Por qué el Gobierno debe regular las zonas de bajas emisiones

El sector del  transporte representa el 25% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en España y es uno de los principales causantes de la crisis climática, según apuntan los datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Dentro de este sector, la movilidad por las ciudades representa casi el 10% de las emisiones de CO2. Por ello, es necesario tomar medidas de calado, y para organizaciones verdes como Ecodes, Transport & Environment y la Fundación Renovables su implementación debe llevarse a cabo con criterios homogéneos regulados a nivel nacional por el Gobierno. Para facilitar el camino hacia la implementación de estas zonas en todas las ciudades de España, han elaborado una propuesta sobre cómo consideran que deben ser de cara a satisfacer a todos los habitantes de los territorios urbanos.

«Una de las medidas más eficaces para hacer frente simultáneamente a las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático y a los problemas de contaminación atmosférica en las ciudades es la implantación en estas de Zonas de Bajas Emisiones», aseguran en el texto. Para responder adecuadamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (entre los que se encuentra la reducción de emisiones) de cara al 2030, estas zonas deben ponerse en marcha antes del 2023 en las ciudades con más de 50.000 habitantes, aseguran estos expertos. En España, según el Instituto Nacional de Estadística, correspondería a un total de 149 municipios, el equivalente a los lugares donde vive el 53,1% de la población.

El 77% de los grandes municipios españoles ya cuenta con zonas de movilidad restringidas

Según un informe de la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores, el 77% de los grandes municipios españoles ya tiene zonas de movilidad restringidas. Sin embargo, implementarlas no se trata de una simple señalización en las calles de las ciudades. La propuesta deja claro que para hacerlo correctamente es necesario tomar medidas que faciliten los desplazamientos de los ciudadanos de forma sostenible, tanto a pie como en bicicleta y otro tipo de transportes. Esto implica una mejora de la red de transporte público, adaptándola a las necesidades del planeta (electrificándola y usando combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero). La transformación de las ciudades no puede dejar a nadie a un lado.

Desde las tres organizaciones consideran que este tipo de planificaciones también deben ir de la mano de las estrategias de mejora de calidad del aire de cada municipio, una medida que consideran tan importante para la lucha contra el cambio climático como lo es la de las Zonas de Bajas Emisiones: «Para asegurar su buen funcionamiento resulta imprescindible definirlas correctamente y estandarizarlas, estableciendo un nivel de ambición suficiente que se pueda considerar como un punto de partida a partir del cual las ciudades puedan ir más rápido y más lejos».

En 2019, el Ministerio ya advertía que estas restricciones deberían complementarse con mejoras de calidad de los espacios urbanos

Un informe del Ministerio para la Transición Eccológica publicado en 2019 proponía una hoja de ruta similar a la de estas tres organizaciones en relación a la necesidad de implementar medidas complementarias. Tras analizar diversos ejemplos de Zonas de Bajas Emisiones en Europa (como la de Berlín, la de Londres, las de distintas ciudades holandesas, la de Milán, y Madrid Central, que fue tumbada por el actual consistorio), el Ministerio concluyó que «estas medidas no son suficientes para paliar el problema de la contaminación ambiental». «Para lograrlo, las Zonas de Bajas Emisiones deben estar acompañadas de otras medidas que fomenten la disminución del uso del vehículo privado: mejoras de calidad de los espacios urbanos y accesos peatonales, infraestructura ciclista y mejoras sustanciales en el transporte público», explicó por entonces.

Por ahora, el Gobierno ha movido ficha. Entre otras medidas, la Ley de Cambio Climático, publicada en el BOE el pasado 20 de mayo, cuenta con un apartado en el que se dan a todos los municipios de más de 50.000 habitantes dos años para implementar sus respectivas Zonas de Bajas Emisiones. A día de hoy, solo un 9,4% de las ciudades con más de 50.000 habitantes las tiene. La siguiente cuestión a resolver es si estas acciones serán suficiente para hacer frente a la crisis ambiental.