Corrupción: ¿Cómo de responsables son las empresas españolas?

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Pelayo de las Heras

@draculayeye_

La lucha contra la corrupción debería ser una «iniciativa fundamental» en el ámbito empresarial. Así lo defendió, Carlos Díaz, presidente del Obervatorio de Responsabilidad Social Corporativa, al presentar el capítulo Corrupción del informe anual La información sobre Responsabilidad Social Corporativa en las empresas del IBEX 35, referente a 2019, cuyos resultados demuestran que las compañías españolas aún tienen mucho trabajo por hacer en la lucha contra la corrupción en el ámbito empresarial: después de los derechos humanos, la corrupción es la segunda dimensión peor posicionada en cuanto a la calidad de la información presentada por las empresas.

De hecho, a la hora de puntuar en materia de corrupción, advierte el documento, las empresas alcanzan tan solo una nota de 29,14 sobre 100 puntos. Ninguna de ellas, además, consigue aprobar de forma individual. Al igual que en 2018, el sector peor posicionado es el de Servicios Financieros e Inmobiliarias, con una valoración media de 37,45 puntos. Por el contrario, el del Petróleo y Energía es el que más alto puntúa (37,45), aunque tampoco llega a aprobar.

Tal como señalan desde el organismo, los efectos de la corrupción no solo se dejan sentir en términos sociales, también en los económicos, ya que sus ecos interfieren en el correcto funcionamiento de los mercados. El problema es, de hecho, ampliamente reconocido por las instituciones. Desde la Organización de las Naciones Unidas lo llegan a incluir incluso en el grupo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, definiendo como meta «reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas». En clave nacional ocurre lo mismo: la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya instó a las empresas en 2019 a reforzar sus controles y a mejorar la información pública acerca de sus actos.

En el análisis se han estudiado un total de 54 indicadores distribuidos en dos áreas –debida diligencia y rendición de cuentas– y siete dimensiones (compromiso y liderazgo, gestión de riesgos, financiación de partidos políticos, competencia, etc). Continuando con el análisis, a pesar de que 21 de las 35 empresas estudiadas cuentan con una política pública específica en materia de corrupción, solo nueve mencionan expresamente la posibilidad de cese de la relación contractual ante casos confirmados.

Más allá de las posibles acciones corruptas, la transparencia, entendida como la disponibilidad de información y protocolo, es también escasa. Tanto, que solo nueve empresas señalan riesgos específicos de corrupción y una decena informa acerca de procedimientos concretos para evitar actos de soborno encubiertos. Según señaló Eduardo Soria, analista del observatorio, «es bastante escaso el número de empresas que detallan las consecuencias de hacer caso omiso a reglas de esta clase». Así, si bien 30 compañías exigen a los proveedores un cumplimiento de las normas anticorrupción, en términos prácticos los resultados pueden llegar a ser nulos.

Vázquez: «Sin una lucha eficaz para prevenir la corrupción, ninguna empresa puede ser socialmente responsable»

El problema, además, se extiende hasta las auditorías externas: apenas son cuatro las compañías que realizan la auditoría en cuestión y que presentan información detallada y desglosada de todos los servicios facturados. Estas revisiones, además, se concentran tan solo en cuatro empresas, lo que no solo responde a una falta de desarrollo normativo, sino también a las carencias en la conciencia a nivel corporativo. De hecho, aunque, como defendió la catedrática de derecho penal Silvina Bacigalupo, «en la actualidad no hay administrador del sector privado al que se le escape la importancia de estas políticas, otra cosa es valorar su calidad, si son suficientes y si realmente logran disminuir los casos».

Junto con Orencio Vázquez, coordinador del observatorio, ambos expertos aprovecharon la ocasión para hacer especial hincapié en la urgencia de una lucha contra la corrupción a todos los niveles. «Sin una lucha eficaz para prevenir la corrupción, ninguna empresa puede ser socialmente responsable», señaló Vázquez. «Hay que vincular la corrupción a la responsabilidad social». Y si no sucede es, apuntó, porque el foco bajo el que lo miramos todavía resulta «reduccionista». Es decir, no vinculamos la corrupción a sus efectos totales, sino a los más evidentes. Atrás quedan los abusos de poder, las consecuencias medioambientales –especialmente, por parte del sector urbanístico– y el gasto de recursos a la hora de competir los múltiples derivados de distintas formas de corrupción.

«Es importante incidir en los problemas que inducen a la corrupción, como los conflictos de interés», matizó Bacigalupo. Un buen ejemplo es el de las puertas giratorias que, según el informe, no solo afectan a los altos cargos gubernamentales –ministros y similares–, también a los funcionarios de alto rango. Es por ello que la transparencia no puede ser, insistieron los expertos, «ningún cuadro al que mirar de reojo», sino un «principio de gobernanza». Una idea que debe interiorizarse, dado que la transparencia reside en el qué y en el cómo: la forma en que se aplica una acción es igual de relevante que la acción en sí. Así, es esencial insistir en la independencia de los consejeros en relación a la empresa para que la lucha contra la corrupción no sea, como concluyó Bacigalupo, «una cuestión de marketing, ni de maquillaje».