas de violencia… Sin embargo, soy optimista porque creo que cada vez hay más mujeres en el espacio público y más personas feministas –no solo mujeres, sino también hombres– comprometidas con la igualdad. Eso provoca que se denuncie que la desigualdad pueda quedar en segundo plano. 

«Que una mujer quiera ejercer la prostitución libremente es algo residual»

Lo primero que hizo Vox tras anunciarse el pacto con el PP en Castilla y León fue anunciar la creación de una ley de violencia intrafamiliar que borra de la ecuación el concepto de violencia de género. ¿Crees que el auge de la extrema derecha en algunos territorios puede suponer un retroceso en los derechos de las mujeres?

Los modelos de vida que plantea la extrema derecha no pasan por respetar la idea de vida buena que podemos tener cada uno de nosotros como individuos y que es uno de los principios del liberalismo. Ellos tienen un único concepto de vida buena que intentan que todos sigamos y que supone que las mujeres estemos relegadas al ámbito privado, que nos encarguemos de la crianza de los hijos, del cuidado del hogar… En definitiva, que no tengamos independencia. Estos modelos tradicionales repercuten en los derechos de las mujeres y, por eso, la extrema derecha tiene una lucha ideológica contra leyes como la de la violencia de género: son legislaciones que ponen a las mujeres en una condición de ciudadanas y que socialmente hacen permear la idea de que sus derechos y la libertades importan. Para ellos eso es una amenaza. Por eso es muy importante que aquellos partidos que a lo largo de la historia de la democracia en España hemos defendido estos bastiones democráticos sigamos haciéndolo. La ley contra la violencia de género y la ley de igualdad se aprobaron por grandísimos consensos, por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Yo lo que le preguntaría al Partido Popular es qué ha cambiado para que abandonen consensos que no tienen que ver con el feminismo –o no solo con el derecho de las mujeres–, sino con la propia estructura democrática de un país. La apelación que haría no es tanto a la extrema derecha (de quien podemos esperar pocos acuerdos), sino a partidos que se encontraban dentro de los márgenes de la democracia. 

Las mujeres del medio rural son las que sufren mayor precariedad en el empleo, mayor infrarrepresentación en la toma de decisiones, mayor sobrecarga de cuidados y una menor protección ante la violencia de género, según el último estudio de Closing Gap. ¿Cómo se impulsa la igualdad de género al mismo tiempo que la economía o el desarrollo rural sostenible?

Lo primero que debemos tener en cuenta es que no podemos seguir concentrando población en ciudades como Madrid. Ni es sostenible, ni nos va a permitir convivir. Necesitamos caminar hacia un nuevo pacto social que pase por el respeto de la sostenibilidad y del medio ambiente. Y en esa labor, el medio rural es esencial para recuperar ciertas estructuras sociales, históricas o económicas. ¿Qué tiene que ver esto con el derecho de las mujeres? Pues que en los entornos sociales más reducidos es donde más se necesitan las políticas de igualdad. Hay quien cree que la lucha por la igualdad está centrada en mujeres jóvenes de las grandes ciudades, pero es falso. Las políticas de igualdad repercuten especialmente en las mujeres que viven en el medio rural, que tienen acceso a menos recursos y a núcleos sociales reducidos. No necesitamos políticas de igualdad específicas para el medio rural, sino que necesitamos hacer entender que estas tienen una especial incidencia en el medio rural. 

Andrea Fernández durante la entrevista en el espacio Loom Salamanca.

Hace un tiempo que se habla de que en España estamos viviendo una «guerra cultural», un conflicto entre dos visiones, la de la izquierda y la de la derecha, que pelean desde sus respectivas trincheras por la hegemonía de ciertos valores y creencias sociales. ¿Desde tu punto de vista existe realmente esta confrontación? 

Sinceramente, no lo sé. Pero creo que cualquier batalla política por valores, ideas o proyectos es buena en la medida en que nos hace pensar y nos permite darnos espacio de discusión. 

Sin embargo parece que muchas de esas discusiones quedan reducidas a una batalla de conceptos contrapuestos, a una discusión entre bloques inalterables que no llega, ni pretende llegar, a ningún puerto.

Es cierto que desde la política, desde un punto de vista institucional, a veces nos perdemos en debates que si bien pueden ser interesantes desde ciertos puntos de vista, no lo son a la hora de conseguir políticas públicas efectivas. Yo por eso soy defensora de los grandes consensos democráticos. No me interesan mucho esos debates, pero sí llegar a grandes acuerdos que tienen que ver con una vida vivible para todo el mundo.

No obstante, a pie de calle, el debate sobre algunos de los grandes retos de nuestro tiempo como la igualdad, la cohesión social o la transición ecológica quedan a veces empañados por el fuego de la polarización política. ¿Cómo desatascar esta situación?

La clave está en debatir sobre ideas y no sobre posiciones monolíticas. Debemos centrarnos en lo que tiene que ver con el día a día de las personas y lo que se espera de los grandes gestores públicos, de los diputados. Creo que hay un gran espacio para hacer una política que repercuta en la vida de las personas. 

¿Qué opinas sobre esas nuevas formas de censura que algunos han llamado la «cultura de la cancelación» y que denuncia la existencia de nuevos tabúes que supuestamente cercenan la libertad de las personas?

Creo que es muy importante el respeto a que todo el mundo pueda decir lo que piensa. Eso tiene que ver con la libertad y con nuestra idea de democracia, aunque claro que existe una reflexión de qué se dice y por qué se dice. El espacio público es reducido, no infinito, y para qué lo utilizamos también es relevante. Creo que la libertad para poder confrontar ideas siempre es sana y buena. 

Lo pregunto porque frecuentemente la cultura de la cancelación se asocia al feminismo o a políticas relacionadas con la igualdad, como el lenguaje inclusivo. 

Concretamente, sobre el lenguaje inclusivo, tenemos tantos argumentos y tan buenos para defenderlo que se puede debatir sobre ello siempre que el otro quiera. No obstante, se da la casualidad que la gente que está entre la derecha y la extrema derecha suele tener fijación con este tema, que se suele tratar desde el punto de vista de la burla y no del debate. Creo que tiene algo de bueno, porque pone al feminismo en una buena posición. No es malo que la extrema derecha quiera confrontar constantemente el feminismo, porque eso significa que tenemos una propuesta potente que cala cada vez más en la sociedad. 

«Es terrible, pero debemos seguir diciendo a los jóvenes a través del sistema educativo que las mujeres somos seres humanos en igualdad de condiciones»

Una de las propuestas estrellas de tu partido es la Ley contra la trata y la prostitución que se esperaba presentar a inicios de año de manera conjunta con Unidas Podemos. ¿En qué estado se encuentra la negociación con los socios de Gobierno? 

Hablar de principios de año era un objetivo demasiado ambicioso porque es un texto que requiere de muchos consensos. Es importante que sea un texto aceptado socialmente, que cale. Y eso lleva tiempo. Las negociaciones van muy bien y diría que es muy probable que antes de que acabe la legislatura tengamos la ley aprobada. Además, todo apunta a que el texto sobre la mesa sea la próxima gran ley en materia de igualdad. 

¿Cuáles son las principales discrepancias?

Dentro del Gobierno hay un consenso claro para abolir la prostitución. Además hay un argumento imbatible: es un compromiso del presidente del Gobierno que, al final, es quien marca la línea política del ejecutivo. No hay confrontación ideológica, sino que se abre un debate sobre cómo lo vamos a hacer y cómo se va a articular. 

Uno de los principales puntos que levantó discrepancias cuando se anunció la creación del texto fue la relacionada con poner sanciones económicas a los clientes. ¿Sigue estando sobre la mesa?

Es una política pública que está funcionando en otros países. No me parece descartable. 

En más de una ocasión has afirmado que abolir la prostitución no es una utopía. ¿Cuáles son las principales medidas que se necesitan para lograr ese objetivo? 

Países como Suecia o Francia han sacado adelante textos que están funcionando y creo que podemos servirnos de ese derecho comparado para poner en marcha nuestras propias leyes. Es esencial perseguir penalmente el proxenetismo –cosa que vamos a hacer si salen adelante las enmiendas que el partido socialista ha presentado en la Ley de libertad sexual–, perseguir a los prostituidores y tener un paquete de políticas públicas que ayuden a estas mujeres a encontrar empleo, una vivienda y a salir de los núcleos de violencia porque, al final, la prostitución es un negocio que extrae a mujeres de sus contextos, las anula como personas y las convierte prácticamente en carne. 

El consentimiento y el derecho a la libertad individual son los algunos argumentos de quienes no consideran que la prostitución sea una forma de violencia de género. Un debate sobre la libertad que se traslada también a otras cuestiones como es la gestación subrogada. ¿Qué opinas al respecto?

Una de las trampas de los que opinan eso sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y su posible comercialización (como la gestación subrogada o la prostitución) es que los marcos sobre los que se establece el debate son falsos. Si uno se acerca a conocer la realidad de la prostitución verá que la amplísima mayoría de mujeres que están en esa situación no solo no quieren estar ahí, sino que están bajo coacciones. Son víctimas de movimientos entre países que pierden el contacto con sus entornos sociales y la capacidad de ser ayudadas, que se encuentran en redes de violencia, acoso… Teniendo en cuenta todo esto, el marco del debate no puede ser la libertad individual porque que una mujer quiera ejercer la prostitución libremente es residual. La realidad mayoritaria es la otra, que tiene mucho más que ver con la violencia contra las mujeres que con la libertad individual, y eso es lo que hay que corregir. Lo mismo sucede con la gestación subrogada: ¿cuántas mujeres con unas condiciones de vida dignas deciden gestar un bebé para dárselo a otra familia? Si existen, son residuales. Lo que nos enseña esta práctica es a mujeres en países del este o en la India teniendo hijos para poder sobrevivir y granjearse un futuro para ellas y sus familias. Eso tiene muy poco que ver con un país basado en valores democráticos. 

¿Y qué papel juega la educación en esta realidad?

Es algo terrible, pero debemos seguir diciendo a los jóvenes a través del sistema educativo que las mujeres somos seres humanos en igualdad de condiciones con respecto a los hombres y que no se puede pagar para acceder al consentimiento de una mujer. Y si debemos continuar insistiendo es, en parte, por el preocupante consumo de pornografía en menores de edad. 

«Hay que ayudar a hacer ver a los ciudadanos que son parte de una comunidad política»

Precisamente la pornografía es otra de las cosas que habéis propuesto regular. ¿Cómo?

Es un marco muy complicado, porque regular en internet es muy difícil. Sin embargo sabemos que en países como Francia se está haciendo. Tenemos que ver cómo limitarlo o controlarlo pero, en cualquier caso, yo creo que hay un debate político que merece la pena. 

El paro, la precariedad, la dificultad para emanciparse, la pérdida de expectativas de futuro tras la pandemia… Los jóvenes parecen estar cargando sobre sus espaldas el mayor peso de la crisis actual y de los errores cometidos en las anteriores. ¿Qué crees que ha fallado a la hora de protegerlos?

Algunas de las élites han abandonado su parte en el contrato social. Eso tiene que ver con las crisis económicas, pero también con un compromiso social, político y económico relacionado con la ética, no tanto con la situación. Es importante que en una sociedad cohesionada cada una de las partes asuma su rol dentro de la sociedad. Y todo eso pasa por una corrección de la desigualdad. 

Esta situación, unida a cierta crispación social, parece haber aumentado la desafección política de los ciudadanos más jóvenes. ¿Cómo reconstruir la confianza de las nuevas generaciones?

Creo que el camino que se tiene (y se está haciendo) desde la política es el de hacer ver a los ciudadanos que son parte de una comunidad política. Esa es la senda por la que tenemos que caminar, y no por el individualismo. No se trata de ver de qué modo me puedo enriquecer y desresponsabilizar de mi rol dentro de la sociedad. Es muy importante mantener este paradigma porque corremos el riesgo de que toda una generación se quede descolgada del pacto social. Y ese gran pacto social es el que nos ha garantizado una convivencia de más de 40 años positiva para las clases medias y nos ha permitido tener un país libre y razonablemente igualitario. Insisto: la línea de trabajo es esta, pero hay que abordarla desde la esperanza. El mensaje final es positivo.