Del escaparate al vertedero

Artículo

Cristina Suárez

@CristinaSuarezV

Durante los meses más duros del confinamiento provocado por la crisis de la covid-19, las pocas sombras de siluetas humanas que podían verse por las calles eran las de los maniquíes, vestidos con la ropa elegida en el último día de la normalidad. Congelados en los escaparates, veían pasar los días a través de las persianas bajadas. Mientras tanto, los excedentes de prendas que no había forma de vender –por los evidentes cierres, pero también porque la población decidió enfocar su economía a otras necesidades mayores– se acumulaban en los almacenes sin que nadie les diera una salida.

Según un informe de EY, cada semana de confinamiento supuso para el sector de la moda una pérdida de unos 250 a 300 millones de euros. Entre los costes se listaban los salarios de empleados, el pago de alquileres, los gastos operativos y el inventario que ya había sido adquirido y no pudo venderse, un desembolso equivalente al 20% del coste anual de la actividad. Ahora que las medidas más restrictivas han pasado y que los comercios textiles han aplanado el camino de la nueva normalidad, surge una pregunta: ¿a dónde ha ido a parar toda esa ropa que no se ha vendido?

«Algunas marcas han encontrado formas creativas de deshacerse del stock sobrante, vendiéndolo con grandes descuentos en sus páginas web o en outlets. Otras han optado por guardarlas en el almacén con la esperanza de poder darles salida en la próxima temporada», aclara la consultora McKinsey en su informe The State of Fashion 2021, que se centra en las complicaciones generadas por la pandemia en el sector textil.

Durante esta crisis sanitaria, decenas de marcas decidieron diluir los cuellos de botella en sus existencias a través de donaciones. Gap, por ejemplo, donó más de 60 millones de euros en ropa. La plataforma online Asos, por su parte, envió miles de prendas de ropa cómoda al Servicio Nacional de Salud británico (NHS). Mientras, la marca española El Ganso se unió a la iniciativa Soles4Souls, que distribuyó donaciones de ropa y calzado a países en vías de desarrollo a través de microempresas. También la marca de lujo Guess donó 45.000 prendas de ropa a Italia y España. El grupo Tendam (compuesto por Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro, Women’s Secret y Fifty) desembolsó más de un millón de euros en prendas, además de procesar 50.000 unidades para hospitalizados.

Durante años, muchas marcas de moda han optado por quemar sus excedentes para evitar la devaluación

No obstante, el coronavirus no ha hecho más que subrayar un problema que viene de largo en la industria de la moda. Su modelo productivo está basado en la fast-fashion o moda rápida, una fórmula de consumo acelerado que sale más barata cuanto más se fabrica. Según Euromonitor, el volumen de producción de ropa se ha multiplicado en la última década hasta superar los cien mil millones de prendas, un stock que solo se vende al completo en contadas ocasiones.

Como consecuencia, en el almacén se quedan todos esos excedentes que nadie quiere y que pierden valor a cada minuto que pasa, lo que supone una importante pérdida de beneficio para la compañía. Por eso, durante años, las marcas han llevado a cabo una práctica tan contaminante como poco conocida: quemar las prendas sobrantes. Toneladas de ropa sin estrenar acaban en una incineradora porque nadie las ha adquirido.

La firma británica Burberry protagonizó hace cuatro años uno de los casos más sonados de esta práctica tras quemar ropa, perfumes y accesorios valorados en 32 millones de euros con el objetivo de acabar con el stock sobrante. Priorizando prestigio sobre sostenibilidad, esta compañía de lujo ha llegado a quemar en los últimos cinco años un volumen de prendas valorado en 90 millones de euros, como calcula el Daily Mail. Burberry intentó defenderse por entonces argumentando que la energía generada por la combustión se almacenaba con el objetivo de hacer el proceso más respetuoso con el medio ambiente.

No ha sido la única marca: también Nike, Louis Vuitton, Cartier, Piaget, Urban Outfitters o Michael Kors han destruido cientos de toneladas de ropa nueva en los últimos años. De hecho, en 2017, una investigación periodística de Bloomberg descubrió que una central eléctrica en Vasteras (Suecia) quemaba toneladas de ropa proveniente de H&M para producir electricidad, en lugar de utilizar carbón.

Cuando los excedentes no han podido quemarse, triturados o desechados en vertederos de países en vías de desarrollo, especialmente India. ¿Por qué no se reciclan? Como indica Timo Rissanen, un experto del Tishman Environment and Design Center, el reciclaje puede llevarse a cabo con ropa compuesta por un solo material «pero, cuando empiezas a mezclar fibras, las opciones de reciclado se vuelven muy limitadas». Y añade: «Hay que retirar botones y cremalleras a mano, además de otros complementos que no pueden reciclarse. Esto encarece demasiado el proceso y, por eso, muchas marcas optan por, directamente, destruirlos».

La ropa y el escrutinio de la ley

Ahora que la covid-19 está cambiando las tendencias de consumo y comprometiendo aún más al sector textil, como apunta la consultora McKinsey, las marcas de moda se ven cada vez más acorraladas. Las restricciones han conducido a una mayor crítica hacia las tendencias consumistas que han alimentado el modelo productivo. El consumidor está dirigiendo su visión hacia el ‘menos es más’. En el informe antes mencionado, la consultora indica que «el 65% de los encuestados respondieron que, después de lo vivido en la pandemia, van a priorizar la sostenibilidad frente a la novedad de las tendencias, adquiriendo productos de mayor calidad y más duraderos».

Es imposible saber a dónde ha ido la ropa que no se ha vendido durante la pandemia, pero el escrutinio crece. En Francia, el Gobierno aprobó en febrero de 2020 la primera ley del mundo que prohíbe a las empresas destruir bienes utilizables no vendidos, redirigiéndolas hacia la donación de excedentes a sociedades benéficas. En España, en línea con la Unión Europea, el Consejo de Ministros aprobó en junio del año pasad0 un anteproyecto de ley de residuos que recoge el mismo veto: «Queda prohibida la destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes o aparatos eléctricos, salvo que dichos productos deban destruirse conforme a otra normativa». De no cumplir con la normativa, las sanciones económicas se cifran entre los 1.000 y los 50.000 euros.

No obstante, las organizaciones ecologistas advierten: de nada sirve la legislación si el modelo de producción textil no se redirige hacia la economía circular. Esto es: producir menos, comprar menos, usar menos. Para conseguirlo, ya han surgido asociaciones y empresas que asesoran a terceros a la hora de implementar prácticas circulares. A nivel internacional, la más conocida es la Fundación Ellen McArthur, fundada por la madre de la economía circular, que proporciona a las compañías asesorías para hacer su cadena de producción más sostenible.

En España, iniciativas como Ecodicta, una plataforma que ofrece a 45 firmas un canal de venta alternativo donde dar salida a los excedentes de stock a través del alquiler online de prendas y complementos, pretenden construir una alternativa sostenible y ayudar a las marcas a cambiar su punto de vista. Porque se hace cada vez más necesario enfocar al sector hacia un futuro en el que la salida que se dé a los excedentes no pase por dañar el planeta.