Medio Ambiente

¿’Quo vadis’, Agenda 2030?

La politización y polarización en torno a la Agenda 2030 es un riesgo real que podría aumentar si ganan terreno las narrativas que contraponen desarrollo y bienestar. Para evitarlo, es fundamental que todos los actores compartan el diagnóstico de emergencia social y medioambiental y prioricen la colaboración frente a la competencia.

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03
Mar
2022
Agenda 2030

Aprobada en 2015, la Agenda 2030 define 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que interpelan al conjunto de la humanidad a asumir responsabilidades en cuestiones sociales, económicas, medioambientales y de gobernanza que requieren atención inmediata. Estas acciones han de servir para desacelerar (y cuando sea posible, frenar) los impactos de un modelo de producción y de consumo que amenazan seriamente el bienestar de la humanidad. 

Si bien es una hoja de ruta global, la Agenda 2030 establece un marco adaptable a las realidades locales, y proyecta 169 metas con indicadores de medición asociados para un periodo de 15 años, hasta 2030. Algunos la consideran un nuevo modelo de gobernanza global «por fijación de objetivos». Un modelo que, en lugar de definir normas homogéneas para todos los actores, determina objetivos y metas finalistas que permiten actuar en base a los mismos puntos de llegada. La principal virtud de este enfoque es que los actores contribuyen según sus capacidades y su percepción de responsabilidad; su principal defecto es la inconcreción en las pautas de actuación y la voluntariedad en el logro de las metas.

Es decir, la Agenda 2030 define el qué, el por qué, el quién, el cuándo, y el dónde; pero no define el cómo. Para su éxito deben darse por lo menos dos requisitos: primero, que todos los actores compartan el diagnóstico de emergencia social y medioambiental; y, segundo, que los actores prioricen la colaboración frente a la competencia para apostar por una visión compartida (ODS 17).

Sin los mecanismos de redistribución adecuados, tan solo se conseguirá ahondar en las brechas existentes

En septiembre de 2022 la Agenda cumplirá 7 años, y los Gobiernos deben asumir que su responsabilidad va más allá de los informes de progreso ante las Naciones Unidas o la identificación aislada de retos, aunque ambos sean necesarios y deseables. Las administraciones –supraestatales, estatales y subestatales– deben contribuir a crear un estado de opinión al respecto y trasladar los compromisos a las herramientas propias de la política mediante leyes, estrategias y consensos que fijen la ambición, los planes de inversión y los periodos de ejecución previstos. El coste de no hacerlo repercute a su vez en el entorno de seguridad jurídica en el que operan las empresas, en el impulso a la innovación, o en la anticipación de escenarios de riesgo.

En el sector privado, la aplicación de recetas homogéneas no dará resultados. El tejido empresarial es muy diverso y las transformaciones que experimentarán las empresas dependerán tanto de su modelo de negocio, como de su tamaño o del sector de actividad. Por ello, se hace imprescindible el diseño de un sistema de incentivos a la transformación. Un esquema flexible que distinga entre proyectos sostenibles y empresas sostenibles, pero que también dé apoyo a las empresas y a los sectores que, sin acompañamiento, no estarán siquiera en disposición de optar a líneas de subvención y/o cofinanciación de proyectos. Este un aspecto relevante para los fondos Next Generation EU, alineados principalmente con la transición verde y digital, y sujetos a un período de asignación breve, hasta 2023, que introduce el factor tiempo como otro elemento de presión.

Se debe dar apoyo a las empresas que, sin acompañamiento, no estarán siquiera en disposición de optar a las subvenciones ‘Next Generation’

Avanzamos hacia una transición en la que, sin los mecanismos de compensación y redistribución adecuados, se ahondará en las brechas existentes, bien sea en términos de desigualdad, de competencias profesionales o de derechos. Como ha sucedido en la crisis de la covid-19, las nuevas oportunidades alineadas con la sostenibilidad generarán grandes beneficios en algunos sectores, o en los territorios mejor posicionados para ello. De nuevo, compartir el diagnóstico de situación excepcional legitimaría la adopción de medidas también excepcionales para corregir los desequilibrio: la politización y polarización en torno a la Agenda 2030 es un riesgo real, y podría aumentar si ganan terreno las narrativas que contraponen desarrollo y bienestar, y que presentan como inevitable la dicotomía entre ganadores y perdedores del cambio.

El potencial de la Agenda 2030 reside en la transversalidad de los retos que describe, en las conexiones entre objetivos y en la colaboración entre los actores llamados a intervenir. Por ello queremos subrayar la oportunidad de consolidar mecanismos de diálogo y reflexión intersectorial en los que evaluar y actualizar los diagnósticos económicos, sociales y medioambientales con mirada a largo plazo. Solo si se comparten las claves interpretativas de la situación actual y el diseño de soluciones centradas en la colaboración –el qué y el cómo– será posible salir de esta crisis reforzados y sentar las bases de un desarrollo realmente sostenible.


Ferran Curtó es director asociado de la Cátedra LiderazgoS y Sostenibilidad de Esade y Anna Mª González es directora de proyectos de la Cátedra LiderazgoS y Sostenibilidad de Esade

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