Medio Ambiente

La fiebre del oro verde

Para desayunar, comer o cenar. En batidos, tostadas, ensaladas, repostería. El aguacate se ha convertido en el protagonista indiscutible de la nueva gastronomía saludable y, por supuesto, en el rey de Instagram. Sin embargo, este ‘boom’ esconde nefastas consecuencias medioambientales y sociales.

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08
Feb
2021
aguacate

Pocas recetas o cartas de restaurantes quedan sin haber sido colonizadas por el aguacate. Su consumo ha aumentado exponencialmente en la última década: en EE.UU. –el mayor mercado de este fruto– se consumieron 1.1 millones de toneladas en 2018 y en Europa –el segundo– más de 600.000 toneladas, según datos de la Asociación Mundial de Aguacates (WAO). Desde esa misma organización subrayan que su objetivo es promoverlo como el superalimento del siglo XXI, como ha declarado en más de una ocasión Xavier Equihua, su CEO. De su lado cuentan con la textura versátil y el buen sabor que lo caracterizan y que, sumado a sus múltiples beneficios, hacen que cada día tenga más adeptos.

Solo en México, primera potencia en este mercado, la producción superó los 2 millones de toneladas en 2018 y se espera que ascienda hasta los 3.16 millones para 2030, lo que se traduce en unas ganancias de unos 2.500 millones de dólares y más de 4.600 millones, respectivamente, según estimaciones del gobierno mexicano, el equivalente casi al 5% del PIB nacional. Pero resulta que esta moda no solo proyecta luces, sino también largas y oscuras sombras: detrás de esta fiebre aguacatera se esconden nefastas consecuencias sociales y medioambientales.

Los cárteles mexicanos han metido cabeza y se han hecho con el control de un negocio que es ya igual de lucrativo que el tráfico de cocaína, heroína o marihuana. Es el nuevo oro verde. Tanto, que los expertos hablan de un conflict commodity. «El hecho de que existan granjas ilegales de aguacates con mano de obra forzada es un paso más en una cadena de criminalidad y conflicto», explica Christian Wagner, analista de Perspectivas de Riesgo para las Américas de Verisk Maplecroft, una organización internacional que analiza riesgos medioambientales, políticos, sociales y económicos de distintas actividades. «El consumo de este bien es la razón de ser de este vicio, que lo convierte en un conflict commodity», explica, mientras los compara con los diamantes de sangre, compara. Y añade: «El producto en sí mismo no es ilegal –como la cocaína, las armas o el marfil–, pero su proceso tiene fallas legales, regulatorias y de Derechos Humanos que llevan a ensuciarlo, por así decirlo».

El gran ‘boom’

El auge en su consumo se remonta a la década de los 90, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), en 1994, entre México, EE.UU. y Canadá. Estados Unidos ya producía aguacates en California pero, cuando el tratado abrió las puertas a la importación desde México, se disparó la demanda, especialmente del tipo Haas, el más comercializado, entre otras cosas, porque su cáscara más dura hace que se conserve mejor al exportarse.

«Con esto empiezan a entrar dólares en el país de una manera que nunca antes se había producido con un producto agrícola», apunta Wagner. El estado mexicano de Michoacán es el principal productor de aguacates. Con una producción estimada del 85% del total nacional, genera cerca de 1,5 millones de toneladas y deja unas ganancias de 35.000 millones de pesos –unos 1.789 millones de dólares–, convirtiéndolo en líder no solo del país, sino del mundo. Algo que los tentáculos del narcotráfico no iban a dejar escapar: los grupos criminales, que ya tenían una fuerte presencia en Michoacán por ser una ruta de droga, «empiezan a ver que los campesinos están haciendo dinero con el aguacate y deciden que también quieren una parte del negocio», añade. Hoy, Michoacán es uno de los estados más violentos del país.

Los cárteles mexicanos se han hecho con el control de un negocio que es ya igual de lucrativo que la cocaína, heroína o marihuana

En las últimas décadas, especialmente desde que empezó la llamada guerra contra las drogas a finales de 2006 –con Felipe Calderón–, el crimen organizado en México ha cambiado. «Solía tratarse de drogas y del control del territorio para garantizar su producción y distribución, pero el nuevo enfoque es que controlar un territorio permite explotar cualquier recurso local disponible, sobre todo a través de la extorsión», explica Falko Ernst, analista de la ONG International Crisis Group en Méjico. «Como organizaciones criminales, buscan obtener el máximo beneficio económico de cualquier actividad que sea rentable y así, los aguacates han aparecido en su menú», apunta.

«En el negocio de los aguacates, el crimen organizado como tal no dirige la industria, sino que la alimenta. La continua demanda de EE.UU. y Europa hace que el sector siga siendo una fuente de ingresos lucrativa para los grupos armados en México que, además, sigue funcionando como un vehículo de corrupción política y, por ende, de conflicto letal», subraya Ernst. Esta corrupción es un punto clave, porque, en su opinión, «sin una colisión del Estado uno no sobrevive en ese mundo. Al final, los costes son el debilitamiento de la democracia y del estado de derecho». Es más, precisamente la ausencia de un estado de derecho ayuda a los narcos a hacerse con la producción de aguacates.

Paisajes monocultivos

De la misma manera que Michoacán representa los problemas sociales del aguacate, Petorca (Chile) simboliza las devastadoras consecuencias medioambientales de una demanda desmesurada. Esta fruta tropical necesita lugares cálidos y no muy húmedos, temperaturas medias, mucha luz y suelos ligeros y bien drenados. Pero, sobre todo, necesita buenas cantidades de agua, alrededor de 238 litros para producir 1 kilo. La región de Petorca, en la provincia de Valparaíso, siempre ha sido una región seca que el estado declara zona de emergencia hídrica en verano. En zonas así, la cantidad de agua necesaria para producir 1 kilo de aguacates puede superar los 1.200 litros. Si a esto añadimos que desde hace años los cultivos de palta –como llaman aquí al aguacate– han arrasado con los de maíz, frijoles o patatas, la situación se vuelve preocupante. «Nosotros no estamos en contra del consumo de palta, sino de la producción insostenible en Petorca, que se hace a expensas del uso intensivo y racional de bienes naturales y finitos (suelo y agua)», explica Rodrigo Mundaca, ingeniero agrónomo y fundador de la ONG Movimiento Nacional por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima). «El agua que se usa para la pata es el que le falta a las comunidades locales para su supervivencia», afirma contundente. Un problema medioambiental que está generando trabas sociales irreversibles, porque está provocando una migración ambiental forzada.

Los problemas que sufre Petorca no son nuevos, sino producto «de la ausencia de políticas de desarrollo agrícola que sean viables económica y competitivamente, socialmente justas y ecológicamente sanas», apunta Mundaca. Pero, según señala, no solo no son eficientes, sino que el uso del territorio y el agua no es democrático. Según la Constitución de 1980 –herencia de la dictadura de Pinochet–, el agua es un bien de propiedad privada. «En Chile se encuentra constitucionalmente consagrado el modelo privado de agua que hace que sea el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes y su gestión, dejando a las poblaciones más vulnerables sin acceso a este bien básico», explica este ingeniero. En octubre de 2020 hubo un plebiscito para reformar la Constitución y unas de las principales demandas que se enarbolaron fueron acabar con la privatización y mercantilización de las fuentes de agua y recuperar la gestión.

También Michoacán sufre las consecuencias medioambientales de la producción masiva de aguacates. Desde los años 60, el número de hectáreas de huertas aguacateras subió de 3.000 a 180.000 en el 2018, provocando una deforestación implacable de los pinos autóctonos y generando un devastador impacto en los acuíferos subterráneos: una hectárea con 150 árboles de aguacate consume 37.080 litros de agua al día, mientras que una con 240 pinos que necesita 14.208 litros. «La tendencia que hemos podido apreciar es una alteración del ciclo hidrológico, del balance hídrico y del microclima debido al cambio de uso de suelo. Eso plantea posibles conflictos futuros por el agua y por la tenencia de la tierra», señala Carlos Francisco Ortiz-Paniagua, profesor de Economía del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo (Michoacán).

Además de veranos más largos y calurosos, la contaminación del agua por los pesticidas y agroquímicos ha tenido impactos en la salud de comunidades, apunta este profesor que añade que, a nivel social, «la desigualdad no disminuye y la inseguridad tampoco, por lo que algunas comunidades han preferido no atraer conflictos, dejando de lado el cultivo del aguacate, incluso prohibiéndolo en sus comunidades». Pero una innovación adecuada ayudaría a revertir la situación. «Si el consumo de aguacate aumenta y la tecnificación ayudase a incrementar el rendimiento por hectárea con bajo impacto, se favorecería la economía y no impactaría tanto en aspectos ecológicos».

El aguacate en España

En esa situación se encuentran, por ejemplo, los aguacates de Málaga. «El agua de regadío está controlada en su reparto por la administración andaluza y los regantes utilizan la concesión que se les proporciona en función de la disponibilidad. No es a demanda, sino limitada en su volumen y fechas de aplicación», explica Iñaki Hormaza, responsable del departamento de Fruticultura Subtropical del IHSM la Mayora, un instituto mixto de investigación entre el CSIC y la Universidad de Málaga. En la comarca malagueña de Axarquía se cultivan la mayoría de los aguacates de España, seguido de Granada y Gran Canarias, aunque debido a su creciente demanda, también se están cultivando en Huelva, Cádiz, Almería, Murcia, Valencia y Alicante, en detrimento de otros ahora menos rentables, como los cítricos. Uno de los problemas principales, apunta este experto, es que el aguacate «se ha convertido en una commodity y las informaciones no distinguen las distintas zonas productoras, cada una con su propia idiosincrasia». ¿El motivo? Los comercializadores han apostado por una única variedad en el mercado (Hass) que venden 12 meses al año, cada uno con un origen y una marca corporativa diferentes. «Una auténtica pena, porque con una combinación de 4 o 5 variedades ya disponibles es posible producir aguacate español todo el año, con el beneficio ambiental del consumo de proximidad y la reducción de la huella de carbono por transporte», lamenta.

En España se produjeron más de 94.000 toneladas de aguacate solo en 2019

España se ha convertido en uno de los principales productores de aguacate de Europa –sin ir más lejos, en 2019 produjo 94.000 toneladas– y en el segundo exportador, por detrás de los Países Bajos, principal nicho comercial europeo. El futuro de su producción a medio plazo va a depender de la optimización de los costes energéticos y ambientales asociados a la desalinización del agua. «Una desalinización acoplada a energías renovables y una gestión adecuada de la salmuera pueden reducir la dependencia de agua dulce continental. El proceso de cultivo se ha optimizado mucho debido al uso del agua mediante modelos de goteos de nueva generación», opina Hormaza.

Teniendo en cuenta que nada apunta a un descenso en la demanda de este fruto, se necesitan medidas que fomenten producciones locales, así como otras que hagan que los cárteles de droga pierdan fuerza en este negocio. «Una manera sería mejorar los procesos de monitoreo en las cadenas de suministros, de compliance, de intermediarios e importadores finales, los cuales podrían ser más exigentes con el origen», propone Wagner. Y zanja: «Igual que hay certificaciones de productos orgánicos o de diamantes libres de conflicto, podrían existir de aguacate».

Una idea en línea con la opinión de Ernst. «Las cosas serían distintas si el sector privado, los inversores empezasen a decir algo, porque hablar puede ayudar a plantear soluciones». A más visibilidad, más concienciación y más probable un cambio donde los ciudadanos desempeñasen un rol determinante. «Los consumidores podrían, y deberían, alzar la voz y señalar a las compañías que compran estos productos y miran hacia otro lado cuando se producen violaciones de Derechos Humanos en lugares como Michoacán», concluye.

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